Histórico. Las repercusiones sobre el veredicto que pronunció la justicia contra la exsenadora Jeanine Añez apuntan al hecho de que se trata de un antecedente histórico, pues implica un mensaje para que en lo sucesivo no vuelva a repetirse un golpe de Estado o intentos de interrumpir el orden institucional, salvaguardado por la Constitución Política del Estado (CPE).
Autoridades, activistas por los derechos humanos tanto nacionales como internacionales y juristas coincidieron en señalar que el veredicto emitido ayer por el Juzgado Primero de Sentencia, que dispuso 10 años de prisión para la exsenadora Jeanine Añez, establece un precedente para que nunca más se produzcan interrupciones irregulares del orden constitucional, lo cual ayudará a resguardar la democracia en Bolivia y la región.
El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, se manifestó mediante sus redes sociales y afirmó que con el fallo de la justicia contra la exsenadora que se autoproclamó presidenta se hizo historia.
El presidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia (APDHB), Édgar Salazar, destacó que el caso Golpe de Estado II dejó claro que en 2019 se rompió el orden constitucional en el país, y que en ese sentido el fallo leído ayer permitirá hacer justicia para todos quienes sufrieron la vulneración de sus derechos debido a ese episodio.
«En un futuro, este precedente nos va a permitir sobre todo respetar nuestra CPE, y en el marco de la CPE cualquier conflicto de carácter político, social, debe resolverse”, Edmundo Novillo, ministro de Defensa.
El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, también se refirió a la sentencia contra Añez como histórica y manifestó que “este precedente deja un mensaje claro: no es admisible tomar un gobierno de manera inconstitucional, antidemocrática y de manera ilegítima”.
El vocero presidencial Jorge Richter apeló al criterio del constitucionalista Israel Quino respecto de que el fallo contra Añez sienta precedente y abre un espacio para procesar a quienes llevaron a la exsenadora a asumir la presidencia de manera inconstitucional.
“No ha concluido el camino de la búsqueda de justicia, de establecer memoria, verdad y justicia, éste es un primer evento absolutamente fundamental, porque es la confesión de quienes prepararon el golpe”, sostuvo en entrevista televisiva.
El coordinador del Comité Impulsor del Juicio contra los Autores del Golpe de Estado de 2019, Aldo Michel, expresó su inconformidad con el fallo, pues en su criterio debió dictarse una pena de 15 años para todos los acusados, sin embargo aguardarán la lectura completa de la sentencia.
El abogado estadounidense Tomás Becker señaló que la importancia de la sentencia no solamente se circunscribe a sancionar a quienes cometieron delitos y coadyuvaron en la interrupción del orden constitucional, sino también incidirá en el futuro y en el resguardo de la democracia.
Becker respaldó el desempeño de la justicia boliviana en este caso y señaló que la ONU está monitoreando el juicio, lo cual garantiza que no se trata de una persecución política. Lamentó que el caso se haya politizado y usado por actores en función de sus intereses.
Destacan el debido proceso judicial
Mediante un comunicado, el Ministerio de Justicia se pronunció sobre el juicio contra la exsenadora Jeanine Añez y jefes militares, cuya sentencia fue conocida ayer.
“La sentencia del caso Golpe II es una decisión judicial que surge como efecto de un debido proceso en el que se verificó el cumplimiento de los derechos y garantías de las partes”, aseguró ese despacho.
El pronunciamiento destaca que con la sentencia se completó una fase decisiva en el proceso de recuperación de la democracia y que el Órgano Judicial, en el ejercicio de su independencia, dictó una sentencia que se enmarca en los principios y garantías del debido proceso que reconoce la Constitución Política del Estado.
El Ministerio de Justicia puso énfasis en que el proceso contó con la veeduría internacional de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas.
Recordó también que en varias ocasiones la parte acusada acudió y recibió respuesta de organismos internacionales y de la CIDH, que verificó el respeto de los derechos humanos y garantías jurisdiccionales de Añez.
Manifestó que “tal y como establece el Código de Procedimiento Penal, esta sentencia será conocida en su contenido completo y alcances en un plazo máximo de tres días hábiles. No corresponde por el momento mayores comentarios acerca de esa decisión. Serán las partes del proceso que asuman las acciones judiciales que la ley les otorga, siempre en el marco del debido proceso”.