MUJERES CAMPESINAS

En el año 1975 se llevó a cabo la Conferencia Mundial sobre la Mujer en el Desarrollo en México, en la que se planteó por primera vez la importancia del trabajo reproductivo que realizan las mujeres dentro del ámbito privado para reproducir la fuerza de trabajo productiva de las sociedades (históricamente invisibilizado), y la necesidad de que los estados dirijan programas y acciones para integrar a las mujeres en los procesos de producción.

Las mujeres que habitan el campo todos los países de Latinoamérica aportan cotidianamente al trabajo productivo y, por ende, al desarrollo económico y social de sus comunidades.

En Costa Rica, las mujeres rurales están vinculadas a la producción de productos agropecuarios y de otros bienes y servicios vitales para la economía de la familia y del medio rural. Además del trabajo reproductivo dentro de la unidad familiar, trabajan en la finca o la parcela durante todo el año, en todas las fases del ciclo de producción, éstas son la preparación del terreno, la siembra, fertilización y control de malezas y plagas, la cosecha, la comercialización y la transformación de productos para el consumo familiar y la venta. Este trabajo se combina con otras estrategias de sobrevivencia como la cría de animales, elaboración y venta de productos como queso, panes y otros alimentos, lavado y planchado de ropa, etc., para generar ingresos complementarios (Instituto Nacional de las Mujeres, 2009).

El trabajo productivo femenino en el sector rural no implica, sin embargo, igual oportunidad de acceso a las instalaciones y recursos relativos a la producción que el que tienen los hombres por el trabajo que realizan. La mujer rural costarricense comparte con el resto de las campesinas latinoamericanas su condición de pobreza y discriminación. En algunos lugares, incluso, aquéllas no tienen derechos de posesión sobre las tierras que trabajan o acceso a mecanismos de ahorro y créditos para invertir en ello. Además, como pasa con las mujeres de todas las sociedades del mundo, las mujeres campesinas trabajan jornadas dobles, pues siguen siendo las responsables del mantenimiento del hogar y del cuidado de las(os) hijas(os). Esto pone límites a su posibilidad de realizar actividades que generen ingresos para el sostén de sus familias, participar en asuntos de la comunidad y tener acceso a la educación.

Las mujeres del campo son cada vez más pobres, más aún en un contexto de economías globalizadas donde los mercados y la demanda de trabajo son más limitados para ellas. Como dice Alda Facio (2002), en el marco de una discusión acerca del proceso de globalización, el trabajo reproductivo -no remunerado- se ha visto banalizado y sobrevalorado la producción de bienes virtuales, inmateriales e intangibles (dinero, mercado de valores, circulación de capitales). En la actualidad, dice la autora, el sistema de distribución mundial funciona gracias a una política donde la riqueza se acumula en algunas manos en una relación proporcional al aumento de la pobreza de muchos, y las mujeres campesinas en este sentido se ven especialmente afectadas.

La invisibilización del valor que tiene la contribución de las mujeres a la economía agropecuaria y rural se traduce en ausencia de acciones destinadas a las mujeres y su función en relación con la actividad productiva y el crecimiento económico, tanto por parte del Estado como de las organizaciones no gubernamentales que se dedican al desarrollo rural. Raramente se han pensado, teniendo en cuenta a las mujeres, planes de crédito, de asistencia técnica y capacitación técnico-productiva, de generación y transferencia de tecnología, de acceso a la tierra, etc.

Las mujeres han sido omitidas generalmente en las políticas económicas, reservándolas a planes asistenciales de acción social (salud, materno-infantil, nutrición, alimentación, etc.) y los planes de apoyo productivo se han referido siempre a la alimentación, procesamiento, y transformación de alimentos en forma casera, artesanía, etc.

Después de la Cuarta Cumbre de las Mujeres en 1995 en Beijing, los indicadores de género se incluyeron en los Informes de Desarrollo, pero el paradigma de desarrollo que estaba en la base de las intervenciones del Estado tenía como objetivo integrar a las mujeres a una estrategia de desarrollo dada, es decir, poniendo énfasis en el papel productivo de las mujeres pero entendiendo su subordinación sólo por su exclusión en el mercado.

