La Otra Voz Digital Directora Marta César
Asociaciones civiles porteñas cuestionaron al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por no cumplir la normativa que prohibe realizar actividades comerciales en el complejo Costa Salguero, como la fiesta electrónica Time Warp, donde el sábado pasado fallecieron cinco personas y otras cinco continúan internadas por el consumo de drogas sintéticas.
«La concesionaria de Costa Salguero paga de canon, por lo menos, 100 veces menos de acuerdo a lo que el mercado establece», aseguraron las entidades.
«El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires durante años ha violado la normativa de la Ciudad que prohíbe que se puedan realizar este tipo de actividades comerciales en el Complejo Costa Salguero», afirmaron la Asociación por la Justicia Ambiental (AJAM) y el Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC) en un comunicado.
«Telemetrix S.A. paga $ 263.576 como canon por todo el predio Costa Salguero por mes. Son aproximadamente diecisiete (17) hectáreas (170.000 m2) donde existen 23 sub-concesionarios que explotan distintos emprendimientos, es decir que el GCBA está cobrando $ 1,5 por m2 por mes», detallaron ambas asociaciones en el texto.
Y añadieron que se trata de un «canon en extremo irrisorio» si se compara lo que se paga en zonas cercanas donde el alquiler del metro cuadrado «va de 160 a 250 pesos».
Por otra parte, resaltaron que la resolución de la Autoridad General de Puertos (S.E. N° 025/92) concesionó los predios a la empresa Telemetrix S.A. por un plazo de 30 años y que «las actividades que se desarrollan en los establecimientos exceden ampliamente el objetivo inicial».
«En la primera cláusula del contrato se dispone que el predio iba a ser destinado para la ejecución de obras civiles e instalaciones para la habilitación de un Complejo Polideportivo y actividades comerciales complementarias relacionadas con el conjunto a desarrollar en el predio», detallaron.
En este línea, el legislador por el Partido Socialista Auténtico Adrián Camps destacó que el lugar «no estaba habilitado para que se realice una fiesta porque es una urbanización parque prevista para actividades deportivas».
«Sabemos que en estas fiestas se consumen drogas sintéticas; se debieron tomar prevenciones que no se tomaron, había un servicio de ambulancias desbordado, temperaturas sofocantes, dificultades para acceder al agua y falta de puestos sanitarios», indicó Camps en declaraciones a AM 950 Belgrano.
Sin embargo, Diego Santilli, vicejefe de la Ciudad de Buenos Aires desligó de responsabilidades al ejecutivo porteño al advertir que la habilitación que le compete «es de la puerta hacia afuera».
“El gobierno exige controles exhaustivos y exige para la habilitación normativa dura. Luego, cuando un organizador pide una habilitación, de la seguridad hacia adentro su responsabilidad y la nuestra es que se cumpla con lo que el permiso dice que tiene que tener», indicó Santilli en Radio Continental.
Y agregó que si bien «a las tres de la mañana un inspector entró a la fiesta e hizo un acta de constatación de que se estaban cumpliendo las habilitaciones pertinentes, ellos no pueden controlar el consumo de droga».
«El debate que debemos dar -continuó- es si la Policía puede entrar a la fiesta para controlar estas cosas, y si bien el Estado tiene que replantearse este tema la realidad es que los Estados van más lento que la evolución de las drogas sintéticas».
Por su parte, los organizadores del evento de la fiesta se defendieron a través de un comunicado en el que destacaron que «los requisitos exigidos, previamente cumplimentados y verificados durante el evento por el gobierno porteño para permitir el desarrollo de un show como este, fueron ampliados y reforzados por la empresa».
«A los fines de evitar cualquier contingencia», el evento en el que fallecieron cinco personas por consumo de drogas de diseño y otras cinco permanecen internadas, contaba con tres ambulancias de alta complejidad, seis médicos, 25 socorristas con equipamiento y uniforme, un puesto sanitario, personal de Prefectura -incluido personal especializado en la lucha contra el narcotráfico- y 70 encargados de seguridad privada, detallaron.
Imagen :Infobae
