La Otra Voz Digital Directora Marta César
La justicia federal le ordenó a Capital Humano que garantice la continuidad de los programas y planes alimentarios.
La justicia federal le ordenó hoy al Ministerio de Capital Humano que garantice la continuidad de los programas alimentarios que brindan los comedores comunitarios, al encontrarse «en riesgo» el derecho a la alimentación de amplios sectores sociales.
La medida interpuesta por el magistrado fue en el marco de una acción colectiva iniciada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), a la que se sumaron la Fundación de la Isla Maciel, AJUS y Fundeps.
La decisión del juez está vinculada con programas como el plan Argentina contra el hambre, el programa nacional Alimentar Comunidad, y los compromisos internacionales asumidos con el
Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que establecen la entrega de alimentos a comedores y espacios comunitarios.
La medida cautelar había sido reclamada también por la defensora Pública Oficial Federal, Florencia Plazas, que interviene en el proceso colectivo en representación de todos los
niños, niñas y adolescentes que no pueden acceder a una alimentación adecuada.
En tanto, desde diciembre pasado, distintos comedores y merenderos comunitarios denunciaron que dejaron de recibir mercadería, mientras la necesidad de acceso a alimentos se incrementó producto de la crisis económica y social.
Por esta razón, en febrero la UTEP y el CELS presentaron un amparo colectivo y reclamaron una medida cautelar para que se garantice de manera «urgente» el derecho a la alimentación de todas las personas que asisten a estos espacios.
