El Ejecutivo Municipal realizó en 2020, una transferencia a las cuentas bancarias personales de los tres ediles sin justificación. Además, en septiembre de 2020, los concejales percibieron dos sueldos, uno del Ejecutivo Municipal y otro del Concejo Deliberante.
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La fiscal Penal de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, requirió al Juzgado de Garantías 8 juicio para el intendente de La Merced, Javier Rafael Wayar, por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y peculado, en concurso real; y para los concejales Dina Francisca Pastrana, Pedro Daniel Gutiérrez; Daniel Jesús Coreico, por el delito de peculado, en calidad de partícipes necesarios.
Además, solicitó el sobreseimiento parcial de Wayar respecto del delito de retención indebida e incumplimiento a los deberes de funcionario público, en dos hechos.
Las causas fueron derivadas a la UDEC, en donde se realizó una investigación, estableciendo que la Municipalidad de La Merced efectuó el 3 de septiembre de 2020 una transferencia por $171.243, mediante la utilización del Convenio de Acreditación Salarial N° 10330, que se acreditó en partes iguales de 57.081,00, en las cuentas bancarias personales de Gutiérrez, Coreico y Pastrana, sin existir justificación suficiente para efectuarla, sustrayendo con su accionar caudales de la Municipalidad cuya administración y custodia estaban a cargo de Wayar en función de su calidad como Intendente de La Merced.
A través del entrecruzamiento de datos, los investigadores de la UDEC corroboraron que en septiembre de 2020, los concejales Coreico, Gutiérrez y Pastrana percibieron dos sueldos, uno abonado por el Ejecutivo Municipal, mediante la transferencia realizada el 03 de septiembre de 2020, por un monto de $57.081,00 y otro por el propio Concejo Deliberante, mediante la transferencia realizada el o de septiembre de 2020, por un monto de $40.599,96.
En cuanto al delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público del que acusa la fiscal Salinas Odorisio a Wayar, la investigación demostró que el intendente de La Merced confeccionó, suscribió y aprobó, mediante Resolución 113/2022, un contrato de Comodato entre la Municipalidad de La Merced y la Asociación Civil por el Trabajo, la Cultura y la Producción, mediante el cual cedió el uso de un inmueble ubicado dentro de las instalaciones del matadero municipal, haciendo caso omiso a lo establecido en la Carta Orgánica de la Municipalidad de La Merced, es decir sin licitación y sin autorización del Concejo Deliberante.