La Otra Voz Digital Directora Marta César
Si bien todos los principales partidos quedaron en la mira en cómo financiaron su última campaña electoral, llama la atención que las dos mujeres que estaban a cargo de manejar la caja del oficialismo nunca habían sido informadas de tener ese rol. Además, detectaron donantes y asesores fantasmas.
“¿Una campaña política? No, estás equivocado. Yo soy jubilada. No sé de qué me habla”, responde Stella Maris Sandoval desde su casa de Villa Celina, La Matanza. Ella insiste en que nunca se enteró, pero esta matancera, de 68 años, fue la encargada legal de manejar los $ 36 millones que Cambiemos gastó en las últimas PASO.
-¿Usted es militante de Pro?, preguntó LA NACION, en un breve diálogo telefónico.
-¿¡De qué!? ¿Militante política? No, no, debe estar confundido. Conocí a una persona que trabajaba en ese partido, pero nada más, respondió la jubilada.
-¿Sabe que fue la máxima responsable de las cuentas de Cambiemos durante una campaña electoral?
-(Silencio) No sabría qué decirle. Yo nunca firmé nada.
La historia de Stella Maris es sólo uno de los datos que se desprende de la auditoría realizada por la Cámara Nacional Electoral sobre los informes de financiamiento para las últimas PASO que presentaron los principales partidos políticos. Donantes sin capacidad económica, aportantes fantasmas, reconocidos asesores que no fueron declarados y millonarios gastos de pre-campaña fuera de la ley son algunas las prácticas que ejecutaron Cambiemos, el Frente para la Victoria (FPV) y UNA.
La jubilada Stella Maris fue la responsable económica de la alianza Cambiemos, que encabezó Mauricio Macri, pero que también contuvo a los entonces precandidatos presidenciales Elisa Carrió y Ernesto Sanz, infomaron fuentes judiciales. Stella Maris está secundada por otra jubilada. María Armanda Inza, de 82 años, también aseguró a LA NACION que no estaba enterada de su rol partidario.
Historias como la de Stella Maris y María Armanda se volvieron habituales en los últimos años, aseguraron apoderados, operadores electorales y funcionarios judiciales consultados por este diario. ¿Por qué? Los partidos políticos evitan designar a dirigentes activos porque la ley de financiamiento electoral fijó como castigo para los responsables económicos la inhabilitación para ocupar cargos públicos si sus balances no son aprobados.
Eso mismo le sucedió, por ejemplo, al kirchnerismo en la campaña presidencial de 2007. La Justicia detectó que la campaña de la entonces candidata Cristina Kirchner había sido utilizada para lavar dinero del narcotráfico y por eso fueron procesados esta semana los responsables de esa campaña.
La Justicia volvió a detectar en las PASO de 2015 algunas de las anomalías que ya habían sido señaladas en 2007. Consultados por LA NACION, desde los principales partidos políticos le restaron importancia a las observaciones de la Cámara Electoral y dijeron que ya fueron respondidas.
Por el caso de las jubiladas, desde el oficialismo insistieron en que se manejaron dentro de la ley y argumentaron que las responsables económicas de Cambiemos “son dos personas hábiles y responsables” para ejecutar algunas de las tareas más riesgosas de la campaña, como por ejemplo, firmar millonarios cheques. En la misma línea, José Torello, apoderado de Pro, aseguró ante LA NACION: “Cumplimos con todas las exigencias legales de la ley de partidos políticos”.
Fue la lista encabezada por Daniel Scioli, sin embargo, la que sufrió las observaciones más agudas. El conflicto comenzó cuando tres supuestos donantes que aparecieron en la lista preliminar se presentaron ante la Justicia para negar dicho aporte. Entonces el FPV presentó una rectificación del informe, que estaba compuesto originalmente por mayoría de empleados públicos, según reveló una investigación del sitio Chequeado. Reemplazaron, entonces, 212 aportantes por otros nuevos donantes. Desde el partido respondieron por escrito a la Justicia que todo fue parte de “un error administrativo”.
Pero la nueva lista de donantes también sufrió llamativas observaciones en la auditoría: la Cámara detectó más de 200 aportantes que no cumplían con las condiciones financieras mínimas para realizar dichas contribuciones. Son monotributistas de las categorías más bajas que llegaron a donar hasta $ 60.000 cuando su límite de facturación anual era inferior a los $ 48.000.
Cambiemos también tuvo que dar explicaciones por este tema, ya que la Cámara Electoral detectó a 95 de sus donantes en la misma situación. No es el primer dolor de cabeza que le generan las contribuciones privadas a Cambiemos. La Justicia sospecha que 19 personas realizaron aportes indirectos de sus empresas -que están prohibidas- por casi $ 1 millón. Según reveló otra investigación de Chequeado, Macri recibió bajo esta modalidad aportes por $ 3 millones de contratistas del Estado.
La Cámara Electoral también puso la lupa sobre el asesor más conocido de Mauricio Macri. “En varias publicaciones se informa que Jaime Durán Barba es el principal asesor de campaña de Macri. Sin embargo, no se declaran gastos relacionados con lo antes expuesto”. Torello respondió que el ecuatoriano “asesora gratuitamente por una relación de amistad con el Presidente”.
La lista de Sergio Massa (UNA) fue las más objetada por los gastos de pre-campaña, es decir, aquellos desembolsos realizados antes del período permitido por ley. Decenas de carteles en la vía pública, gastos en aviones privados y hasta el alquiler del estadio de Vélez para su acto de lanzamiento fueron señalados por la Justicia por no haber sido declarados.
Por último, la Justicia señaló que el sciolismo omitió informar el dinero ingresado en las millonarias cenas de recaudación de Parque Norte y Costa Salguero. Desde el FPV respondieron: “El gobernador (Scioli) sólo asistía a actos de protocolo o de gestión como funcionario en ejercicio”.
Imagen :actualidad.rt.com