De esta manera, las intervenciones buscaban soluciones parciales a través de intervenciones específicas sobre necesidades de las mujeres consideradas aisladamente, lo que terminaba por reforzar los roles genéricos sin cuestionar la cuestión del poder como una propiedad de las relaciones de género. El enfoque de la mujer en el desarrollo omitía, así, uno de los principales obstáculos para la incorporación plena de la mujer rural al desarrollo: la doble carga laboral productiva y doméstica de la mujer en los hogares pobres del campo.

De acuerdo a Melania Portilla (2009)(2), el trabajo de las mujeres latinoamericanas ha contribuido a la agricultura en múltiples tareas tales como mejoramiento de semillas, diversificación de cultivos, labores de cosecha y cuido del ganado. Sin embargo, la mujer productora de alimentos aún sigue sin ser incluida en los registros de la Población Económicamente Activa (PEA).

Además, Portilla señala que de acuerdo a los datos suministrados por la Organización de las Naciones Unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de los 37 millones de mujeres rurales mayores de 15 años, únicamente 17 millones se encuentran registradas como población económicamente activa. De éstas, solo 4 millones y medio son consideradas como productoras de alimentos, y una gran cantidad son mujeres indígenas.

Tanto las transformaciones económicas que ha traído aparejadas la apertura comercial, como los avances más recientes de la economía feminista, exigen un análisis más amplio de la situación da las mujeres campesinas. En la crítica a los tratados comerciales se destaca que el trabajo productivo de las mujeres se ha visto comprometido por el consumo, por la eliminación-privatización de servicios, por el desplazamiento de producción para el autoconsumo; que la producción ha cambiado afectando a pequeñas unidades (donde hay más mujeres) y a las campesinas (León, 2009).

Debido a los cambios a causa de una economía de corte neoliberal, se estima que gran cantidad de las mujeres rurales está migrando desde finales de la década de los 80 hacia actividades no agrícolas, hacia la agricultura industrial de cadenas globalizadas, hacia cultivos no tradicionales para la exportación como frutas, flores, maquilas y hacia actividades no agrícolas en el sector de servicios y comercio. Las mujeres han incursionado también en emprendimientos y negocios rurales, conformando un sector microempresarial en crecimiento, aunque en lento proceso de consolidación (Portilla, 2009).

Este incremento de la participación laboral de las mujeres es a primera vista un fenómeno de gran importancia respecto al avance de la condición de las mujeres y sus derechos, tal como se señaló en la X Conferencia Regional de la Mujer de América Latina y el Caribe realizada en Quito en 2008. Sin embargo, las disparidades en las condiciones de inserción y mantenimiento en el mercado laboral de las mujeres en la región han sido sumamente desiguales. Esto se refleja, por ejemplo, en la falta de infraestructura social para el cuido de hijas(os) o en las diferencias en el ingreso laboral de las mujeres respecto a los hombres.

Esta realidad aplica a las mujeres rurales, quienes además, por su condición rural, sufren tasas de desempleo abierto significativamente más elevadas que los hombres, tanto en actividades agrícolas como no agrícolas.

En este contexto, las mujeres rurales en Costa Rica demandan a las instituciones el apoyo para concretar ideas productivas o proyectos de generación de ingresos que les asegure entradas suficientes y permanentes, ampliar y mejorar los proyectos productivos en marcha para vincularlos con los procesos de reconversión productiva que impulsa el estado costarricense, particularmente acceder al sistema de créditos, a la asistencia técnica, a la innovación tecnológica y a la comercialización de sus productos en mercados más amplios y que ofrezcan mejores precios (Instituto Nacional de las Mujeres, 2009).

Análisis de la política pública

En la Declaración del Mileno de 2000, 189 países de todo el mundo acordaron una postura global respecto a mejorar las condiciones de vida de toda la humanidad. En este consenso se renovó a través de los Objetivos del Milenio los compromisos asumidos por los Estados Miembros de Naciones Unidas en las conferencias y documentos internacionales tales como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), la Cuarta Conferencia sobre la Mujer en Beijing (1995), La Conferencia de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), la Conferencia del Cairo sobre Población y Desarrollo (1994), entre otras, que habían puesto el acento en el papel central que tiene la igualdad de género en la consecución de aquél gran objetivo.

