La Otra Voz Digital Directora Marta César
Pidió anular las resoluciones del Ministerio de Energía que fijaron límites del 400 y 500% al aumento. Entiende que padecen los mismos vicios que las disposiciones que determinaron las subas.
La fiscalía federal de La Plata reclamó anularlas resoluciones que pusieron topes de 400 y 500 por ciento a los incrementos dispuestos por el gobierno de Mauricio Macri en la tarifa del gas, en el entendimiento de que padecen los mismos vicios que las resoluciones que determinaron la vigencia de un nuevo cuadro tarifario, en referencia a las que fueron suspendidas por un fallo de la Cámara Federal de la capital bonaerense.
En definitiva, lo que plantea la fiscal Ana Miriam Russo es que los aumentos de tarifas no deben regir ni siquiera con los límites que les aplicó el Ministerio de Energía tras el revés judicial del pasado 7 de julio.
Al pronunciarse en el marco de una nueva medida cautelar formulada por el Centro de Estudios para la Promoción de la Igualdad y la Solidaridad (CEPIS), Russo pidió este jueves que se suspendan las resoluciones 99 y 129/2016 de la cartera nacional que conduce Juan José Aranguren, que fijaron topes máximos de 400 y 500 por ciento en la suba del cuadro tarifario del servicio de gas.
La fiscal señaló: «Si son nulas las resoluciones precedentes por ausencia de realización de audiencias públicas, esa invalidez se extiende inexorablemente a las disposiciones subsiguientes que padecen del mismo vicio».
«Tenemos, en consecuencia, un pronunciamiento judicial que no solamente invalidó las resoluciones 28 y 31 que habían establecido un nuevo cuadro tarifario, sino que contuvo un plus: determinó volver las cosas, a la situación vigente, previa al dictado de ambas resoluciones. Resulta nítido, por tanto, que el Ministerio [de Energía y Minería] demandado no estuvo habilitado para cambiar ese statu quo«, advirtió.
Para la fiscal, «el hecho de que a posteriori del pronunciamiento de la Excelentísima Cámara Federal de Apelaciones del circuito, el Ministerio de Energía haya emitido nuevas resoluciones sobre la misma materia, intentando alterar de tal modo las consecuencias del mencionado fallo, en modo alguno añaden elementos que trasunten la pregonada autonomía» de la nueva medida cautelar. En ese sentido, la fiscal se pronunció de forma favorable a la solicitud del CEPIS porque «la alteración del sistema establecido por el pronunciamiento de la Alzada traería aparejada la aplicación de aumentos indiscriminados que aquella sentencia ha vedado, con el consecuente perjuicio para el patrimonio de centenares de milesde habitantes de la Nación».
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