La Otra Voz Digital Directora Marta César
En respuesta al Tribunal Contencioso y Administrativo de Jujuy que ordenó a los poderes Ejecutivo y Legislativo de dicha provincia que procedan a la implementación de la Ley Nacional de Cupo Femenino, diputad@s del oficialismo local aprobaron este jueves por la noche un pedido de jury de enjuiciamiento contra los magistrados Benjamín Villafañe, Luis Morales y Silvia Maurín, autores del fallo. Las provincias de Jujuy y Entre Ríos son las únicas que no fijaron por ley una representación mínima de mujeres en sus parlamentos.
De nada sirvió que el diputado jujeño Pablo Baca (UCR) advirtiera que los jueces no pueden ser acusados por sus fallos, salvo que los contenidos impliquen la comisión de un delito, y citara la numerosa jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: el oficialismo jujeño, basándose en un supuesto ?avasallamiento a la Legislatura?, aprobó el jueves 8 un pedido de jury contra los magistrados que emplazaron a esa Cámara a aprobar una norma de equiparación de los derechos de hombres y mujeres en la designación de candidatos a cargos electivos, conocida como Ley de Cupo.
Debe recordarse que la sentencia de los jueces Benjamín Villafañe, Luis Morales y Silvia Maurín, consideraba que no aplicar la Ley de Cupo es ?inconstitucional?, estableciendo además que los otros dos poderes del Estado debían dar cumplimiento en un plazo de tres meses al mandato constitucional contemplado en el artículo 37 de la Constitución Nacional.
La medida, que derivó del Recurso de Amparo impulsado a fines de marzo de 2009 por el Movimiento de Mujeres, puso al descubierto que gran parte de l@s legisladoras/es no perciben que el escaso número de escaños que éstas ocupan se vincula a los prejuicios derivados del patriarcado y no de las capacidades de las mismas para insertarse en la actividad política partidaria.
Pero aún peor que esto, es la medida casi disciplinadora que señalan l@s integrantes del Frente para la Victoria y del PJ disidente, al insistir en que est@s jueces «se extralimitaron en sus funciones», señalando de este modo que la sentencia implica una ?intromisión? en la actuación de estos poderes.
Ahora bien, es necesario recordar un dato no menor que justifica y evidencia la necesidad de que se garantice una ley de cupo en esta provincia, que junto a Entre Ríos son las únicas que carecen de esta normativa dentro de Argentina: la representación de mujeres en la Legislatura, los Concejos Deliberantes – especialmente en el interior provincial – y las Comisiones Municipales, es inferior al 30%.
Debe señalarse además que el reclamo por una ley de cupo data de al menos veinte años, tiempo en el que a pesar de la existencia de numerosos proyectos, nunca hubo voluntad de apoyar estas iniciativas.
Tampoco debe olvidarse que desde el 3 de junio, 6 días después de conocerse el fallo de Villafañe, Morales y Maurín, el oficialismo ya había intentado aprobar sobre tablas un proyecto de Resolución a través del cual se pretendía conformar un jurado de enjuiciamiento que revise lo actuado por este Tribunal, lo que finalmente logró ayer.
Con respecto a la ley de cupo, María Inés Zigarán, una de las impulsoras del Amparo que provocó el fallo judicial, destacó que dentro del parlamento provincial no hay «ánimo de aprobar» una legislación en este sentido, con excepción del bloque de la Unión Cívica Radical, que se ha decidido a promoverla, pero que carece del número necesario para hacerlo.
Zigarán recordó además que entre las voces que se oponen a la implementación de una normativa que contemple una discriminación positiva y asegure la participación efectiva de las mujeres en las bancadas provinciales, insisten en que este tipo de legislaciones ya no son necesarias, en cuanto «las mujeres han avanzado mucho y seguirán haciéndolo», insistiendo en que aquellas que tienen capacidad ?llegan por sí mismas?.
Por lo visto las mujeres no han llegado muy lejos, al menos a juzgar por la resolución aprobada el jueves por los diputados del oficialismo, resolución que ahora será considerada por el Superior Tribunal de Justicia, que evaluará el pedido de promoción del jury, dando lugar a una instrucción y posterior proceso si así lo decidiera la Corte. De concretarse este procedimiento, serán miles y miles las mujeres que estarán sentadas en el banquillo de los ?acusados?, junto a los jueces.
