La Otra Voz Digital Directora Marta César
Las mujeres han logrado importantes avances en su condición social con respecto a las generaciones anteriores. La igualdad y la no discriminación plena continúan siendo un desafío para las democracias contemporáneas. Argentina da pasos firmes en ese camino.
· Uno de los aspectos críticos que aún atentan contra la dignidad femenina es la prostitución. En este sentido, aún vivimos a un grave proceso de cosificación de las mujeres que las convierte en mercancías o prestadoras de un servicio, situación que naturaliza y banaliza las prácticas prostituyentes.
De esta manera, nuestra sociedad no cuestiona la prostitución, sino que la ha internalizado como una práctica institucionalizada; más aún, legitimada y con un fuerte anclaje en tradiciones y costumbres que anulan cualquier planteo ético.
Esta situación se manifiesta incluso en el lenguaje. Al decir que una mujer ?ejerce la prostitución?, la cosificación aparece relativizada e incluso negada, dando a entender que ?ellas se prostituyen?, ?ellas eligen?. Pero se trata de una frase sin sentido pues, equivale a decir que ?el esclavo ejerce la esclavitud?, o que ?el trabajador ejerce la explotación?. El hombre es el que prostituye y la mujer es el ?objeto? de esa acción. No es posible que alguien se prostituya a sí mismo.
Debemos señalar, desde el punto de vista legal, que Argentina firmó en 1949 el Convenio para la represión de la trata de personas y de la explotación de la prostitución ajena. Al aprobar este convenio se convirtió en un país abolicionista. Esto significa que no condena la prostitución, sí su explotación.
Un flagelo social
La prostitución tomó en la actualidad una dimensión más importante: la trata de personas con fines de explotación sexual.
Se trata de un delito transnacional que, en la actualidad, supera en todo el mundo al tráfico de armas en cuanto al volumen de dinero que maneja, y que quedó solo un escalón por debajo del narcotráfico.
La Argentina no escapa a este flagelo social, pues es considerada punto de origen, destino y tránsito para las víctimas y las redes mafiosas que operan, muchas veces, con absoluta impunidad.
Es por ello que resulta de extrema importancia la iniciativa presidencial de prohibir, mediante el decreto 936/2011, la publicación de avisos que promuevan la oferta sexual, no solo como medio para prevenir esta forma de esclavitud, sino también contra la discriminación, porque la oferta sexual no solamente es un vehículo en la comisión del delito, sino también una profunda discriminación a la condición de la mujer como tal.
Señalemos además que el decreto establece la creación de la Oficina de monitoreo de publicación de avisos de oferta de comercio sexual, que trabajará junto a la Oficina de rescate y acompañamiento de personas damnificadas por el delito de trata y el consejo nacional de la mujer.
Al respecto, debemos tener presente que, según estadísticas de la red de organizaciones no gubernamentales que trabajan sobre esta problemática, 6 de cada 10 víctimas de trata de personas han sido captadas a través de falsas ofertas de trabajo. Es así que los medios de comunicación facilitan la trata y la explotación sexual a cambio de un rédito económico que bien podría considerárselo ilegítimo, pues las mujeres son inducidas mediante llamativos y engañosos avisos de imperdibles oportunidades laborales que se diluyen luego en dolorosas historias de vidas arruinadas.
La lucha contra la trata ya tuvo otro antecedente importante en el año 2008: la sanción de la ley 26.364 mediante la cual, el gobierno argentino, adhirió al protocolo de Palermo. Esta norma no solo persigue a las organizaciones que se dedican a traficar mujeres para ejercer la prostitución, sino que apunta a sancionar a los grupos que explotan laboralmente a mujeres y hombres.
Sin duda la medida ha sido efectiva pues, como señaló la presidenta, del 2008 a la fecha se rescataron 2.221 personas. Sin embargo, debemos agregar que estos son los primeros pasos de un largo camino de lucha pues, por cada mujer que se encuentra, desaparecen siete.
No obstante, el debate ya está planteado en la sociedad y ello es fundamental para crear conciencia sobre la magnitud de esta problemática y la necesidad de adoptar medidas que la ataquen en forma integral. En este sentido, es positiva toda medida que adopte el Estado, en sus diferentes niveles, tendiente a combatir y disminuir esta actividad delictiva que día a día crece en forma alarmante, condenando a miles de niñas y mujeres a los peores sufrimientos.