La Otra Voz Digital Directora Marta César
Tegucigalpa, agosto .- La escalada de terror y ensañamiento contra la población civil continúa en Honduras y esta vez el turno fue para el gremio magisterial, que desde hace dos semanas se encuentra concentrado en esta capital realizando marchas de protesta contra la iniciativa de una nueva ley orientada hacia la privatización del sistema educativo.
Además de esta demanda, los maestros y maestras reclaman la devolución de 6,000 millones de lempiras (aproximadamente 316 millones de dólares), provenientes de los ahorros que fueron sustraídos del Instituto de Previsión del Magisterio por el régimen de facto de Roberto Micheletti, sin que hasta la fecha se conozca el destino de esos fondos.
El gremio, conformado en un 80 por ciento por mujeres, fue atacado en medio de una manifestación de protesta que concentraba a la mayoría de sus miembros, provenientes de los 18 departamentos del país, y posteriormente desalojado por las fuerzas policiales de la Universidad Pedagógica Nacional en la ciudad de Tegucigalpa.
Durante esa acción, las maestras y maestros fueron objeto de disparos, gases tóxicos y golpes contundentes con toletes y palos. Entre las personas golpeadas se encontraban mujeres embarazadas y madres que cargaban a sus hijas e hijos menores de edad en un intento de huir de los cuerpos represivos.
Una de las profesoras agredidas manifestó a SEMlac: «Yo ando en esta lucha porque estoy convencida de que esta no es sólo una lucha de los maestros, es una lucha del pueblo hondureño. He sido golpeada, gaseada y amenazada de violación. Ando con mis hijos, porque soy madre soltera y no tengo con quien dejarlos. Si van a echarnos la policía deberían de pensar que andamos con niños pequeños y que no estamos cometiendo ningún delito».
«Sólo defiendo mis derechos y eso no es un crimen», remarcó.
Estos ataques se suman a los perpetrados por la policía en la ciudad de Choloma y Tegucigalpa los días miércoles 18 y viernes 20, respectivamente, cuando también se hizo uso de armas de fuego y gases tóxicos para reprimir a la manifestación.
Por otro lado, las maestras denunciaron la negación de atención médica a las personas heridas tanto en el Hospital Nacional ?Hospital Escuela? como en el Seguro Social, sin ningún pronunciamiento al respecto por parte de instancias internacionales, como la Cruz Roja Internacional.
El 28 de agosto ellas reportaron alrededor de 30 casos de maestras-maestros y dos menores de edad que fueron atendidas en diversos centros médicos asistenciales por complicaciones respiratorias debido a los gases tóxicos. Según fuentes de radios locales, se calcula que se lanzaron alrededor de 100 bombas de gases dentro de la Universidad Pedagógica Nacional.
Varios de estos casquetes de bomba, recogidos por los manifestantes, llevaban el precio de compra (1.408 lempiras, alrededor de 75 dólares por artefacto).
Hasta el momento de redactar esta nota no se ha llegado a un acuerdo entre el gremio magisterial y el gobierno de Porfirio Lobo Sosa, debido a lo cual quedó convocada una asamblea departamental para discutir las acciones futuras.
Las maestras y las Feministas en Resistencia de Honduras llamaron a la acción internacional de solidaridad para el cese de la represión y a los organismos internacionales a pronunciarse sobre esta situación en particular.
Esta represión contra maestras hondureñas no es aislada y se suma a las amenazas y violencia también ejercida por la policía y el ejército en la comunidad de Zacate Grande (Puerto Grande-Amapala, departamento de Valle, en el sur del país) donde se está llevando a cabo un enfrentamiento entre estos cuerpos armados y personas de la comunidad por la tenencia de la tierra.
Las fuerzas represivas protegen a Miguel Facussé, uno de los más grandes terratenientes de Honduras y empresario implicado en el Golpe de Estado del 28 de junio del año pasado.
La mayoría de las personas que defienden estas tierras son mujeres y jóvenes, dedicados a la siembra y cosecha de productos agrícolas y a la pesca.
Activistas de Zacate Grande denunciaron que durante el enfrentamiento del día 22 de agosto último, resultaron heridas varias personas y las mujeres fueron agredidas de manera diferenciada con golpes e insultos alusivos a violaciones y abusos sexuales.
Una de las lesionadas fue Ethel Véronica Correa, quien se encuentra en estado de gravedad en el hospital de la región debido a golpes contundentes.
Actualmente Zacate Grande se encuentra en estado de militarización desde el Golpe de Estado sin que el gobierno o los organismos internacionales se hayan pronunciado al respecto.
Otra de las agredidas en esa acción, Alma Verónica Canales, quien fue amenazada de muerte y violación sexual, expresó a SEMlac: «Soy madre de tres hijos y nuestra lucha es por nuestra familia, por nuestra tierra. Lucharemos por nuestra libertad y para que nuestros hijos e hijas tengan un patrimonio. Somos libres para gozar de este derecho».
«Sabemos ahora que no estamos solas. Confiamos en la solidaridad de otras personas, de organizaciones hermanas», expresó.
Feministas en Resistencia de Honduras están iniciando una campaña destinada al apoyo de las mujeres de Zacate Grande con el lema «No están solas», con la que se proponen brindar acompañamiento y solidaridad a las mujeres de esta comunidad.