La niña uruguaya de 11 años que quedó embarazada tras ser víctima de una violación por parte de un hombre de 41 años será trasladada a un hogar del Instituto del Niño y Adolescente de Uruguay (INAU) y que aborte o no dependerá de una resolución médica que contará con la opinión de la menor y su madre.
El caso de esta niña, que tiene una patología psiquiátrica y está embarazada de 14 semanas, generó hoy polémica en el país sobre quién ha de decidir el futuro del nonato, si la menor, que desea tenerlo, o la madre, que según la prensa local manifestó que no estaba en condiciones de hacerse cargo del niño y solicitó realizar un aborto.
«Los niños (…) tienen derecho a ser considerados sujetos de derecho y tienen voz para aportar a la toma de decisiones, pero son los adultos los responsables de la toma de decisiones», explicó hoy a la prensa la presidenta del INAU, Marisa Lindner.
Al respecto, la jerarca aseguró que «por supuesto» la niña ha sido consultada, aunque insistió en no desvelar cuestiones de la intimidad de ella y la familia que prefirió «preservar».
La situación de la menor, perteneciente a una familia «en situación de alta vulnerabilidad» que llevaba tiempo siendo atendida por distintos programas sociales, fue advertida por el INAU después de que se registrara la denuncia de que la niña había sido violada por un adulto.
Será pues el INAU, encargado de las políticas estatales destinadas a promover, proteger o restituir los derechos de niños, niñas y adolescentes, el que se haga cargo desde ahora de la menor y del bebé, en el caso de que prospere el embarazo.
Esto dependerá de que los médicos adopten una resolución en consulta con la niña y con la madre, según indicó una decisión judicial adoptada hoy, explicó Lindner.
«Es una problemática muy compleja (…) porque estamos ante una situación de capacidad limitada de quién decide (por ser menor de edad)», declaró por su parte a los medios de comunicación el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, Jorge Chediak.
Chediak explicó también que la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Uruguay plantea que para abortar las mujeres mayores de edad deben tener máximo 12 semanas de gestación y que «el problema en este caso es que no existe capacidad ni para consentir una relación sexual ni para terminar con el embarazo por falta de edad».
En este sentido, la presidenta del INAU afirmó que este organismo tiene la responsabilidad de dar cumplimiento a la resolución que determina que los equipos médicos de atención a la niña en consulta con la madre y la menor sean quienes adopten «las resoluciones pertinentes».
La joven ha permanecido varias semanas internada en un hospital infantil de Montevideo, donde ha sido examinada por su situación.
«La niña empezará a vivir en un hogar del INAU y será atendida por equipos técnicos en los cuales los psiquiatras son un actor pero no únicamente, porque lógicamente en estas problemáticas se da pauta a la intervención de los médicos y junto a ellos intervenciones mucho mas amplias de otros profesionales», añadió Lindner.
Un reciente auto judicial resolvió el procesamiento con prisión del mismo «como autor de un delito continuado de violación» e indicó que se realizaría una prueba de ADN sobre la menor para establecer si el hijo que gesta es del encausado.
«Este es un caso muy impactante pero todos los uruguayos y uruguayas sabemos que no es el primer caso que se da en nuestra sociedad. Estos temas son de larguísima data», destacó la responsable del INAU, quien reivindicó la necesidad de revisar las diferentes políticas al respecto.
En su opinión, Uruguay tiene un «altísimo número de niños institucionalizados y lo que se viene trabajando desde hace bastante tiempo es con todas las garantías necesarias los niños puedan tener derecho a vivir en familia».
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