En el Salón de las Banderas del Honorable Senado de la Nación, el presidente del INADI, Claudio Morgado, realizó una presentación para impulsar el pronto tratamiento y la inmediata sanción de la Ley de Salud Mental y Derechos Humanos para todos y todas. Lo acompañaron la directora del CELS, Macarena Sabin Paz; la presidenta de la Red FUV (Familiares, Usuarios y Voluntarios), Liliana Cabrera; integrantes de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), pastor Aldo Etchegaray y Alicia Gillione; el secretario de la REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), Facundo Chavez Penillas, e integrantes Médicos del Mundo.
Durante la conferencia de prensa el presidente del INADI, Claudio Morgado, explicó que ?el proyecto cuenta con la adhesión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS)/Organización Mundial de la Salud (OMS), la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), entre otros. Más 400 organizaciones respaldan el pedido sanción de esta ley, entre las que contamos a los organismos de DDHH, organismos estatales y organizaciones que enfocan su actividad en el problema de la salud mental. Es imprescindible su tratamiento como una reparación histórica. Será un fuerte impulso a la plena inclusión y ejercicio de los derechos básicos fundamentales de los pacientes?, concluyó.
En la misma línea, Yago Di Nella ?director nacional de Salud Mental y Adicciones del Ministerio de Salud? destacó que la ley ?exige incorporar el enfoque de salud mental a las políticas sanitarias generales, ya que la salud mental hoy viene escindida de la salud pública?.
Por su parte, Liliana Cabrera ( Red de Familiares, Usuarios, Estudiantes y Voluntarios), informó que el ?55 por ciento de las familias argentinas tiene o ha tenido problemáticas de salud mental. Es imprescindible reglamentar esquemas de atención en los barrios.?
?No se trata de hacer modificaciones en los manicomios, sino de revisar la concepción de ?locura? y ?peligrosidad? que conllevan?, destacó Alicia Gillone, coordinadora de salud mental de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); en tanto Facundo Chávez Penillas, de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, recordó que ?hoy quienes tienen discapacidad psicosocial e intelectual no están reconocidos con los estándares mínimos para ser considerados personas?.
Por útlimo, Macarena Sabin Paz, coordinadora de Salud Mental del CELS, expuso los datos obtenidos por el informe Vidas arrasadas, elaborado por esa entidad que detalla la existencia de alrededor de ?25 mil personas detenidas en ?internaciones psiquiátricas?, padeciendo abusos físicos y sexuales, sin derecho a tratamientos ni a rehabilitación ni a revisar su situación judicial. La ley que se tratará exige órganos de revisión sobre las internaciones?.
?Consideramos imprescindible la sanción de una ley federal marco que regule la actuación de los diversos organismos y actores involucrados, de conformidad con los nuevos principios emanados de las normas internacionales?, concluyó Morgado.
El proyecto cuenta con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud- Organización Mundial de la Salud, OPS-OMS, promueve el trabajo interdisciplinario, respetando las incumbencias propias de cada campo; incorpora principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), ratificada por Argentina en el año 2008; dispone la creación de un órgano de revisión encargado de velar por el respeto de los derechos de los usuarios de los servicios de salud mental y, fundamentalmente, es resultado de un amplio proceso de debate iniciado en 2006 con efectiva participación de los usuarios de servicios de salud mental y sus familiares.
Adhirieron a la presentación las Madres de Plaza de Mayo ? Línea Fundadora, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación Madres de Plaza de Mayo, APDH SERPAJ (Servicio de Paz y Justicia), CPM (Comisión Provincial por la Memoria), APUSSAM (Asamblea Permanente de Usuarios y Sobrevivientes de los Servicios de Salud Mental), ADESAM (Asociación por los Derechos en Salud Mental) y APEF (Asociación argentina de ayuda a la persona que padece esquizofrenia y su familia), organizaciones sociales y gubernamentales.