Los Objetivos del Milenio para ser alcanzados requieren la transversalización de la perspectiva de igualdad de género, lo que fue asumido explícitamente en la Plataforma de Acción de Beijing 95 que solicitó a los gobiernos y otros actores promocionar una política activa y visible de transversalidad de género, en todas las políticas y programas (Lombardo, 2003), de manera tal de mejorar la coordinación de los sectores gubernamentales, de las organizaciones para el desarrollo y las organizaciones de la sociedad civil.

La Declaratoria de Política de Género para el sector Agropecuario Costarricense 2002-2010 es un claro ejemplo de la inclusión de la perspectiva de género en la política pública, pues aparentemente tiene la intencionalidad de afectar los mecanismos que generan la desigualdad existente entre hombres y mujeres (Guzmán, 2002) producto de las relaciones de dominación patriarcal que estructuran la sociedad.

La política mencionada tiene como antecedentes el Addendum de los Sectores Agropecuario y del Ambiente al Plan para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres (PIOMH), promulgado en 1997 por INAMU, así como el plan de acción del año 1998-2002 y retoma los retos planteados en esos documentos: el fortalecimiento de las unidades de género en las instituciones que componen el Sector Agropecuario en los ámbitos nacional y regional, la transversalización de la perspectiva de género en las políticas agropecuarias, la formación y capacitación en género al personal de las instituciones y a los grupos organizados de población objetivo y las coordinaciones y cooperación externa para el avance de la igualdad y equidad de género en el Sector Agropecuario.

En la política se entiende por género ?un sistema caracterizado de roles, condición y prestigio social, responsabilidades y oportunidades diferentes que tienen mujeres y hombres al interior de la familia, de la unidad de producción y la sociedad? (SEPSA-INAMU, 2003: 7) y la adopción de la perspectiva de género es considerada un proceso dirigido hacia la ?distribución más equitativa de los beneficios del desarrollo, las capacidades, derechos y deberes entre ambos sexos, y, además, una orientación hacia un desarrollo, solidario y sostenible, donde hombres y mujeres toman decisiones en la ejecución de los beneficios derivados del mismo? (7).

Desde este enfoque, se considera la movilización de recursos para la inversión agrícola como medio para fortalecer la participación ciudadana de las mujeres en la toma de decisiones, lo cual contribuirá a que los servicios que brinda la institucionalidad del sector público agropecuario sean más eficientes, oportunos y de calidad, de manera que respondan a las necesidades reales de los productores y productoras.

La política tiene como propósito promover la igualdad y equidad de condiciones entre hombres y mujeres rurales, a través de la ejecución de acciones estratégicas dentro del Sector Agropecuario que contribuyan en la reducción de brechas económicas y sociales entre los géneros y que fortalezca el desarrollo rural integral. En la política se señala que la institucionalización de la perspectiva de género en el quehacer del Sector Agropecuario surge de la necesidad de facilitar procesos de desarrollo equitativos y sostenibles.

De acuerdo al documento, se incorpora integral y permanentemente el enfoque de equidad de género en las distintas actividades y acciones desarrolladas por el Sector Agropecuario en todos los niveles de la planificación y la programación operativa del quehacer institucional, incorporando las prioridades y necesidades de las mujeres. Además, se señala que el cumplimiento de compromisos se ha efectuado a través de la creación de las Oficinas de la Mujer, cuyo objetivo es velar por el cumplimiento de las políticas gubernamentales en torno a las mujeres en cada institución y en su medio de acción.

Dentro de la política, la estrategia de intervención está dirigida a dar seguimiento a las acciones del Plan Nacional de Desarrollo y a revisar los Planes Anuales Operativos Institucionales del Sector Agropecuario para incorporar las acciones del Plan de Género 2002-2010 con el fin de transversalizar acciones estratégicas con asignación presupuestaria.

Desde una perspectiva feminista, se considera al género como una categoría analítica relacional que pone el acento en las estructuras de poder asimétricas que existen entre mujeres y hombres. Esta concepción trasciende el aspecto descriptivo de la categoría género, es decir, la adquisición de papeles y roles asignados a través de la socialización, para centrarse en las relaciones de poder que implican discriminación y una condición de subordinación social de las mujeres. Por ello, tener perspectiva de género implica, no sólo cuestionar la organización social basada en la desigualdad y la jerarquización política de las personas, sino resignificar la historia, la sociedad, la cultura, la política desde las mujeres y con las mujeres.

