La Otra Voz Digital Directora Marta César
Autoridades tradicionales y representantes de organizaciones indígenas de Guatemala se reunieron con la Alta Comisionada de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos, Navy Pillay. Fue para solicitar su apoyo durante una sesión de trabajo.
El encuentro se realizó en el departamento guatemalteco de Totonicapán bajo el lema «Reconstruyendo el buen vivir en el nuevo Baqtun: No más concesiones y megaproyectos».
Allí, autoridades ancestrales de pueblos originarios denunciaron los efectos negativos de los megaproyectos en la naturaleza y en la cultura local. También, los abusos de poder, la criminalización de la protesta social y la militarización.
El evento contó con la presencia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Navy Pillay. En ese foro, la funcionaria reconoció que «es inaceptable que los líderes de las comunidades sufran hostigamientos y amenazas y no se abran procesos judiciales».
Además de su participación en la sesión de trabajo, la Comisionada de Naciones Unidas permaneció en Guatemala durante una semana. Fue para realizar un seguimiento de la situación de los Derechos Humanos en ese país.
Durante su visita, se entrevistó con distintas autoridades del sistema de justicia, del ejecutivo y de las organizaciones sociales de la nación centroamericana.
Por otra parte, representantes de radios comunitarias de Guatemala demandaron a la funcionaria que atienda la problemática de la persecución penal y criminalización de la radiodifusión comunitaria en el país.
Asimismo, reclamaron a la Comisionada que exija al Gobierno guatemalteco el cese de la represión y el cumplimiento de la agenda legislativa vinculada con el Acuerdo de Paz sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas.
Por su parte, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias en Guatemala (AMARC Guatemala) entregó un pronunciamiento político para solicitar el apoyo de la Alta Comisionada.
Dicho documento reclama a la funcionaria su ayuda para el cese de la persecución penal y en la concientización de las autoridades para lograr el establecimiento de una reserva del espectro radioeléctrico para uso comunitario.
Esto fue establecido en el artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas.