La Otra Voz Digital Directora Marta César
En la resolución 1/2020, la Comisión Interamericana de DD.HH. recomienda que esos recursos se vuelquen en insumos médicos.
El organismo hizo recomendaciones en pos de proteger derechos esenciales.
En el marco de la pandemia del coronavirus que golpea al mundo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió una resolución en la que recomienda distintas medidas a los gobiernos de América para proteger los DD.HH., entre las que se destaca “suspender o aliviar la deuda externa y las sanciones económicas internacionales que pueden amenazar, debilitar o impedir las respuestas de los Estados para proteger los derechos humanos frente a contextos de pandemia y sus consecuencias”. El organismo internacional considera que de esa forma se facilita “la adquisición oportuna de insumos y equipo médico esencial” y permite “el gasto público de emergencia”. También hay referencias al resguardo de los ingresos de los trabajadores, a las personas privadas de la libertad, y un enfoque de género, entre otras cuestiones. El documento de la CIDH, organismo que depende de la OEA, tiene alcances sobre la Argentina.
“La tutela central (de la resolución) comprende el derecho a la vida, a la salud, a la integridad de la persona humana, el acceso en condiciones de igualdad a la provisión de los medicamentos y al servicio hospitalario, público y privado, afirmando, en todo ese espectro de tutela, la universalidad, interdependencia y transversalidad del conjunto de los derechos humanos, resguardo necesario para la efectividad, especialmente, de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales”, explica a El Destape el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat.
Pero eso no es todo. “La resolución urge la adopción de medidas económicas y financieras para tutelar estos derechos, bajo pautas de razonabilidad y proporcionalidad”, indica Barcesat. Es en ese marco que se destaca el punto 18 de la resolución “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, en el que se recomienda “suspender o aliviar la deuda externa”.
Al ser consultado, Raúl Zaffaroni, juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señaló “que la declaración significa un respaldo para los Estados en sus negociaciones con el FMI”. No obstante, recordó que el organismo financiero internacional “no está sometido al sistema interamericano de Derechos Humanos, de modo que ni la Comisión ni la Corte pueden emitir disposiciones vinculantes a su respecto. De toda forma –destacó-, es un fuerte respaldo ético que cabe recibir con beneplácito”.