En este sentido, la política analizada, si bien está orientada a promover la igualdad y equidad de condiciones entre hombres y mujeres rurales para disminuir brechas económicas y sociales entre los géneros y así fortalecer el desarrollo rural integral, no menciona que sobre la base de estas desigualdades materiales subyace una cuestión ideológica que se refleja en la minusvalía de las mujeres como sujetas activas de los procesos productivos, tanto en las leyes, en los planes y programas institucionales.

Además, omite que las mujeres se encuentran marginadas de las estadísticas oficiales en virtud de no ser remunerado su trabajo y que esta invisibilización se reproduce inclusive sobre las percepciones de las mismas mujeres campesinas que no consideran su trabajo como productivo sino como extensión de sus responsabilidades domésticas (Pérez y Pichardo, 1994).

Por estas razones, las acciones que involucran a las mujeres deben estar dirigidas no sólo a la capacitación en gestión empresarial, administración, fortalecimiento organizacional, competitividad, comercialización, etc., tal como figura en la política analizada, sino además en temas como género, salud, organización, autoestima, identidades y derechos.

El género no puede ser sólo una variable instrumental, debe ser un elemento de análisis que permita detectar la condición de subordinación histórica de las mujeres y sus demandas y necesidades reales.

Las políticas de desarrollo rural que no han considerado los desbalances de poder entre los géneros para su implementación, han buscado sólo hacer más eficiente el sistema de producción al adaptar la oferta tecnológica y crediticia a la demanda actual de dicho sistema, aunque sin proponerse la modificación de aquellas relaciones de poder (IICA, 1992).

Por lo anterior, una política de género no sólo debe estar orientada a favorecer el acceso de las mujeres a los recursos, sino a crear condiciones para el control de los mismos en términos de igualdad de poder con los hombres. Una intervención de desarrollo que se enfoque más que en el acceso hacia el control, entendido como aquél que tienen las mujeres sobre el proceso de toma de decisiones y sobre los factores de producción y la distribución de beneficios, tiene mayores probabilidades de ser exitosa respecto al logro de equidad e igualdad de género (Hlupekile Longwe, en March et. al, 1999).

En el caso de esta política, las estrategias de intervención planteadas se han concentrado en acciones mayoritariamente dirigidas al fortalecimiento de la institucionalidad, sobre todo a través de la capacitación y coordinación, lo cual resulta imprescindible siempre y cuando se consideren dentro de las acciones estratégicas actividades que involucren la participación activa de las mujeres.

Lo anterior se hace visible en los ejes del plan de acción que apuntan al 1. Fortalecimiento de las unidades de género en las instituciones que componen el Sector Agropecuario en el nivel sectorial y regional; 2. Transversalización de la perspectiva de género en las políticas agropecuarias relacionadas con: Desarrollo de la competitividad, Desarrollo de las capacidades humanas, Agricultura en armonía con el medio ambiente, Seguridad alimentaria y Modernización institucional; 3. Formación y capacitación en género al personal de las instituciones y a los grupos organizados de población objetivo; 4. Coordinaciones y cooperación externa para el avance de la igualdad y equidad de género en el Sector Agropecuario.

A nivel programático, la política sí pretende incluir a las mujeres a través de programas y proyectos de seguridad alimentaria y fortalecimiento de sus organizaciones para fomentar el desarrollo de sus capacidades y oportunidades y mejorar sus ingresos, sin que implique un aumento de su jornada de trabajo. Pero a nivel operativo no ofrece reales posibilidades de que las mujeres participen de aquéllos con posiciones de liderazgo y autonomía en la toma de decisiones, por ejemplo en el tema empresariedad.

En todo proyecto de desarrollo rural se deben considerar como indicadores para medir el empoderamiento de las mujeres hacia el logro de la igualdad no solamente la mejora en sus ingresos, por ejemplo, sino la influencia que adquieran en la toma de decisiones, la participación en organizaciones sociales o productivas o grupos informales, la auto percepción de influencia y control sobre las decisiones y la ausencia de violencia.

