La Otra Voz Digital Directora Marta César
El juicio oral y público investigó los delitos de homicidio, privación ilegal de la libertad, allanamiento ilegal, torturas, violación, aborto sin consentimiento y asociación ilícita.
Excepto en el caso del multicondenado Menéndez, las penas dispuestas por el Tribunal fueron sensiblemente menores a las requeridas por la fiscalía, que también había pedido perpetua para Catalán, designado juez federal por el dictador Jorge Rafael Videla y entre 15 y 25 años de prisión para los restantes imputados, sin absoluciones.
El público que colmó la sala -incluidas víctimas y familiares- guardó durante gran parte de la lectura del veredicto un silencio que sólo rompió para aplaudir el voto en disidencia del juez Reynaga, quien se pronunció en el caso de Catalán, entre otros, por penas mayores y discrepó con las absoluciones.
«Tenemos una mezcla de sensaciones de alegría y tristeza por la ausencia de algunos compañeros, pero esto es muy importante porque se pudo llevar a cabo este juicio por un tribunal federal y en el marco de la Constitución Nacional», dijo a Télam el testigo-víctima Nicasio Barrionuevo.
Otro testigo-víctima, Jorge Basso señaló que, «más allá de los años de condena impuestos a los imputados, esto demuestra que los compañeros tenían razón de sus dichos sobre las torturas y, al margen del monto de las condenas, nada aliviará el dolor de toda esta gente, que sufrió durante muchos años».
Los fiscales Rafael Vehils Ruiz y Patricio Rovira habían pedido en su alegato prisión perpetua para Catalán, único juez federal de provincia designado por el dictador Videla. Además, pidieron la nulidad de todas las causas judiciales abiertas a las víctimas por violación a la llamada «ley antisubversiva» de la dictadura, nulidad desestimada hoy por el TOF con el voto en disidencia de Reynaga.
La aludida ley represiva 20.840 procuró dar apariencia de legalidad a la persecución política, brindó un marco judicial a los secuestros e interrogatorios bajo tortura y en La Rioja su aplicación estuvo exclusivamente en manos del entonces juez federal Catalán.
«Catalán instruyó causas por infracción a ley 20.840 y, en tal carácter, recibió declaraciones indagatorias a individuos que evidenciaban notables signos de haber sido torturados e inclusive declaraban haberlo sido, y resolvió dejarlos alojados en el IRS (Instituto de Rehabilitación Social), el centro de detención donde sufrían las torturas», describió la acusación del Ministerio Público.
Los fiscales también consideraron probado que el ex juez «tomó declaración a detenidos vendados, esposados y vigilados por guardias del IRS que portaban armas» y que en oportunidades delegó en gendarmes o militares que participaban de los secuestros y las torturas la toma de declaración indagatoria a los imputados.
«La única prueba de cargo que tuvo el juez Catalán para condenar a las personas en las causas por la violación a la ley 20840 fueron las declaraciones indagatorias tomadas bajo tortura», subrayaron.
Los fiscales habían pedido perpetua para Catalán al considerarlo autor material de los delitos de privación ilegal de la libertad y torturas en perjuicio de una víctima; partícipe necesario en el secuestro, torturas y otros delitos contra diez personas; homicidio calificado en un caso y lo acusaron también por asociación ilícita en calidad de organizador.
Catalán asumió como juez federal el 6 de mayo de 1976, nombrado por el dictador Videla tras el desplazamiento de su antecesor, el juez federal José Enrique Chumbita, echado del cargo, según los fiscales, por negarse a librar órdenes de allanamiento injustificadas requeridas por los represores.
Imagen : Télam
