LA JUNTA INTERNA DE ATE-INDEC, RECHAZA LA SUSPENSIÓN DE LA PUBLICACIÓN DEL ÍNDICE DE PRECIOS AL CONSUMIDOR

Por la independencia del organismo y la integridad de las estadísticas públicas
La Junta Interna de ATE‑INDEC expresa su más enérgico rechazo a la decisión del Poder Ejecutivo de suspender la actualización de las ponderaciones del Índice de Precios al Consumidor (IPC) con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18), cuya aplicación había sido comprometida para la publicación del dato de enero el próximo 10 de febrero.

A pocos días de una difusión estadística clave para la vida económica del país, se producen movimientos institucionales y decisiones que alteran el normal desarrollo de procesos estrictamente técnicos. Estos hechos no pueden interpretarse como aislados: constituyen una señal de intromisión política en decisiones metodológicas que deben ser exclusivamente profesionales y científicas.
Lo hacen en nombre de la supuesta comparabilidad de las estimaciones. Este argumento es insostenible. La comparabilidad se puede garantizar sencillamente expandiendo la serie con los nuevos ponderadores hacia el pasado o incluso publicando ambas metodologías en paralelo. Lo único que se logra con esta medida es debilitar la confiabilidad del instituto y sus publicaciones, utilizando patrones de consumo desactualizados para esconder el costo real del ajuste.
El INDEC no puede ni debe subordinar sus definiciones técnicas a la conveniencia del gobierno de turno.
Las estadísticas públicas son un bien social estratégico: de ellas dependen salarios, jubilaciones, convenios colectivos, políticas sociales, presupuestos y decisiones productivas. Manipular, demorar o condicionar su actualización deteriora la credibilidad del organismo y lesiona el derecho de la sociedad a contar con información confiable.
Nuestra preocupación se agrava porque esta vulnerabilidad no es nueva.
Desde el Decreto 927/2009, el INDEC funciona como organismo desconcentrado bajo la órbita del Ministerio de Economía, es decir, bajo dependencia jerárquica directa del Poder Ejecutivo. Esta estructura institucional contradice el principio básico de autonomía que todo instituto estadístico moderno requiere y facilita presiones e interferencias sobre decisiones técnicas.
Asimismo, los mecanismos creados para el seguimiento externo, como el Consejo Académico de Evaluación y Seguimiento (CAES), no han logrado garantizar un control
efectivo ni una transparencia plena de los procesos metodológicos, dejando al organismo sin resguardos institucionales suficientes frente a coyunturas políticas.
La actualización del IPC con las ponderaciones de la ENGHo 2017/18 no es opcional ni coyuntural: es una obligación técnica elemental. Las canastas deben reflejar los consumos reales de la población. Postergar o frenar esa actualización implica medir la inflación con parámetros desactualizados, afectando la calidad del indicador y la confianza pública.
La Argentina ya vivió episodios en los que la intervención política dañó gravemente la credibilidad del sistema estadístico. No vamos a aceptar que se repita esa historia.
Por todo ello, exigimos:
• La publicación inmediata del IPC con las nuevas ponderaciones, tal como estaba previsto. • El respeto irrestricto a la autonomía técnica del INDEC, sin injerencias del Poder Ejecutivo en definiciones metodológicas
• La revisión urgente del marco institucional vigente, avanzando hacia una nueva ley orgánica que garantice independencia funcional y autarquía, superando la obsolescencia de la Ley 17.622, sancionada en 1968.
• Mientras se debate esa reforma estructural, la implementación de protocolos técnicos permanentes y de rápida aplicación que automaticen actualizaciones metodológicas, cambios de base y revisiones de ponderaciones, evitando que decisiones técnicas queden sujetas a autorizaciones políticas.
• Transparencia total de procesos, metodologías y documentación para la comunidad académica, trabajadores y organismos de control.
Defender la independencia del INDEC no es una consigna sectorial ni gremial: es defender el derecho de toda la sociedad a estadísticas públicas veraces.
Sin autonomía no hay credibilidad. Sin credibilidad no hay política pública seria.
Por un INDEC independiente de los gobiernos de turno.