Dice Núñez (2005) que el proceso de empobrecimiento de las mujeres campesinas se relaciona no sólo con la dificultad para acceder al sistema productivo, sino con la ausencia de realización personal, su carencia de autonomía y la violencia que se ejerce sobre ellas. Por ello, para entender la situación de miseria de la mujer campesina no sólo es necesario medir las categorías económicas sino todas aquellas que nos permitan entender las particularidades de su situación en el contexto de desigualdad que vive en la sociedad.

Las mujeres no pueden integrarse a una estrategia de desarrollo dada, como pretendía el paradigma de mujeres en el desarrollo. El desarrollo debe ir más allá de la creación de oportunidades en función de una vida sostenible, además, implica crear ambientes favorables para el alcance de dichas oportunidades.

Al respecto, uno de los elementos necesarios en la consideración de las políticas es el costo que significa para las mujeres el hecho de que mientras ellas avanzan hacia oportunidades de trabajo frente a las que antes se encontraban relegadas, los hombres no avanzan en la responsabilización de tareas relacionadas a la reproducción y al cuido. Este desigual avance trae como resultado la marginación de las mujeres en el trabajo, es decir, mayor desempleo, puestos de menor categoría y menores salarios, entre otras formas de discriminación y violencia simbólica. Este aspecto es omitido en diagnóstico y las acciones estratégicas de la política analizada.

La política analizada integra diversas instituciones, tales como la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria SEPSA, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU), el Ministerio de Planificación Nacional MIDEPLAN y las instituciones del Sector como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Consejo Nacional de Producción (CNP), el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), el Instituto Costarricense de la Pesca (INCOPESCA), el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento (SENARA), la Oficina Nacional de Semillas (ONS), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Programa Integrado de Mercadeo Agropecuario (PIMA).

A pesar de la inclusión y el trabajo coordinado de todas estas instituciones, lo que a primera vista podría valorarse positivamente, tal como está planeado en la política este trabajo se concentra en la definición conjunta de un marco de políticas públicas que rige las actuaciones en materia de género desde el nivel más alto de toma de decisiones, pasando por las gerencias regionales, hasta la prestación directa de servicios en el nivel local. Esto pone en evidencia la relación vertical que se establece de parte de las instituciones hacia las(os) sujetas(os) ?destinatarias(os)? de la política, ya que en dichas coordinaciones no se incluye a las organizaciones de mujeres en el diseño, planificación, implementación del proyecto.

Sin duda, son las mujeres las que conocen sus propias necesidades, por tanto su participación en la construcción de la política resulta imprescindible. De lo contrario, estamos ante políticas verticales planteadas desde la posición de las(os) ?expertas(os)?, propias de un régimen caracterizado por la implementación de ajustes estructurales y aplicación de acciones unidireccionales, con el resultado de un incremento de las desigualdades.

De este modo, el reconocimiento de las mujeres como sujetas e interlocutoras sociales (Vargas, 2002) se convierte en un elemento importante respecto a la participación de las mujeres en la toma de decisiones de política pública.

La participación de la ciudadanía en las políticas públicas, expresada por González Madrid (2000) como una de las condiciones macro del sentido vinculante de las políticas públicas, es un elemento para la integración social y la construcción de la democracia. Por ello, los logros de la política pública en términos de igualdad de género no dependen exclusivamente del Estado, sino de la participación de las mujeres campesinas, aunque indudablemente debe existir un sistema político y sociocultural que garantice esta proactividad de las mujeres como sujetas de derecho (Guendel González, 2002).

Respecto a los resultados de la implementación de la política analizada, el Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) destaca los avances conseguidos, tales como el nombramiento de seis personas encargadas de las oficinas de género de las instituciones que componen el sector. Pero refiere que aún no se han creado como unidades orgánicas, funcionales y programáticas ubicadas en el organigrama de cada institución y con asignación presupuestaria, vía Plan Anual Operativo (PAO).

Todavía constituye un reto para estas oficinas lograr a corto plazo la incorporación de acciones estratégicas específicas para la igualdad de oportunidades y la equidad de género en los PAO de las seis instituciones. Esto se debe, según el INAMU, al divorcio que aún existe entre la política para el sector y los planes, porque no se logra recoger con la misma amplitud las necesidades de las productoras rurales ni las demandas de transformación institucional para hacer frente a un cambio en la oferta de servicios para las mujeres que demanda una ?nueva ruralidad? (IICA, 2000) marcada, entre otras cosas, por la pérdida de límites entre el sector rural y urbano que implicó una gran demanda de aumento de productividad en el sector rural.

