Legisladores aprobaron la iniciativa que llegaba con media sanción desde el Senado, de adhesión de la Provincia de Salta a la ley Nacional N° 27.499 denominada » Ley Micaela» que promueve la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres, de todas las personas que se desempeñan en todos los niveles y jerarquías de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Provincial.
Mediante la ley se busca establecer la capacitación obligatoria en género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial); a los fin de dar cumplimiento a lo firmado en la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.
Los contenidos que se brindarán apuntan a la prevención de la violencia de género en todas sus formas, como establece la Ley Nacional 26.485, de Protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales.
Cabe destacar que de esta manera todos los agentes del Estado deberán cursar y aprobar la capacitación. El incumplimiento será considerado una falta grave que incluirá sanciones y obstaculizará el ascenso a un cargo superior en caso de que corresponda.
Un dato importante que los legisladores resaltaron fue el que brindó el Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVcM) en su informe anual sobre la cantidad de denuncias por violencia de género que se produjeron en Salta en el año 2017 de 32 por día, mientras que en 2018 fueron de 47 cada por día.
El diputado Lucas Godoy aclaró que el Instituto encargado de la aplicación de la Ley no será del poder nacional sino que corresponderá al Ministerio de Derechos Humanos de la provincia.
“La educación, la capacitación y la empatía para todos los funcionarios del Estado provincial es muy importante, por lo que apoyo esta adhesión pero hay puntos que debemos trabajar y establecer de la mejor manera posible los contenidos que se brindarán”, dijo el legislador.
En tanto, la diputada Alejandra Navarro manifestó que es indispensable que la provincia adhiera a la “Ley Micaela” para poder trabajar de forma efectiva en la igualdad de las personas, ya que capacitando a los “tres poderes” será más fácil estar a la altura de las circunstancias.
“El estado nacional gastará un 18% menos que el año pasado en materia de prevención de violencia de género, además es importante destacar que desde 2014 en Salta estamos en estado de emergencia en esta problemática, por lo que es un gran desafío el que debemos afrontar”, dijo la legisladora.
Así también, la diputada Bettina Romero destacó que esta medida es un avance indudable para la provincia ya que la situación de violencia es muy grave y debemos trabajar para revertirla.
“El aumento en el número de denuncias por violencia de género, deja en claro que estamos atravesando una situación muy difícil, pero con esta herramienta esperamos empezar a cambiar la dura situación”, dijo la legisladora.
En este sentido, la diputada Isabel De Vita aseveró que es muy importante la mirada preventiva que tiene la iniciativa ya que es un punto principal para empezar a erradicar la violencia de género en Salta.
Coincidiendo, la diputada Emilia Figueroa destacó la labor preventiva que fortalecerá la lucha contra la violencia de género desde la raíz, promoviendo el derecho entra las personas y formando valores.
“Nadie está exenta de que una familiar pueda sufrir violencia, por lo que es importante que se continúe avanzando en el empoderamiento de las mujeres en los diferentes ámbitos”, dijo la legisladora.
Mientras que el diputado Claudio Del Plá criticó que desde el gobierno nacional y provincial no se tomaron medidas que favorecieran y promovieran la igualdad de género y erradicaran la violencia contra la mujer de manera efectiva.
“Esperemos que la aplicación de la ley cambie sustancialmente la situación que se vive en la provincia, para ello es necesario que los contenidos que se brinden y los encargados de dictarlos posean la más alta calidad en ambos aspectos”, dijo el legislador.
El diputado Marcelo Paz expresó que la iniciativa plasma conceptos claros para efectivizar la lucha contra la violencia de género y pone fin a las objeciones que tenían algunos sectores del Estado en no realizar las capacitaciones en las temáticas.
“Tenemos una ardua tarea por delante para que los cursos de capacitación aspiren a la mayor excelencia posible en lo que respecta a la aplicación y los contenidos”, dijo el legislador.
Por su lado, el diputado Baltasar Lara Gros resaltó la importancia de que la autoridad de aplicación de la Ley sea de la Provincia y no de Nación para que se tengan en cuenta aspectos propios de la realidad de Salta.
El legislador aseguró que es necesario que se destaque la diferenciación entre ideología de género con la perspectiva de género para que no se entre en confusiones de las temáticas a abordar.
La diputada Silvia Varg aclaró que en esta problemática es necesario que los fundamentalismos se dejen de lado para poder solucionar de manera efectiva la situación.
“A las mujeres nos están matando y hay discursos retrógrados y machistas que no ayudan en nada, sino que denotan su miedo a la igualdad y al cambio”, dijo la legisladora.
Así también, el diputado Pedro Sández confirmó su apoyo a la iniciativa asegurando que es importantísimo modificar los números que se manejan en violencia contra las mujeres.
Mientras que el diputado Javier Diez Villa señaló la necesidad de fomentar que las mujeres tengan las mismas oportunidades que los hombres en los diferentes ámbitos y que con esta iniciativa estamos colaborando para que se produzca un cambio positivo.
“Los números que tiene nuestra provincia son alarmantes y negar la realidad no ayuda en nada, por lo que es importante cambiar conductas que están normalizadas en desmedro de las mujeres”, dijo el legislador.
Por su parte, el diputado Andrés Suriani declaró que nadie puede estar en contra de la lucha contra la violencia hacia las mujeres pero que está en contra de la perspectiva de género que adopta el proyecto y que atenta contra las identidades culturales de la provincia.
“Se está promoviendo un colonialismo ideológico del género por el que se promueve un adoctrinamiento de sus ideas, por lo que es necesario modificar ciertos puntos para que la Ley se adapte a los salteños”, dijo el legislador.
En ese sentido, la diputada Norma Lizárraga manifestó que los legisladores no deben lavarse las manos ante esta difícil situación de la violencia de género.
En coincidencia, el diputado Julio Moreno criticó que esta Ley parta desde la ideología de género, ya que de esta manera se violan los tratados internacionales firmados por el país que garantizan la libertad de conciencia y de religión de las personas.
“Estamos en presencia de un adoctrinamiento de género para todos los sectores, aclaro que no me opongo a la lucha contra la violencia a las mujeres pero sí de su capacitación en cuanto al género y el aborto”, dijo el legislador.
El diputado del bloque Con Seguridad Salta Somos Todos objetó el hecho de que los trabajadores tengan que aprobar el examen para no recibir sanción alguna, lo que podría derivar en múltiples juicios hacia el estado provincial por violar las normativas laborales.
MOTIVO DEL NOMBRE
Esta Ley es en homenaje a Micaela García, una joven de 21 años violada y asesinada en abril de 2017 en la localidad entrerriana de Gualeguay, por un hombre que ya tenía antecedentes de ataques sexuales. La noticia del crimen de Micaela, luego de siete días de intensa búsqueda, generó una fuerte conmoción a nivel nacional ya que la joven participaba activamente del movimiento Ni Una Menos y militaba en el Movimiento Evita. Por el femicidio fue condenado a prisión perpetua Sebastián Wagner, de 30 años.
El proyecto de Ley que venía desde el Senado, se modificó en base a los proyectos acumulados de los diputados Lucas Godoy, Bettina Romero, Alejandra Navarro y los integrantes del bloque de la Unión Cívica Radical ,Mario Mimessi, Héctor Chibán y Humberto Vázquez.
La iniciativa fue aprobada por mayoría con los votos en negativo de los diputados Andrés Suriani, Norma Lizárraga, Gladys Moisés y Julio Moreno.