La Otra Voz Digital Directora Marta César
Fiscales y jueces produjeron hechos llamativos en causas sensibles como el plan Qunita, Panamás Papers, JP Morgan y las declaraciones juradas de Macri.
Uno de los empresarios que declararon esta semana ante el fiscal Federico Delgado por la corrupción en la obra pública tras el escándalo de las valijas del ex funcionario del área José López salió insultando. Vociferando. Quejándose. “Acá caen todos menos estos”, le dijo a uno de sus laderos. Esos “estos” era un tiro directo al funcionamiento selectivo que ha tenido la Justicia. Una marcha histórica al ritmo de los cambios de signo político en el Gobierno, que hoy quedó más expuesta por la presión social que se generó en torno a los hechos de delitos económicos que acechan a funcionarios del kirchnerismo y el macrismo. En los últimos días hubo hechos llamativos que son una pintura de los manejos de los sectores que imparten ley.
Sobre uno de estos acontecimientos se quejaron fuerte en el peronismo y en la vertiente Frente para la Victoria residual. El curioso sobreseimiento del ex ministro de Salud y actual gobernador de Tucumán, Juan Manzur, en la causa en que se lo investigaba por supuesta defraudación en la administración pública del plan Qunita. La decisión la tomó el juez Claudio Bonadío, uno de los arietes de Cambiemos para ir a fondo con las pesquisas sobre el kirchnerismo. El mismo magistrado que alguna vez fue aliado de las huestes de los Kirchner. El vuelco en la causa llegó horas después de que el propio Manzur decretara públicamente el fin del kirchnerismo, etapa que habría decantado a una nueva era del peronismo más convencional.
El segundo hito de la semana fue la blanqueada invitación de una ONG -vinculada a la Embajada de los Estados Unidos- a un grupo de funcionarios judiciales para ver la final de la Copa América del Centenario. Compartieron platea preferencial el fiscal Guillermo Marijuan, algunos legisladores del massismo y el juez federal Luis Rodríguez.
Marijuan y Rodríguez -encargados hoy en parte de la investigación del caso de supuesto enriquecimiento del empresario patagónico Lázaro Báez y de los allanamientos al ex ministro de Planificación, Julio De Vido– tienen varias historias comunes. Una muy reciente: los avatares de la extradición del ex banquero del JP Morgan Hernán Arbizu. Marijuan es el fiscal de las dos causas que llevaban en Argentina los jueces Sergio Torres y Sebastián Casanello. Ambas caídas por voluntad de la fiscalía, que no hizo citaciones para ninguno de los apuntados. Ni para el propio Arbizu. Rodríguez, por su parte, tiene una historia dilatada en la Justicia. Se lo vincula a los servicios de inteligencia y a ex agentes de la SIDE, como el caso de Antonio Stiusso. De hecho, “Stiles” es padrino de uno de sus hijos. Y hasta tuvo en sus manos, en 2015, las escuchas de la causa Dark Star, en la que se investigaba el uso de esa empresa para espiar masivamente a beneficio del propio Stiusso.
También cercano a la jueza Sandra Arroyo Salgado, Rodríguez se movió rápido en los últimos dos meses. Fue quien cursó notas a los juzgados de Casanello y Torres para ver si los magistrados estaban interesados en presentar pedidos para que Arbizu no se fuera extraditado. Lo hizo sin éxito. Pero de pura fortuna: en Estados Unidos empezaron a preguntarse por qué Argentina demoraba la extradición, siendo que el 1 de abril se había presentado ante el juzgado de Sebastián Ramosla notificación del propio Arbizu pidiendo irse. Papeles que llevaron la firma de los funcionarios judiciales estadounidenses. La salida del ex banquero se precipitósólo cuando desde el entorno de la canciller Susana Malcorra se enteraron de la intención de demorarlo. Relaciones Exteriores no podía combatir este frente, menos ante la intención de Malcorra de emigrar a la silla principal de Naciones Unidas. Sin embargo, no es parejo el accionar de la cartera en materia de causas en las que interviene. La muestra más reciente: la confusa explicación de supuestos vicios en el proceso que demoran el pedido de exhortos internacionales por el caso Panamá Papers. Consideraron que “no hay claridad en la descripción de los hechos imputados” al actual presidente de la Nación, Mauricio Macri. Esto, en la práctica, al menos pospone el requerimiento de información pendiente a Panamá y Uruguay.
La causa también tiene como juez a Casanello, que no sólo parece haberse sacudido la modorra en el caso Báez, sino en las pesquisas sobre Macri. Ordenó comparar las dos declaraciones juradas del funcionario (las de los años 2013 y 2015), un pedido del fiscal Federico Delgado. La tarea está a cargo de la Oficina Anticorrupción, pero las inconsistencias que se buscan en esos documentos ya fueron planteadas públicamente hace algunas semanas por la ex diputada porteñaGabriela Cerruti. Y también consta en algunos documentos que siguió de cerca la Procuradoría Anti Lavado (Procelac). Además, Delgado había requerido que fuese la Universidad de Buenos Aires (UBA) la que analizara los papeles, pero el magistrado se decidió por el organismo que hoy conduce Laura Alonso, de fuerte identificación con el Gobierno de Cambiemos.
El último caso de estudio de la selectividad judicial que se dio esta semana es el de la imputación del Intendente de Lanús y ex ministro de Hacienda de Macri en la Ciudad, Néstor Grindetti. La decisión de apuntarlo por presunto enriquecimiento ilícito partió de la pluma del fiscal Patricio Evers. También a él lo invadió el cambio de ciclo y la mirada de la opinión pública sobre la Justicia. En el año 2013, tuvo en sus manos una de las causas más calientes en la historia argentina. La que vinculaba al líder camionero Hugo Moyano con un crecimiento injustificado de su patrimonio. Una denuncia que impulsó Graciela Ocaña. En septiembre de ese año, la Procelac le hizo llegar a Evers una investigación preliminar con Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) que mostraban la ingeniería de las operaciones de los Moyano y vinculaba a la obra social del sindicato. Evers la movió, sin observarla ni hacerle apuntes, directamente al juez de la causa, Claudio Bonadío. Desde entonces a hoy, el expediente sigue cajoneado.
Imagen : Letra P