Si bien la política analizada es de creación reciente, e inclusive aún tiene varias acciones pendientes a ser ejecutadas durante el año 2010, de acuerdo a lo señalado por el INAMU, los avances conseguidos hasta el momento representan un limitado impacto respecto a los objetivos y metas planteados.

De las principales acciones llevadas que sintetiza el Informe del Sector Agropecuario 2006-2010(3), aquellas orientadas hacia las mujeres rurales son mínimas. Respecto a los proyectos dirigidos a las mujeres, se indica que se desarrollaron un total de 180, 37 que corresponden al 2007, 141 adicionales en el año 2008 y 2 más en el 2009, otorgando del presupuesto una inversión de 0.6% del total en el Sector Agropecuario (SEPSA, 2010), pero dentro de estos proyectos se incluye también a los jóvenes rurales, por lo que es incierto cuántas mujeres se vieron beneficiadas con los mismos.

Por otra parte, aunque hay participación de las mujeres en los proyectos de reconversión productiva, se manifiesta una abismal diferencia en el caso de las(os) beneficiarias(os) directos ya que, según datos de la Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, la participación fue de 2191 hombres y 207 mujeres durante el periodo de 2006 al 2008, y la participación no se sostiene de manera considerable, puesto que de cuatro proyecto en el 2006 sólo participan 19 mujeres, de once proyectos en el 2007 participan 184 mujeres, y de cinco proyectos en el 2008, únicamente participan 4 mujeres.

Los esfuerzos realizados por el sector agropecuario en articulación con el sector social en la ejecución de proyectos productivos no logran impactar o beneficiar directamente a las mujeres, porque persiste una visión de familismo que diluye las necesidades propias de las mujeres. En el informe claramente se manifiesta que el Instituto Mixto de Ayuda Social giró recursos por un monto de ¢1.409,7 millones para la implementación de proyectos productivos individuales y grupales destinados a apoyar a las organizaciones de productores en beneficio de 1.356 familias en condiciones de vulnerabilidad social, en las diferentes regiones del país. Cabe destacar que generalmente la mayoría de esos productores son hombres.

Además, se agrega que por medio del programa seguridad alimentaria y nutrición se beneficiaron con ayuda económica para la compra de alimentos 26.558 familias en condición de pobreza, con prioridad en las familias jefeadas por mujeres, por un monto de ¢7.853,8 millones.

Lo anterior permite visibilizar que, más allá de una real participación de las mujeres en proyectos productivos que les permitan mayor empoderamiento y autonomía, lo que se lleva a cabo son acciones de asistencialismo que lejos de representar una atención de las necesidades, limitan el empoderamiento y la autonomía de las mujeres en la consolidación de una mejor calidad de vida.

Es imprescindible que la estrategia de los programas y planes de los procesos de desarrollo integren una metodología participativa de modo que a través de la investigación acción participativa y la educación popular se enfoque el objetivo del protagonismo real de las mujeres en el análisis y evaluación de su realidad para la toma de decisiones, acorde a sus necesidades e intereses.

Consideraciones finales

La política de género costarricense analizada visibiliza la presencia de las mujeres en el ámbito rural. Sin embargo, es limitada respecto a estrategias de seguimiento de las acciones previstas. Tampoco existe un documento que sistematice los resultados de la implementación de la política.

Lo anterior refleja una situación que se repite a nivel de políticas públicas en general. Costa Rica es un país con una amplia legislatura pero sin viabilidad política, lo que significa que hay una gran diversidad de leyes y políticas congruentes con los criterios que sostienen los tratados y convenciones de derecho internacional, pero no existe espacio político ni material para su cumplimiento. Más aún cuando de las mujeres se trata, puesto que a pesar de la ratificación de Costa Rica a las convenciones sobre derechos humanos de mujeres, las necesidades de las mujeres particulares no son una prioridad política de los gobiernos.

