La Iglesia debe ser excluida de funciones asistenciales y educativas

Para Gabriela Cerrano, integrante de la Organización de Mujeres del Plenario de Trabajadoras la Iglesia debe ser excluida de funciones asistenciales y educativas, en la formación de niños y adolescentes a modo de prevenir nuevos abusos sexuales de sacerdotes. Cerrano considera que en Argentina no se debe esperar a que ocurran la cantidad de hechos aberrantes producidos en EE.UU. o Irlanda, para tomar una decisión, cuestionando fuertemente la falta de actuación de esta institución religiosa ante las acusaciones, el proceso judicial y la condena al cura Julio Grassi. En este sentido, la joven señala que existe una marcada «corresponsabilidad del Episcopado, que jamás le quitó a Grassi sus funciones sacerdotales ni desmiente que Bergoglio lo apoye».

A través de un comunicado de prensa del Partido Obrero, la joven, hoy en día candidata a concejal por la capital salteña refuerza la idea de la vuelta al Estado de los hogares que se encuentran manejados a través de la Curia. Desde esta posición, Cerrano solicita que los mismos sean reconvertidos «en instituciones públicas, con personal capacitado que trabaje para la revinculación familiar cuando corresponda y siempre en la contención de los niños según sus necesidades, en vez de subsidiar al Clero a través de los hijos de las clases populares».

La militante del PO considera además que existen muchas complicidades en torno a esta situación y que esta connivencia no sólo se da desde las autoridades eclesiásticas sino que se extiende a los políticos y funcionarios que subsidian los hogares de Grassi, manifestando que se debe «romper este círculo de impunidad y no reforzar a quienes hacen un negocio de la pobreza y le entregan nuestros niños a los abusadores».

En relación a la actuación de la Justicia y la libertad del cura, la integrante del Plenario de Mujeres Trabajadoras manifiesta que la condena por dos hechos de los 17 que se le imputaban a Grassi «corrobora la complicidad judicial con los abusadores del poder clerical», señalando que de quedar confirmada la sentencia a través de un tribunal de alzada, «Grassi cumplirá sólo 8 años de prisión efectiva».

Cerrano habla de «descarada impunidad» al referirse a la libertad del cura, pese a los 15 años de prisión que pesan sobre él, refutando duramente la decisión del tribunal al señalar: «los jueces llegaron al oprobio de autorizar que un pederasta condenado visite a los menores de la Fundación, el escenario donde ocurrieron las violaciones».

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