La Otra Voz Digital Directora Marta César
Los organismos de derechos humanos abajo firmantes expresamos el total repudio al Decreto N°91/23 del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que en vez de dar respuesta a las graves violaciones de derechos humanos –sobre todo en el siempre postergado Norte de la provincia- busca ceñir y por tanto cercenar uno de los derechos más esenciales en la vida democrática, cual es la libertad de expresión, traducido en el de peticionar a la autoridades mediante la libre asociación de los y las ciudadanas en la vía pública.
Expresamos que el Decreto N° 91 y su “Protocolo” estigmatiza a las legítimas manifestaciones públicas y desconoce que ellas son consecuencia de la violación de derechos humanos y que quienes la realizan buscan la respuesta de las autoridades responsables de garantizar derechos.
Desde los organismos de derechos humanos sabemos que el poder hacer públicas las demandas de la violación de derechos a través de la protesta social es el primer derecho que vulnera un gobierno autoritario; ya que en democracia el dialogo político y ciudadano se expresa también en estos espacios públicos, únicos espacios para miles de compatriotas que no tienen otro modo de hacer escuchar sus demandas. Único modo de que se vuelvan visibles las graves –e invisibles- vulneraciones de derechos. Entonces, la respuesta nunca podrá ser reducir y encorsetar la libre expresión y el derecho de peticionar sino garantizarlos y protegerlos.
Este decreto lejos de dar vías de garantía, busca anular la protesta y por tanto agravar las situaciones de vulneración de derechos que ella manifiesta. Parte de la idea de que la libre circulación es “superior” a la libre expresión y a todos los derechos vulnerados previamente a la protesta (por dar algunos ejemplos, los últimos cortes de ruta expresaban demandas vinculadas a las muertes de niñxs wichi, falta de agua, de luz, etc.). Por otro lado esta norma –inconstitucional- se plantea para toda manifestación pública, toda movilización; toda expresión pública será cercenada por el decreto 91/23.
El Estado lejos de tolerar o peor aún cercenar la protesta, debe proteger a quienes se manifiestan y garantizar el pleno ejercicio de los derechos, brindando respuestas prontas y oportunas a las peticiones.
Este decreto 91/23 es regresivo en la regulación que hace del derecho a la libre expresión y asociación, establecido en el artículo 14 de la Constitución Nacional, por tanto viola el principio pro homine, lo que lo vuelve una norma inconstitucional.
Existe una concepción falsa en términos jurídicos y violatoria del derecho internacional de los derechos humanos que tiene rango constitucional en nuestro país, y es la que supone que el derecho a la libre circulación (derivado del derecho a la libertad) como derecho civil y político es superior a los derechos que se expresan vulnerados al realizarse el reclamo, la mayoría de ellos derechos económicos sociales y culturales (DESC). En tanto los derechos son interdependientes, indivisibles e interrelacionados, ninguno prevalece sobre el otro, de allí que es errado jurídica y políticamente el Decreto N° 91/23.
Desde una perspectiva de derechos humanos, el decreto parte de dicha falacia. La libertad, la igualdad y la dignidad son derechos esenciales del ser humano y el Estado debe respetar a todos por igual. De allí que la norma viola el principio de razonabilidad y no regresión al fundamentar medidas sobre la base de robustecer el derecho a la libre circulación sobre los derechos que se expresan vulnerados a través de un corte (que a su vez es el ejercicio el derecho a la libre expresión, libre asociación, reunión, huelga y de peticionar).
Una política de seguridad dirigida a gestionar de manera democrática el desarrollo de una protesta social requiere, en primer lugar, que la autoridad no asuma una mirada restrictiva o prohibicionista sino una perspectiva que se oriente a la protección del derecho a la protesta. Luego, el gobierno político de la intervención de las fuerzas de seguridad requiere lineamientos para un desempeño democrático y que prevenga la violencia. Esto implica, entre otros aspectos, trabajar sobre la formación conceptual y la capacitación operativa de los agentes; establecer un marco normativo específico que guíe la actuación policial en las manifestaciones públicas; ejercer el control sobre el desempeño en materia de derechos humanos a lo largo de la carrera policial e instrumentar los mecanismos de control necesarios para prevenir, detectar y sancionar acciones arbitrarias o violentas.[1]
A su vez, el Decreto es un atropello a la libre expresión y el libre ejercicio profesional de los y las periodistas, favoreciendo la censura previa en manos de las fuerzas policiales. Hecho gravísimo en la vida democrática de un país.
Denunciamos que este Decreto además es DISCRIMINATORIO, ya que estigmatiza a quienes realizan las protestas colocándolos como autores de la violación de derechos de otros, al expresar que se afectan “derechos constitucionales de ciudadanos, menoscabando su calidad de vida y poniendo en riesgo su salud y bienestar general de la población”.
Este trato desigual deja al descubierto que nada le importa al gobernador la vida, salud y bienestar general de quienes se manifiestan en los cortes y protestas, que lejos de estar en una situación de goce y garantía de sus derechos, deben llegar a la vía pública a reclamar soluciones postergadas y olvidadas.
Los cortes de ruta en el norte de nuestra provincia, comenzaron a mediados de los 90, como una forma innovadora de protesta por la desocupación y pauperización que originaron las políticas neoliberales implementadas en el país por el gobierno de Menem. Desde entonces y hasta la actualidad, los sectores populares siguen sufriendo los mismos problemas. Falta de trabajo, de alimentos, de salud y educación, viviendas, agravados día a día por los desmontes, el extractivismo y la contaminación ambiental.
El gobierno actual de Gustavo Sáenz, los reconoce y declara emergencias: alimentaria, hídrica, de salud, de viviendas. Pero no adopta medidas para solucionarlos. Muy por el contrario, quiere imponer las políticas de ajuste con la represión.
Esta historia de luchas está guardada en nuestra memoria. No olvidamos a los piqueteros muertos en Mosconi y tampoco los olvida el pueblo, las madres que llevan sus fotos a las movilizaciones y las cruces que jalonan la ruta. Sus familiares, sus compañeros y los organismos de DD HH, seguimos reclamando justicia y decimos NUNCA MÁS la represión de los que luchan y protestan por las medidas antipopulares implementadas por los gobiernos. Además de los muertos por la represión, hubo heridos, dirigentes a los que se les armó causas y se los encarceló en medio de campañas mediáticas que los calificaban como violentos y en algunos casos como sediciosos.
Hemos luchado sin tregua ni descanso por Memoria Verdad y Justicia para las víctimas del Terrorismo de Estado y lo seguimos haciendo. Incorporamos a nuestras banderas históricas la lucha contra la Violencia Institucional que este Decreto expresa. Por eso exigimos su derogación.
Además, no olvidamos el Decreto 255, que pretendió darle facultades a la policía, y que terminó con una cantidad de casos y de denuncias por apriete, gatillo fácil, amenaza, etc.
Por último, decimos, que jamos dejaremos las calles, que nuestra memoria y nuestro futuro, están en las calles y en las rutas, y estaremos allí donde se vulneren los derechos más elementales de nuestro pueblo.
MESA DE DERECHOS HUMANOS SALTA, integrada por: “Comisión de Familiares de detenidos desaparecidos por razones políticas y gremiales”, “Asociación Lucrecia Barquet”, “Asociación de DDHH Coca Gallardo”, “HIJOS Salta”.
