Una mujer que desde 2011 tiene la guarda judicial de su nieto, recurrió a la Justicia para garantizar la continuidad de la cobertura médica del menor, que sufre de una discapacidad.
La situación se originó cuando el Instituto Provincial de Salud de Salta (IPSS) le notificó a la abuela, a través de su aplicación, que su nieto de 16 años había sido desafiliado, basándose en que el padre del menor contaba con una obra social a la que podía afiliarlo. Sin embargo, la abuela argumentó que esta situación no se concretaría en el corto plazo, ya que ella tenía la guarda judicial del niño desde hacía más de una década.
La jueza basó su decisión en la protección del derecho a la salud y a la vida del niño, reconocidos por la Constitución y la ley. La magistrada resaltó la obligación del Estado y de las obras sociales de proteger de manera privilegiada el derecho a la salud, especialmente cuando se trata de menores con discapacidad.