La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Justicia declaró este lunes la nulidad del protocolo antipiquetes de la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, símbolo de la gestión mileísta.
La Justicia declaró en las últimas horas la inconstitucionalidad del protocolo antipiquetes impulsado por la ex ministra de Seguridad y actual senadora nacional, Patricia Bullrich, símbolo de la gestión de La Libertad Avanza (LLA).
Es que, según alegó el magistrado del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1, Martin Cormick, tras el amparo colectivo impulsado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el protocolo antipiquetes conforma un exceso en la competencia otorgada al Ejecutivo nacional.
Entre los argumentos enumerados en el fallo, el juez federal remarcó las garantías para la libre protesta que emanan de varios artículos de la Constitución Nacional. “Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que ella no prohíbe”, remarcó.
Así, la Justicia sostuvo que, el Gobierno nacional no tiene la potestad de dictar normas que restrinjan derechos constitucionales fundamentales, como la libertad de reunión, la libre expresión y el derecho de peticionar a las autoridades, sin que exista una ley previa del Congreso que habilite tales limitaciones.
Vale recordar que, el protocolo antipiquetes instruía a las fuerzas de seguridad federales para actuar de manera inmediata ante un corte de calle o cualquier vía de circulación, bajo la premisa de que se trataba de un delito flagrante, es decir que se está cometiendo en el acto.
En ese marco, Cormick señaló que la protesta social es un fenómeno complejo que no puede equipararse automáticamente con un ilícito penal que justifique la intervención policial sin orden de un juez.
Además, en el fallo, la Justicia puntualizó sobre “las tareas de inteligencia” que permitía el protocolo antipiquetes sobre los manifestantes. Por caso, el mismo habilitaba a los efectivos a identificar personas, filmarlas y recolectar datos durante las concentraciones, incluso si no estaban cometiendo actos violentos.
En ese contexto, el fallo de la Justicia advirtió que estas entraban en contradicción directa con la Ley de Inteligencia Nacional, la cual prohíbe expresamente al Estado almacenar información sobre los ciudadanos basándose en su opinión política, su adhesión a organizaciones sociales o su participación en actividades lícitas.
“El registro sistemático de los asistentes a una protesta constituía una intromisión arbitraria en la privacidad de las personas y una forma de amedrentamiento”, amplió el juez federal en el texto.
Es preciso señalar que, en diciembre de 2023, el fiscal del fuero Contencioso Administrativo, Fabián Canda, ya había emitido un dictamen en el que cuestionaba las bases legales del protocolo antipiquetes con el que la administración mileísta reprimió, en varias oportunidades, la marcha de jubilados, a lo largo de los dos años de la gestión mileísta.
“El manual con el que se instruyó a los efectivos de las fuerzas de seguridad carece de fundamentación y motivación, al no estar sustentada en el régimen legal aplicable, elementos básicos para que una conducta estatal sea legítima”, señaló el juez en aquella oportunidad.
Detenidos, corridas y gases: efectivos aplicaron el protocolo antipiquetes en la marcha de jubilados
La postal de todos los miércoles volvió a repetirse, luego de que el Ejecutivo nacional aplicara una vez más el protocolo antipiquetes en la marcha de jubilados que se realizaba frente al Congreso para denunciar el recorte de medicamentos del PAMI, la culminación de la moratoria previsional y el brutal recorte de ingresos.
Si bien la marcha de jubilados estaba convocada para las 17, dos horas antes la Plaza del Congreso ya estaba repleta de pensionados e hinchas de distintos clubes de todo el país, que se plegaron a la movilización de este miércoles frente al Parlamento. En ese marco, se registraron los primeros momentos de tensión con los efectivos que no permitían que los manifestantes bajen a Avenida Entre Ríos.
Además, los incidentes se acrecentaron cuando las fuerzas de Seguridad desalojaron la avenida principal frente al Congreso con gases lacrimógenos y palazos, lo que provocó la respuesta de varios manifestantes, entre ellos varios barrabravas y agrupaciones de hinchas de decenas de clubes.
“Hemos decidido acompañar y respaldar el reclamo de los jubilados ante las políticas de ajuste implementadas por el Gobierno Nacional, que han significado recortes y quita de derechos. El reclamo de los jubilados debe ser atendido de manera urgente”, expresaron desde el sindicalismo del Transporte.
En ese contexto, la ministra de Seguridad de la nación, Patricia Bullrich, advirtió medidas “especiales” para los “barrabravas” que iban a dar el presente este miércoles. “Están nuestras Fuerzas desplegadas para hacer cumplir el protocolo: el tránsito no se corta y los barras bravas, sobre la vereda“, escribió vía X la funcionaria.
En ese marco, este miércoles, en la Plaza de los dos Congresos se registraron los primeros momentos de tensión con los efectivos que no permitían que los manifestantes bajen a Avenida Entre Ríos.
