La Otra Voz Digital Directora Marta César
El decreto presidencial que prohíbe la publicación de avisos en el llamado ?Rubro 59? marca un hito importante en la pelea porque los medios de comunicación dejen de colaborar en las formas más impiadosas de la reproducción de la desigualdad. A la vez establece un punto más en una lucha que debería ser de todos pero que claramente no lo es según las repercusiones que tuvo el decreto presidencial inmediatamente después de la promulgación del mismo.
El mencionado decreto, como se ha dicho en varios medios, asesta un duro golpe al aparato publicitario que esconde o hace de soporte a las metodologías de la trata de personas y al comercio de la prostitución. La publicitación de la oferta sexual que pone uno de los componentes más preciado de una persona, su propio cuerpo, a la venta y al servicio de otros colabora en una práctica que colocan a los individuos en la categoría de objetos para la compra y la venta.
Cada una de las declaraciones que comenzaron a circular en los medios de comunicación va poniendo en el tapete las representaciones que la sociedad tiene de las mujeres, de la trata de personas y de la prostitución, en particular. Pero a la vez se explicitan de qué manera se entiende la sociedad, el rol de los medios en ella y las formas en que la economía se quiere colocar por encima de cualquier otro valor en la sociedad.
Uno de los argumentos, tal vez el más extraño en términos de lógica argumentativa, es el que atenta contra la libertad de expresión. Vale recordar que el decreto apunta a evitar la promoción de una actividad cuestionable en sí misma pero que a la vez favorece la promoción de la venta del cuerpo de las personas y es una de las prácticas que tiene como insumo la trata de personas. La imagen empresarial del mundo donde todo puede comprarse y todo puede venderse, hasta los cuerpos, son las bases de este argumento. Se entiende, con la misma lógica de la Sociedad Interamericana de Prensa y la de la ley de comunicación de la dictadura, que la libertad de expresión es la libertad empresarial de comunicación y no los intereses y los valores de los diferentes grupos sociales más marginalizados de la sociedad. Nada escapa a la lógica del mercado ni siquiera las prácticas que están prohibidas por la ley. Esta representación del mundo es la mirada de una sociedad donde el poder dinero supera cualquier esquema de respeto por los derechos humanos. Es más, pensar que este avance es sólo un hecho más en la pelea del grupo Clarín con el gobierno, como lo sostuvo un empresario de la prensa local, es ponerle anteojeras a las otras problemáticas que las redes por los derechos de género, las organizaciones que luchan contra la trata de personas han tratado de visibilizar durante años. Pensar que sólo es una cuestión de conflicto entre los intereses empresariales y políticos es negar la existencia de un problema muy viejo.
Por otra parte, sostener el argumento de la prostitución como ?un oficio? que las personas que la ejercen lo hacen por propia voluntad implica desconocer la cantidad importante de casos a lo largo de la historia que son producto de la trata. Es más la noción de oficio, según los diccionarios vinculados con las prácticas habituales o con la profesión, implica una práctica reconocida, legalizada y habilitada. La bibliografía existente marca la característica de explotación que implica la oferta y la demanda de las prácticas de ofertas sexuales. Por consiguiente, el mundo visto desde esta perspectiva nos lleva a la conclusión equivocada que cada práctica que implique explotación ?por más naturalizada que esté- vale sólo por el uso y la costumbre. Obviamente, nada se dice de las condiciones de marginalidad y de pobreza que muchas veces llevan a las diferentes personas a someterse a la prostitución.
La construcción de la imagen de un mundo donde todo se compra y se vende y donde la explotación es una forma de relación laboral válida es la clave en el uso de la argumentación que critica la validez del decreto 936/2011. Nada se dice de todas las acciones que se vienen realizando en el país por tratar de combatir la trata: las leyes 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales y 26.061 de protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes; la vinculación de las investigaciones de la UIF (Unidad de Investigación Fiscal) entre lavado de dinero y trata de personas, por nombrar sólo algunas.
En tiempos de coyuntura donde se debaten fuertemente los principios que sustentaban más los usos y costumbres que los propios derechos de las personas. Hay voces que retoman los argumentos como los de AMMAR para sostener la oposición al decreto es obviar que una de las características de los colonizados es que reproduce el discurso que los domina. Evidentemente, pensar en la inocencia de los discursos es creer que la historia de manipulaciones, de sometimientos, de explotaciones no tiene efecto sobre la construcción de las prácticas y las conciencias de los grupos históricamente marginados.
Las aristas de este problema son varias y las soluciones son complejas y múltiples. Está claro que ninguna acción por sí misma soluciona inequidades y prácticas denigratorias que se hunden en el tiempo pero es necesario comenzar a dar pasos como los que se enunciaron anteriormente. Los debates en tiempos electorales parecen contaminar las lecturas empobreciendo la construcción de una democracia plena y equitativa. Hasta que las posiciones no se sinceren y no expliciten los lugares desde donde se enuncian los argumentos vamos a seguir asistiendo a la exposición de los diversos rostros de la hipocresía.
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