La Otra Voz Digital Directora Marta César
El Consejo de Administración del hospital J. B. Iturraspe emitió un comunicado en el que respaldó el accionar de Mariano Figueroa –representante de la comunidad en ese cuerpo– y aseguró que no se incurrió en ningún accionar ilegal en la compra de un medicamento utilizado para la realización de una interrupción legal del embarazo (ILE).
La semana pasada, la ONG rosarina Ojo Ciudadano realizó una denuncia contra Mariano Figueroa porque su farmacia proveyó de Oxaprost al hospital en enero de 2015. La entidad, que ya había denunciado al nosocomio por realizar abortos que consideraban “ilegales”, solicitó al Ministerio Público de la Acusación que investigue la comisión de “delitos de corrupción”.
Frente a la gravedad de la acusación el Consejo de Administración emitió el comunicado en el que expresan que consideran “infundada la denuncia ya que el carácter del proveedor fue totalmente excepcional y, como consta en el pedido de informe que se remitiera al Ministerio de Salud, la Farmacia Figueroa Sobrero no es de ninguna manera proveedora habitual del efector ni de la droga de referencia ni de ningún otro tipo de insumos”.
Además el presidente del Consejo de Administración, Joaquín Gorrochategui, explicó a Diario UNO que la compra directa se realizó para garantizar el derecho a la salud de una paciente y ante el faltante en los proveedores habituales de la droga.
“Nosotros tuvimos una situación de urgencia el año pasado de una paciente y requeríamos de Oxaprost. Fue un momento en el cual se cambió la fórmula de presentación del medicamento y había una faltante en la mayoría de los proveedores”, aclaró y agregó: “Había una disputa sobre el precio del medicamento y no había en ningún lado. Consultamos con dos de los proveedores habituales del hospital y ellos nos notificaron, por escrito, de la faltante”.
Frente a una situación de urgencia, el Consejo de Administración está habilitado a realizar compras directas. “Lo consultamos con Mariano Figueroa y él nos dijo que le había quedado en stock. Ante la urgencia le pedimos que provea al hospital”, detalló y siguió: “Frente a la garantía del derecho a la salud cualquier tipo de incompatibilidad cede. Aunque, en realidad, no hay incompatibilidad porque él no es un proveedor habitual del hospital. Mariano ha donado cosas de su farmacia en reiteradas oportunidades, esta es la única vez en la cual él proveyó al hospital de un medicamento muy específico en el marco de una urgencia. Y el hospital lo compró de acuerdo al procedimiento vigente”.
Frente a las acusaciones Gorrochategui señaló que “por una venta de un medicamento por 2.400 pesos, nadie puede pensar que hay un enriquecimiento ilícito de un funcionario”. Y remarcó el compromiso de Figueroa con los derechos de los pacientes. “El fin último del procedimiento del hospital y de Mariano fue garantizar el derecho a la salud de la mujer, que es lo que tenemos que hacer”, dijo.
El tema de fondo
No es la primera vez que la ONG Ojo Ciudadano, con sede en Rosario, realiza una denuncia contra personal del hospital de la capital provincial en un tema referido a los procedimientos para la interrupción de embarazos. Ya el año pasado acusaron a todo el nosocomio –porque la denuncia no especificó a ningún funcionario en particular– de realizar abortos supuestamente ilegales.
Cabe destacar que el Código Penal establece que un aborto no será punible cuando se practique a una mujer víctima de una violación o cuando corra riesgo la salud o la vida de la mujer gestante.
—¿Consideran que la denuncia de esta ONG está más vinculada al hecho de que el medicamento sea para realizar abortos que a que la compra fue a la farmacia de Figueroa?
—Supongo que sí, uno no es ingenuo. Tuvimos dos denuncias de Ojo Ciudadano. Una el año pasado porque, supuestamente, hacíamos abortos ilegales en el hospital y se desestimó. En el hospital se hacen todos los abortos que están previstos por la ley, por la normativa nacional y provincial, y por el fallo F. A. L. de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esas son las interrupciones legales del embarazo que hacemos y por las cuales creemos que garantizamos los derechos de la mujer.
“Seguramente sí –continuó–, esto es una continuidad de aquella denuncia del año pasado. Esta vez focalizada sobre la figura de Mariano Figueroa. Igual todo el mundo tiene derecho a presentar denuncias y nosotros tenemos la obligación de rendir cuentas acerca de eso. En eso se basa la transparencia de la gestión pública”.
—Más allá de las denuncias y de las presentaciones que realizó el año pasado un grupo de médicos para ser considerados objetores de conciencia y no realizar ILE, ¿el hospital sigue garantizando el acceso de las mujeres a ese derecho?
—Sí, el hospital y la red pública de salud. Nosotros tratamos de trabajar en red. Más allá de las dificultades que podamos tener con profesionales en particular, la red pública de salud de la provincia tiene la obligación de garantizar la práctica para que las mujeres puedan ejercer sus derechos. Y el hospital hace todo lo que está a su alcance para lograrlo.
Imagen : UNO
