Insuficiencia de insumos, falta de educación e imposibilidad de decidir

Las deudas sociales en derechos sexuales y reproductivos

En el marco de las Jornadas de Capacitación en Derechos Sexuales y Reproductivos y Argumentos Católicos a favor de decidir, que tuvo lugar la semana pasada en la ciudad de Salta, mujeres que asistieron desde distintos lugares del NOA, NEA, Santa Fe y Córdoba, dialogaron con La Otra Voz Digital sobre la realidad de sus provincias en la aplicación de la Ley 25.673 sobre Salud Sexual y Procreación Responsable y las deudas sociales de esta situación.

Andrea Gaspar, oriunda de la Jujuy, y con desempeño en atención primaria de salud en dicha provincia, refirió que una de las cuestiones más preocupantes «es la falta de educación, promoción y prevención en anticoncepción» en el radio en el que se desempeña, a pesar de que existen programas nacionales y provinciales, puesto que esto además se da como consecuencia de los recursos limitados y la insuficiencia de insumos.

Sobre esta situación, Andrea destacó: «Nos falta crecer como comunidad, porque además hay estereotipos muy fuertes sobre la sexualidad».

Por su parte, llegada desde Tucumán, en compañía de 8 mujeres y un hombre, que se acercaron a participar de esta capacitación, Graciela Cárdenas, de la Fundación por los Derechos Fundamentales que trabaja desde el año 2000 con perspectiva de género, refirió que la sociedad tucumana se niega a hablar de ciertas cosas, destacando que la impronta de la Iglesia Católica «es muy fuerte y en muchos casos sus seguidores tienen un doble discurso o una doble moral», ya que es frecuente que los que están en contra de la despenalización del aborto, son quienes tienen la posibilidad de sustentar económicamente una interrupción segura de un embarazo, añadiendo que le parece inaudito que se judicialicen casos que el Código Penal contempla como no punibles.

María Bogado, quien es promotora de derechos y vino a Salta junto a otras 4 mujeres desde Misiones, contó que en base a su experiencia, las leyes vigentes en materia de salud sexual y reproductiva no se respetan y que entre las problemáticas que afrontan se encuentra la densidad de adolescentes embarazadas desde los 12 años, la mortalidad de niñ@s y la desnutrición. Sobre la despenalización y legalización del aborto, Bogado advirtió que la opinión se haya dividida, aunque en su mayoría, las niñas y adolescentes deciden continuar con sus embarazos y tener a sus hij@s. También aseguró que además, muchas jóvenes contraen a diario enfermedades infectocontagiosas a causa de relaciones sin protección.

Bogado, advirtió también que la Iglesia «siempre va a estar en desacuerdo con la decisión de las mujeres sobre nuestros cuerpos, pero si las mujeres nos ponemos firmes haremos saber que tenemos voz y voto».

Mary Luque de San Javier, provincia de Córdoba, manifestó que pertenece a un grupo social que trabaja por los derechos de niños, adolescentes, jóvenes y mujeres y que a pesar de que los programas de salud sexual se cumplen, no se ejecutan de la manera deseada, señalando que una de las cosas que prevalece es la resistencia de algún sector de la sociedad para que se hable de ciertos temas.

Por último, Beatriz Gutiérrez de Santa Fe, que trabaja con talleres en los barrios desde el Partido Solidaridad e Igualdad, refirió que la ley de educación sexual en su provincia existe desde 1994 «pero estuvo durmiendo hasta 2008». Relató también, que la capacitación en docentes esta avanzando y terminaría en una primera etapa este año, con lo cual en 2011 estarían preparados para brindar información pertinente en las aulas.

Otra de las cuestiones que destacó Gutiérrez es que debe atenderse al empoderamiento de las mujeres con la información y el conocimiento de los derechos porque existe mucha violencia institucional, como lo ocurrido con el caso María Acevedo, a quien se le negó la posibilidad de abortar cuando su vida estaba en riesgo. Gutiérrez agregó sobre esto último que hace un tiempo se dictó una resolución desde el Ministerio de Salud sobre un registro de objetores de conciencia de modo que ningún servicio se niegue a brindar un método anticonceptivo o a practicar abortos legales, por la expresa convicción religiosa o moral de sus profesionales, aunque señaló que aún la lucha sigue siendo contra los sectores conservadores.

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