Poco importa la diferencia territorial, la legislación, el crecimiento económico o la estructura política de la región mesoamericana, cuando de crímenes de feminicidio se trata.
La alta militarización, las deficiencias estructurales en los sistemas de justicia, el mantenimiento de las estructuras patriarcales y la impunidad resultado de la corrupción y la ineficacia de los operadores de justicia, constituyen las causas principales del incremento del feminicidio y de la violencia contra las mujeres en la región mesoamericana, según constató la Misión Internacional por el Acceso a la Justicia para las Mujeres en Mesoamérica.
Según Victoria de Pablo, del Consejo General de la Abogacía Española ?en el caso de México, la alta militarización se utiliza como método y pretexto para encubrir el feminicidio y la violencia hacia las mujeres cuyas estadísticas, datos y realidad queda oculta nacional e internacionalmente bajo el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, la delincuencia y como instrumento la militarización del país.?
Enfrentadas a la discriminación, la desidia y la corrupción en los sistemas judiciales, el camino hacia la justicia para las mujeres se torna extenuante, siendo los procesos de recolección de indicios, pruebas e investigación el primer escenario donde comienza la impunidad.
Al respecto Victoria de Pablo, señala ?El desinterés por parte de las autoridades policiales es patente, por lo que es imposible llegar a un resultado final de sentencia condenatoria, ni tan siquiera a la detención del agresor o de la comitiva asesina?.
Los datos proporcionados por el Observatorio de Feminicidio de México revelan que entre enero del 2009 y junio del 2010 fueron reportados 1728 homicidios de mujeres ocurridos en 18 estados. Sin embargo, en solo 13 estados se cuenta con información que permite presuponer que 1074 de estos crímenes constituyen feminicidio, de los cuales solo 40 tienen una sentencia, y no siempre condenatoria.
La ineficiencia de los operadores de justicia, el ocultamiento de información, el desinterés por la verdad, la falta de investigación, la tolerancia y permisividad hacia los crímenes contra las mujeres, forman parte de la cadena de impunidad.
Para la Misión la impunidad que acompaña estos crímenes es el mensaje que el estado envía socialmente, al desvincularse de la responsabilidad de proveer la verdad de los hechos, justicia y reparación a las víctimas.
Según expresó la socióloga Julia Monárrez, el mantenimiento de las estructuras patriarcales hace que la violencia contra las mujeres y niñas se torne normal dentro de un contexto de discriminación de género que se expresa de manera similar en los países que visitó la Misión.
Ella señala que en la visita a Nicaragua, Honduras y México encontraron elementos comunes que hacen de la violencia contra las mujeres un asunto endémico:
· El género como forma de desposeer a las mujeres de la justicia.
· La deshumanización y criminalización de la víctima
· La prolongación del dolor de las familias que buscan justicia.
· La ausencia de la verdad que no permite la justicia y con ello la reparación.
La deuda de México
Para la abogada Marta Solano, del Programa Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito, el estado mexicano está en deuda con las víctimas, sus familias y comunidades, y con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al no haber cumplido la sentencia del 2009 referida al caso de Campo Algodonero.
Participan de la misión: Observatorio Ciudadano de Feminicidio, Programa Justicia y Género del Instituto Latinoamericano de Naciones Unidas para la Prevención del Delito.