La Otra Voz Digital Directora Marta César
El Partido Socialista y organizaciones de mujeres de La Pampa, presentaron este martes un recurso de queja contra el veto del gobernador Oscar Mario Jorge a una ley ?sancionada por la Legislatura provincial por amplia mayoría- que reglamentaba la atención de los abortos no punibles. La Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito acompañó a la presentación del Recurso Extraordinario Federal.
El objetivo del recurso presentado -al que acompañaron entre otras/os la diputada porteña María José Lubertino, la presidenta de la Comisión de los Derechos de la Mujer de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Nina Brugo, la representante del Instituto de Estudios Jurídicos y Sociales de la Mujer (Indeso) Mabel Gabarra, y Elsa Schvartzman, del Foro por los Derechos Reproductivos- es que la Corte resuelva sobre la inconstitucionalidad de los fundamentos del veto a la ley 2394/07 aprobada por mayoría absoluta en la Legislatura de la Provincia de La Pampa y vetada el 17 de diciembre de 2007 por el gobernador Oscar Mario Jorge.
La ley mencionada, reglamenta un procedimiento para el cumplimiento del artículo 86 del Código Penal Argentino referido a los abortos no punibles, con el objetivo de que las/os médicos tengan resguardo jurídico para efectuar los abortos legales de manera eficaz, evitando la judicialización, y a las mujeres les garantice que se cumplan sus derechos.
En lo que las organizaciones de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito consideran ?un grave retroceso?, la ley fue vetada argumentando su inconstitucionalidad.
A partir de esta situación, el Foro Pampeano no al veto y sus representantes legales plantearon como estrategia la presentación de una Acción Declarativa de Inconstitucionalidad -ADI- ante el Superior Tribunal de la Provincia de La Pampa, que lo rechazó el día 23 de marzo del corriente año.
En el marco de la lucha por una ?Educación Sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir?, la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito exige al estado argentino en general y a cada uno de sus poderes en particular ?que cumplan las leyes vigentes, y que legislen las necesarias para garantizar la autonomía y el derecho a decidir de las mujeres?.
Para decretar el veto, el gobernador Jorge dijo que el texto de la ley introducía ?interpretaciones a la legislación de fondo? que ampliaban y modificaban los permisos para abortar. Y en ese sentido invadía la esfera del Congreso nacional al reformar el Código Penal.
Fundamentalmente, objetó que la norma dejaba asentado que al analizar las excepciones definidas en el inciso 1º del 86 ?cuando corre peligro la vida o la salud de la mujer- debía entenderse el concepto de salud como ?el bienestar físico, psíquico y social?. Lo llamativo es que ese mismo concepto de salud está incluido en la ley de salud de La Pampa, en sintonía con lineamientos de la Organización Mundial de la Salud e incluso, diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia.
Recordamos que la Argentina acaba de recibir un llamado de atención del Comité de Derechos Humanos de la ONU, que observó con preocupación las interpretaciones restrictivas de los permisos previstos en el artículo 86 del Código Penal, tanto en los servicios de salud como en los tribunales.
