La Otra Voz Digital Directora Marta César
Tegucigalpa, marzo.- «Nuestra lucha empezó en 2009, cuando nos unimos al movimiento de resistencia contra el golpe de Estado, y ahora estamos en las calles porque han irrespetado nuestros derechos, nos han quitado el estatuto del docente, nos han quitado el dinero que guardábamos para jubilaciones en el Instituto de Previsión Magisterial», dice a SEMlac Margarita Hernández, maestra de educación primaria.
Ella participa en las manifestaciones convocadas de forma pacífica por el gremio magisterial en la capital hondureña, desde hace aproximadamente dos semanas, pero que son reprimidas violentamente por la policía.
«Ahora los policías nos reprimen con gases, bombas tóxicas y bombas lacrimógenas, nos detienen y nos golpean. Y una tiene que estar en la lucha porque nos quieren quitar nuestro salario, nuestra jubilación, nos quieren quitar todo», agrega Hernández.
Los y las manifestantes han sido duramente reprimidos por un grupo especializado de la Policía, llamado «escuadrón especial Cobras», quienes utilizan para sus ataques bombas tóxicas, bombas lacrimógenas, palos y una especie de gas rojo que «marca» a las/los manifestantes y que es rociado, junto con chorros de agua, desde una tanqueta militar.
Las represiones se llevan a cabo en el contexto del 141 período de audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde Honduras presentó un informe de Estado que sostiene que se han realizado avances sustantivos en la defensa de los derechos humanos, con la creación del Ministerio de Derechos Humanos de Honduras.
Creado en la administración del presidente Porfirio Lobo Sosa, con la finalidad de atender y mejorar la situación de los derechos humanos en Honduras, este Ministerio no se ha pronunciado hasta ahora sobre la lucha de los maestros y maestros, mientras que el magisterio nacional rechazó la comisión negociadora presidida por su titular, Ana Pineda.
La criminalización de los defensores y defensoras de derechos humanos, la situación de los magistrados y jueces separados de su cargo y el uso desproporcionado de la fuerza por la Policía y el Ejército fueron los tres temas abordados por la CIDH durante la audiencia pública sobre Honduras, el 25 de marzo, en Washington.
La situación que atraviesa el país, y de forma particular el magisterio, les toca de manera particular a las mujeres.
«La mayoría del gremio magisterial somos mujeres, más o menos 70 por ciento, y aquí estamos en las calles», insiste Hernández y explica que la lucha de los maestros y maestras es por varias razones, incluido el irrespeto gubernamental a las negociaciones realizadas entre el poder ejecutivo y el gremio magisterial en diciembre de 2010.
Entonces se acordó, entre otros puntos, la desindexación del salario de profesores y profesoras que, de acuerdo con el Estatuto del Docente hondureño (ley aprobada como una conquista magisterial), sostiene que el aumento a los maestros es proporcional con el aumento al salario mínimo.
Sin embargo, ese acuerdo no se ha cumplido en ninguno de sus términos. Por otro lado, en enero de 2011, el periódico La Gaceta, diario oficial de la República, publicó que el Estatuto del Docente quedó suspendido en su totalidad. Ante esa eventualidad, el poder legislativo se disculpó aduciendo un «error de imprenta», pero hasta la fecha ese error no se ha rectificado.
Otro de los puntos fuertes de protesta del sector magisterial es la oposición a la ley de municipalización de la educación, que pretende dar potestad a las alcaldías para la contratación de maestros y maestras, así como privatizar algunos aspectos de la educación, que hasta ahora ha sido mayoritariamente pública y gratuita en el país.
Casi 60 por ciento de la educación es pública en el país, modalidad que alcanza a las aldeas, caseríos y áreas rurales más pobres de Honduras.
Centenares de maestros y maestras de todas las regiones del país se han concentrado los últimos días en Tegucigalpa, junto a movimientos sociales como Feministas en resistencia, la Coordinadora de los Pueblos Indígenas y Negros (COPINH) y organizaciones de padres y madres de familia, que se han sumado a estas manifestaciones.
Karen Paz, maestra de secundaria, explica a SEMlac: «Aquí hay muchas madres solteras como yo, que tengo una hija de cuatro años, que sólo se mantiene con mi sueldo, porque el papá siendo abogado no la reconoció, no le puso el apellido y cuando lo demandé por alimentos se zafó, aprovechando sus contactos en los Juzgados», dice.
«Mi hija se sostiene gracias a mi trabajo. Aquí no hay Estado, no hay padre, no hay familia que me apoye. Por eso vengo a las manifestaciones, aunque eso me separa de mi hija. Ella dice que me extraña todas las noches, pero estoy luchando para darle de comer, para que pueda estudiar, para su futuro y el mío», prosigue.
Paz asegura que la embargan sentimientos de impotencia, miedo y dolor: «Los policías hacen lo que quieren, no hay garantías individuales, estamos en un campo de guerra donde las violaciones a los derechos humanos quedan impunes bajo la mirada complaciente de la cooperación internacional», reconoce.
La represión por parte de las fuerzas policiales ha dejado como consecuencia decenas de maestros y maestras con heridas, así como la muerte de la profesora Ilse Ivania Velásquez, hermana de Manfredo Velásquez, líder sindicalista «desaparecido» por las fuerzas militares hondureñas en 1981, según informes del Comité de Familiares y Desaparecidos de Honduras-COFADEH).
Los efectos de las bombas de gases, entre estos el gas pimienta y otros tipos de gases lacrimógenos, han dejado efectos graves en la salud de las personas afectadas.
«Las represiones que hacen los policías contra nosotras son horribles. A mí me tiraron una bomba tóxica y me cayó en la espalda, fue horrible, sentía que me ahogaba, que todo el cuerpo se me quemaba. Después, cuando iba en el bus de regreso, fue cuando empecé a tener sangrado de nariz. Vale más que llevaba una toalla que se me empapó toda», relata a SEMlac la maestra de primaria Julissa Rodríguez.
«Llegué a la casa auxiliada de otros compañeros y tuve que salir de urgencia en busca de un médico porque seguía sangrando sin parar. Me dieron algo para cortar la hemorragia, pero tengo que dormir boca arriba y no puedo. El dolor es insoportable y no sé cuando vaya a parar», añade esta maestra que trabaja en una escuela pública en San Pedro Sula y pertenece al Colegio Profesional Magisterial de Educación Primaria de Honduras (COLPROSUMAH).
«Ellos (los represores) se aprovechan de que varias de nosotras venimos del interior y no conocemos la capital, entonces nos acorralan y persiguen, nos detienen y algunos compañeros están en la cárcel», relata.
Las medidas represivas incluyen la detención de personal docente que se encuentre fuera de su lugar de trabajo y la amenaza de retiro de licencia a cooperativas de transporte locales que trasladen docentes, continúa Rodríguez.
De acuerdo al periódico Defensores en línea, del COFADEH, el 25 de marzo, en un acto sorpresivo, se realizó una audiencia donde 20 personas fueron enviadas a centros penitenciarios acusadas de los delitos de asociación ilícita, daños a la propiedad y sedición.
Entre estas personas se encuentran cinco mujeres: Wendy Yamileth Méndez Campos, Nuria Evelin Verduzco Bendaña, Linda Merlina Guillén, Ingrid Lizeth Sierra y María Auxiliadora Espinoza. Este acto de represión judicial deja claro que sigue criminalizando la defensa de los derechos en Honduras, según información proporcionada por personas que asistieron a la audiencia de imputados.