Si garantizar a las mujeres las mismas condiciones de posibilidad para el acceso a oportunidades y promover el reparto de tareas no remuneradas no son una prioridad política, es poco probable que se produzcan cambios sustanciales. Si estos asuntos no están en agenda política, no hay producción de información y, por lo tanto, no hay sustento para la creación de políticas.

Al respecto, el plan del Gobierno actual en el apartado de las políticas sectoriales, específicamente el sector agrícola y el desarrollo rural, indica que los esfuerzos estarán orientados prioritariamente a incrementar la productividad y la competitividad del sector agropecuario, así como a la creación de empleos de calidad y el desarrollo de nuevas empresas. Plantean como necesidad seguir impulsando las exportaciones agrícolas, facilitar la participación de más productores y productoras en los mercados de exportación y brindar un apoyo prioritario a las zonas rurales con menores índices de desarrollo humano.

Es notorio que la agenda agropecuaria no contempla las cuestiones relativas al desarrollo rural de las mujeres, omitiendo en el diagnóstico la condición desigual de base que tienen las mujeres respecto a los hombres para participar del sector productivo de manera remunerada, competitiva y con sostenibilidad. De esta manera, no existe análisis ni planteamientos estratégicos con perspectiva de género.

De acuerdo con lo anterior, es fundamental que exista una articulación de los diferentes niveles de la gestión pública y las políticas con los presupuestos, ya que en el caso de esta política, a pesar de que aparentemente se concentran esfuerzos en el proceso de institucionalización del enfoque de género, parece que éste no logra incidir sustancialmente en el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.

La relación entre «trabajo productivo» y «trabajo no productivo» es poco clara. Los datos utilizan, por lo general, una definición muy restringida de actividad agrícola, considerando dentro de esta categoría el cultivo de la tierra, el cuidado del ganado, y trabajos de campo asociados a estas actividades. Otras tareas, aquellas en las que las mujeres están frecuentemente involucradas, como la selección de semillas, almacenamiento, conservación y transformación de productos agrícolas, son en general dejadas de lado como tareas productivas y consideradas como tareas domésticas.

Es evidente que este plan responde a un modelo de política neoliberal que ha propiciado paulatinamente un empobrecimiento de las zonas rurales a través políticas de ajuste estructural que han repercutido desfavorablemente en la calidad de vida de amplios sectores de la población. Las mujeres rurales se han visto especialmente perjudicadas porque los recortes presupuestales en materia social generaron recarga en el trabajo dentro del hogar y fuera de él en el afán por buscar alternativas y estrategias que les permitan obtener ingresos.

Esta creciente participación de las mujeres en el trabajo asalariado no ha permitido cambiar el sentido asimétrico de las relaciones de género, como tampoco ha logrado modificar la división sexual del trabajo, de tal manera que si no son ellas las responsables directas de realizar las tareas domésticas, lo son sus madres o sus hijas.

El impacto sobre las mujeres ha sido de mayor trascendencia, debido a la concepción patriarcal predominante a nivel de los organismos empleadores que ven como «natural» el rol subordinado de la mujer. A esto se suma que en muchos países el trabajo agrícola asalariado no cuenta con legislaciones efectivas que lo protejan.

Como dice acertadamente Magdalena León (2009), es necesario recuperar el trabajo de las mujeres como hechos económicos que están en la base de la producción, de la creación de riqueza y de bienestar, que se conectan por lo tanto con decisiones básicas de qué y cómo producir.

Se hace necesario, siguiendo a la autora, no caer en la trampa de la pobreza cuando se hace análisis económico, al contrario, se requiere, visualizar el aporte de las mujeres empobrecidas a causa de la no retribución de su trabajo -puesto que las formas de producción de bienes y servicios no monetizada también tienen sentido económico-, así como tener en cuenta sus necesidades y prioridades particulares y diferenciar el impacto que las diversas políticas y estrategias tienen en mujeres y hombres. Para esto es imprescindible la producción da datos tanto cualitativos como cuantitativos que den cuenta de la situación de la población femenina.

De esto se desprende la necesidad de cuantificar el trabajo doméstico no remunerado para medir la participación de las mujeres en la creación de riqueza y el crecimiento mundial (María Rosa Renzi en María Florez-Estrada, 2007).

