Otilia Lux de Cotí

De etnia maya, Otilia nació en el municipio de Santa Cruz de Quiché, en Guatemala. Desde 2007, es diputada con notable actuación en el Congreso de la República de Guatemala.

Entre los años de 2000 y 2003, Otilia fue ministra de Cultura y Deportes y ocupó el cargo de Comisaria para la Investigación Histórica sobre la Violación de los Derechos Humanos y Actos de Violencia en Guatemala. Hace seis años, actuó en el Consejo Ejecutivo de la UNESCO.

Actualmente, es miembro del Foro Permanente de Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas. En 2005, recibió el Premio Bartolomé de las Casas, que condecora personalidades e instituciones que actúan en la protección de los derechos y respeto a los valores de los pueblos indígenas de América. La premiación fue un reconocimiento a su liderazgo y compromiso en la defensa de los derechos humanos y de los pueblos indígenas y por su activa participación en el movimiento por la dignidad de las mujeres.

En esta entrevista, Otilia de Cotí nos cuenta algo sobre las prioridades de su mandato Parlamentar, tales como la lucha contra el tráfico de personas y el feminicidio. Se refiere también al desafío de introducir la perspectiva de género en la planificación del presupuesto público del Estado y su actuación en el gobierno guatemalteco para la elaboración de políticas públicas más inclusivas a las mujeres negras e indígenas guatemaltecas.

¿De qué manera su mandato está trabajando para incentivar la inclusión de la perspectiva de género en las políticas públicas?

Lo que estoy haciendo ahora es impulsar la creación de leyes a favor de los derechos de las mujeres contra el feminicidio, contra el tráfico y la explotación de niños y adolescentes. Ya hemos aprobado cuatro leyes, pero tenemos otras importantes como la que prevé la inclusión de un artículo en la Ley de Presupuestos Generales de Ingresos y Egresos del Estado Guatemalteco que se refiere al Presupuesto sensible al género. Para eso, se monitorea los programas realizados por el Ejecutivo durante este año. Identificamos que de 50 millones de Quetzales invertidos, apenas 3.5% van para las mujeres. Es muy poco, pero estamos empezando. Para el próximo año queremos un incremento en el presupuesto destinado a los programas orientados a las mujeres.

¿De qué forma usted está trabajando en pro de los derechos de las mujeres negras e indígenas?

En mi país hay pobreza porque las mujeres indígenas y afrodescendientes son excluidas. Los pueblos indígenas están excluidos de los grandes programas. No existen programas sociales efectivos que puedan dar respuestas para el bienestar de los pueblos indígenas. Siento que necesito luchar por los principios de equidad y de cambio. Mi tarea ha sido incidir en políticas públicas para todas las mujeres de Guatemala y principalmente para mujeres indígenas y afrodescendientes, considerando que somos las más excluidas.

¿Cuál es su trabajo para el empoderamiento de las mujeres?

Mi trabajo consiste en incidir en las declaraciones para que los Estados también sean conscientes de que deben ser más equitativos en el presupuesto nacional y en las políticas, en los programas, garantizando más participación de mujeres indígenas, afrodescendientes y jóvenes también. Tenemos que pensar en la juventud, en quien se transfiere la sabiduría. De esta manera, estos son los puntos que trabajo en Guatemala y también en las oportunidades de participar en eventos y incidir en favor de los derechos de las mujeres.

¿Cuáles son sus expectativas para con la ONU Mujeres?

Creo que ONU Mujeres debe integrar a las mujeres indígenas y afrodescendientes en su equipo técnico. Debemos participar en las estrategias, porque hay cuestiones específicas sobre mujeres indígenas y afrodescendientes que se deben incorporar al diseño de las políticas de acción. De esta manera es necesario que la entidad este compuesta por un equipo técnico multiétnico y diverso. Todas las mujeres se encuentran en situación de exclusión, sobre todo las indígenas y las afrodescendientes. En este sentido es muy importante tener este punto de vista por ser la entidad que se va a encargar de que los Estados, gobiernos, instituciones financieras y cooperantes apoyen más a las mujeres excluidas.