La violencia contra las personas LGBTI, prevalece en el continente americano, incluso en países con » significativos avances legislativos y de políticas públicas» en favor de sus derechos, advirtió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ( CIDH)
En el informe, publicado hoy, la CIDH señaló que la violencia contra las personas lesbianas, gay, bisexuales, trans e intersex (LGBTI) es motivada por un «contexto generalizado» de discriminación, al que sumó el «fracaso de los Estados» en investigar y castigar los crímenes motivados por la intolerancia respecto las identidades de género y sexuales que difieren de las socialmente aceptadas.
El organismo apuntó además que en 2009, la asamblea general de la OEA instó a los países miembro a garantizar que estos crímenes sean investigados, y que «los perpetradores sean llevados ante la justicia».
A fin de lograr un «abordaje diferenciado» para esta forma de violencia, el informe incluye una serie de recomendaciones a los gobiernos, entre las que figura «recolectar y analizar datos estadísticos de manera sistemática respecto de la prevalencia y naturaleza de la violencia y la discriminación por prejuicio contra las personas LGBTI».
La CIDH fundamenta que esos datos constituyen una «herramienta imprescindible» para evaluar la efectividad de las medidas para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia y formular los cambio necesarios en las políticas públicas.
Por otra parte, insta a «diseñar e implementar políticas y programas para eliminar la estigmatización, los estereotipos y la discriminación», y «promover el respeto y aceptación» hacia la diversidad sexual.
También considera que se deben establecer y fortalecer oficinas especializadas en las Defensorías del Pueblo y otras instituciones estatales para responder a las situación de violencia y discriminación enfrentada por el colectivo LGBTI. Y pide a los gobiernos que revisen las legislaciones que «criminalizan y estigmatizan a las trabajadoras y trabajadores sexuales».
Además, la CIDH pide modificar leyes y políticas públicas con el fin de «prohibir que las personas intersex sean sometidas a procedimientos médicos innecesarios, cuando sean administrados sin su consentimiento libre e informado», y que el Estado cumpla con la obligación de «restituir violaciones de derechos humanos y reparar a las personas LGBTI y sus familias, cuando sean víctimas de violaciones de derechos humanos».
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