El desafío supone ir más allá de quien controla o cómo se reparte lo que se produce, sino definir qué y cómo se produce, cómo se organiza la reproducción, cómo se distribuye; supone crear mecanismos para que las mujeres potencien su desarrollo para evolucionar hacia las etapas de ahorro, acumulación y mayor productividad. Para ello se debe, como ya se mencionó, revalorizar su trabajo y, además, propiciar su acceso al crédito, la capacitación y la propiedad, y transformar las relaciones sociales para aliviar la carga del trabajo reproductivo. Esto último es especialmente importante, porque, como dice Ana Carcedo, ?la división sexual del trabajo sigue estando a la base de cualquiera de los sistemas económicos actuales? (2009: 51).

Bibliografía:

-Carcedo Cabañas, Ana. (2009). ?A la hora de trabajar ¿todas contamos??. En Nosotras hacemos la (otra) economía. Aportes a los debates feministas sobre la economía. CEFEMINA.

-Facio, Alda (2002). Globalización y Feminismo. Ponencia en el IX Encuentro Feminista. Costa Rica.

-González Madrid, Miguel (2000). Las políticas públicas: carácter y condiciones vinculantes. En: Polis 2000, Volumen 1, Departamento de Sociología de la UAM, Iztapalapa, México.

-Guendel González, Ludwig (2002). Políticas públicas y Derechos Humanos, Revista Ciencias Sociales, UCR, nº 97.

-Guzmán, Virginia (2002). ?Género en las políticas públicas?. Ponencia en taller Sistema de Equidad de género en el programa de mejoramiento de la gestión. Servicio Nacional de la Mujer SERNAM, Santiago de Chile.

-INAMU. Sector agropecuario y rural. En línea: www.inamu.go.cr

-León, Magdalena. ?Algunos desafíos para la economía feminista en América Latina?. En Nosotras hacemos la (otra) economía. Aportes a los debates feministas sobre la economía. CEFEMINA, 2009.

-Lombardo, Emanuela (2003). ?El mainstreaming de género en la Unión Europea. En Aequalitas, Revista Jurídica de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres, vol. 10-15, Madrid.

-March, Candida; Smyth, Ines y Mukhopadhyay, Maitrayee (1999), A Guide to Gender. Analysis Frameworks, London: Oxfam Publishing.

– Núñez M. 1998. Violencia Familiar y Legislación en América Latina. Universidad y Utopía. Vol. 5: 17-21.

-Pérez, Laura y Arlette Pichardo (1994). Pobreza en el istmo centroamericano: perspectiva de las mujeres. 1ª. Ed. San José, Costa Rica: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

-Portilla, Melania (2009). Día Mundial de la Mujer Rural 2009, IICA. En línea: www.iica.int

-Renzi, María Rosa. En María Flores-Estrada, ?Economía del género. El valor simbólico y económico de las mujeres en la nueva economía costarricense?. Editorial Universidad de Costa Rica, 2007.

-Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, Sector Agropecuario, informe gestión 2006-2010.San José, C.R. : SEPSA, 2010.

-SEPSA-INAMU (2003). Declaratoria de Política de Género para el Sector Agropecuario Costarricense 2002-2010. Secretaría Ejecutiva de Planificación Sectorial Agropecuaria, Política de género y plan de acción estratégico 2002-2010. San José, Costa Rica.

-Vargas-Lundius, Rosemary (2007). Puliendo la Piedra. Un recorrido por la promoción de la igualdad de género en los proyectos de desarrollo. FLACSO: FIDA. 1ª. Ed. San José, Costa Rica.

-UNIFEM (2009). Camino a la Igualdad de Género. CEDAW, Beijing y los ODM.

——————————————————————————————–
(1) Trabajo realizado en el marco del curso de Políticas Publicas, Legislación Nacional y Violencia de Género de la Maestría en Violencia Intrafamiliar y de Género, Postgrado Regional en Estudios de la Mujer, Universidad Nacional y Universidad de Costa Rica. Ver la Declaratoria en www.infoagro.go.cr/SEPSA/documentación/politicas/politica_genero.pdf

(2) Especialista en Desarrollo Rural Sostenible del Instituto IICA (Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura)

(3) Ver en www.iica.int

FOTO: inta.gov.ar