La Otra Voz Digital Directora Marta César
Le pidió opinión a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó. Se lee como una apuesta al hallazgo de una solución extrajudicial al conflicto o como una reacción ante la presión del Gobierno.
La Corte Suprema de Justicia remitió a la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, la causa que frenó el aumento de tarifas de gas en todo el país y le pidió su dictamen antes de emitir su fallo. De esta manera, el máximo tribunal dilata los tiempos de este compás de espera, acaso con la expectativa de que el Gobierno encuentre una solución extrajudicial al conflicto o, en todo caso, como reacción ante la presión que ejerció el Gobierno en las últimas horas por un pronunciamiento favorable al «sinceramiento» del precio del servicio.
Fuentes judiciales indicaron a la agencia DyN que Gils Carbó, una funcionaria a la que la Casa Rosada identifica con el kirchnerismo y a la que le viene reclamando que renuncie desde el inicio mismo de la gestión Cambiemos, recibirá este martes el fallo de la sala II de la Cámara Federal de La Plata para emitir su opinión sobre la cuestión.
La decisión del máximo tribunal fue tomada por un acuerdo de los ministrosRicardo Lorenzetti, Elena Highton, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti.
La jugada de la Corte se produce un día después de que el ministro de Energía,Juan José Aranguren, considerara que «sería muy grave» que el tribunal no avalara el aumento de tarifas, aunque avisó que el Gobierno realizará una «audiencia informativa» para dar a conocer el valor de «la generación de la electricidad y del precio del gas en boca de pozo». Esa audiencia fue tachada de inválida y extemporánea por dirigentes de la oposición y organizaciones de defensa de usuarios y consumidores.
El pasado 7 de julio, la Sala II declaró «nulas» las resoluciones 28 y 31 del Ministerio de Energía y Minería, que dispusieron la suba, y ordenó «retrotraer» la situación tarifaria «a la existente previamente al dictado» de esas normas.
El fallo surgió tras las apelaciones de las asociaciones civiles CEPIS y Consumidores Argentinos y del Ejecutivo a la resolución del Juzgado Federal 4 de la Ciudad de Buenos Aires, que ordenó convocar a una audiencia pública para debatir con usuarios los aumentos que empezaron a regir en marzo.
La Cámara tomó la apelación de las tres partes y, tras señalar que «la Audiencia Pública es un mecanismo de participación ciudadana que refuerza los principios de acceso a la información y a la transparencia de las actuaciones estatales», declaró la «nulidad» de las resoluciones del Ministerio de Energía.
Sin embargo, el 12 de julio el Gobierno apeló y pidió que, mientras se analizaba ese recurso, la resolución que frenó la suba de tarifas permaneciera suspendida.
Esa última petición del Ejecutivo fue rechazada el 15 de julio por la Cámara, que ratificó la vigencia del fallo que suspendió los incrementos en el valor de ese servicio.
Tres días más tarde, la Cámara Federal habilitó, por pedido del Gobierno, la feria judicial para tratar la apelación y pidió a las demás jurisdicciones federales que le remitan los 46 expedientes que se abrieron en todo el país contra la suba del precio del gas.
La apertura de la feria aceleró los tiempos de los demandantes para presentar sus fundamentos contra la suba y los de la Sala II de la Cámara, que resolvió el pasado 4 de agosto aceptar la apelación del Ejecutivo y girar el expediente a la Corte, aunque con el ajuste de tarifas suspendido.
Imagen : nexofin.com
