La Otra Voz Digital Directora Marta César
En un claro episodio de violencia de género, Manuel Arsenio Naranjo asesinó de un disparo en la cabeza a Claudia Díaz, la prima que alojó en su vivienda a su ex mujer, Raquel Fernández y a sus dos hijos.
El hecho se produjo en Metán, al sur de la capital salteña, el sábado pasado cerca del mediodía, momento en el que Naranjo además de dispararle a la damnificada, se suicidó de la misma forma.
Los cuestionamientos ahora, se dan sobre el engranaje policial y los órganos judiciales que deberían haber impedido semejante suceso de violencia, ya que Naranjo había sido denunciado por un productor zonal con quien trabajaba por haberle sustraído el arma con la que asesinó a su prima política, cuando ésta al verlo ingresar a su vivienda intentó llamar al personal policial.
Según fuentes cercanas a las fuerzas de seguridad, lo correcto hubiese sido allanar la vivienda de la madre de Naranjo, ubicado a tan sólo dos cuadras del lugar del feminicidio y detener al hombre sobre quien pesaba una orden de arresto librada el jueves 16 desde las 13:12, al mismo tiempo que se hacía imperioso dejar una consigna que actúe como tal, impidiendo el ingreso del homicida al inmueble y que había sido dispuesta el mismo 18 de junio a las 0:45.
Uno de los puntos destacados además por l@s familiares de Díaz, fue el traslado de Fernández, desde Barrio Libertad, hasta un lugar de tanta proximidad física con el agresor, que ya había amenazado de muerte a su ex esposa y que en abril pasado le quemó la casa.
La última denuncia, radicada días antes de la herida mortal que recibió la víctima, Naranjo había amenazado a Fernández, colocándole un arma blanca en la espalda.
Mientras tanto, con una muerte más que engrosa los índices de feminicidio en la provincia, y con la presunta falta de actuación de dos cabos que debían custodiar la vivienda de Díaz, el Juez en lo Correccional, de Garantías y Menores de Primera Nominación, Sebastián Fucho, investiga lo ocurrido aquella jornada.
Se conoce además, que por ahora y preventivamente, los cabos López como Landívar, encargados de cumplir la consigna policial dispuesta en su oportunidad, fueron suspendidos a través de un acta única, por presumirse que hubo incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La causa, calificada como homicidio, tras el fallecimiento de Díaz, ocurrido el miércoles a la mañana, quedó en manos del Juez de Instrucción Formal de Primera Nominación de Metán, Mario Teseyra.
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