La Otra Voz Digital Directora Marta César
La Secretaría de Gobernación federal no declaró una alerta de género en Guanajuato pero sí emitió al Gobierno del Estado de Guanajuato 13 propuestas derivadas del informe del grupo de trabajo conformado para atender la solicitud de alerta de género contra las mujeres (AVGM) en Guanajuato.
El documento lo recibió ayer el representante del Gobierno del Estado, Plinio Martínez Tafolla, director Jurídico, y una copia se entregó a Verónica Cruz Sánchez, quien presentó la solicitud de alerta de género. El Estado tiene 15 días para aceptar las recomendaciones, sino se decretará la alerta. Al aceptarlas tendrá un plazo de seis meses para demostrar el cumplimiento o se procedería a la AVGM.
Las recomendaciones se refieren a: Reformas al Código Penal, fortalecer la atención en los Centros Multidisciplinarios para la Atención Integral de la Violencia (Cemaiv), reparación del daño, generar protocolos de actuación especializados para los cuerpos de policía, adecuar y publicar los protocolos de investigación sobre delitos de género, rediseñar el Banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres y establecer una instancia de seguimiento de la violencia, fortalecer al Instituto de la Mujer Guanajuatense y rediseñar los programas de capacitación a funcionarios, etc.
El 20 de marzo de 2014, Verónica Cruz Sánchez, en representación del Centro de las Libres de Información en Salud Sexual Región Centro A.C. y del Centro para los Adolescentes de San Miguel de Allende A.C., presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (que recae en el Instituto Nacional de las Mujeres) una solicitud de la declaratoria de AVGM respecto del estado de Guanajuato.
La solicitante de la declaratoria refirió en su argumento que el feminicidio se triplicó de abril de 2013 a marzo del 2014 alcanzado un total de 85 muertes por razones de género en 23 de los 46 municipios.
El Gobierno del Estado respondió que de acuerdo al tipo penal de feminicidio de los 85 casos únicamente reconocen la exigencia de 20 feminicidios, y que el 90% están esclarecidos. En 52 casos dijo que refieren a homicidios dolosos y en los otros 13 hay inconsistencias en los registros.
No obstante en su estudio el grupo de trabajo reportó que le preocupa que sólo el 20% de los casos que el Estado reconoció como feminicidio hayan obtenido una sentencia condenatoria, lo cual visibiliza la falta de efectividad del sistema de impartición de justicia.
De acuerdo a la ley la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), integró un grupo de trabajo que se encargó de estudiar la violación a los derechos humanos de las mujeres en el territorio. En el grupo participaron representantes de: Inmujeres, Conavim, Comisión Nacional Derechos Humanos, dos representantes académicos de instituciones educativas de Guanajuato y dos de instituciones de carácter nacional.
Cada recomendación se acompaña de indicadores de cumplimiento para evaluar su atención.
LAS RECOMENDACIONES
PRIMERA
Realizar programas de capacitación y profesionalización permanente en materia de derechos humanos y perspectiva de género para las y los servidores públicos encargados de la procuración e impartición de justicia, así como de las demás instituciones encargadas de la atención, prevención y sanción de la violencia contra las mujeres.
SEGUNDA
Fortalecer al Instituto de la Mujer Guanajuatense dándole la estructura que requiere para las actividades prioritarias que realiza. Este fortalecimiento debe ir acompañado del presupuesto y recurso humano, material e institucional para hacer una tarea eficiente.
TERCERA
Elaborar un diagnóstico estatal sobre todos los tipos y modalidades de violencia contra las mujeres, de acuerdo con la definición que de éstos y éstas se hace en la Ley General de Acceso.
CUARTA
Rediseñar el Banco estatal de datos e información sobre casos de violencia contra las mujeres, para administrar la información de todas las instancias involucradas en la atención y sanción de la violencia contra las mujeres de toda la entidad, con el fin de realizar estadísticas y diagnósticos periódicos que permitan conocer sistemáticamente las características y patrones de esta violencia e instrumentar políticas públicas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia.
QUINTA
Establecer, de manera permanente, una instancia de seguimiento de la violencia feminicida, conformada por el Consejo Estatal -en especial la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato-, las organizaciones de la sociedad civil que trabajen en el tema de violencia feminicida y la/el representante legal, las víctimas y sus familiares, en coordinación con el Poder Judicial del Estado, para vigilar, emitir propuestas y proponer políticas públicas encaminadas a mejorar la actuación de las y los servidores públicos respecto a la atención de la violencia feminicida.
Asimismo, el grupo de trabajo insta al estado de Guanajuato a garantizar que las víctimas y sus familiares tengan acceso total y continuo a la información que obre en los expedientes de sus casos.
SEXTA
Adecuar por especialistas y publicar en el Periódico Oficial, los protocolos de investigación sobre la no localización de mujeres y de los delitos de feminicidio, violencia intrafamiliar y violación de mujeres, para llevar a cabo la investigación, sanción y reparación integral de las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y evitar la impunidad en la comisión de estos ilíctos.
SÉPTIMA
Generar protocolos de actuación especializados para los cuerpos de policía municipales y estatales, los cuales deben incorporar perspectiva de género, para la eficaz prevención y atención de casos de violencia contra las mujeres.
OCTAVA
Llevar a cabo todas las adecuaciones administrativas y normativas para cumplir cabalmente con lo establecido en la Ley General de Víctimas, y la Ley General de Acceso, a efecto de que la reparación del daño se realice de manera integral, bajo un enfoque de derechos humanos y con perspectiva de género.
NOVENA
Especializar y fortalecer la atención que brindan los Cemaiv (Centros Multidisciplinarios para la Atención Integral de la Violencia) a las mujeres en situación de violencia, atendiendo de manera integral estos casos mediante el trabajo coordinado con la Procuraduría General de Justicia del Estado de Guanajuato, en concordancia con lo establecido en la Ley General de Acceso.
Asimismo, se propone continuar el proceso de creación de un Centro de Justicia para las Mujeres para la atención adecuada de la violencia contra las mujeres.
DÉCIMA
Crear un programa de atención a hombres generadores de violencia para que sean atendidos con programas basados en perspectiva de género.
DÉCIMA PRIMERA
Generar campañas permanentes de alcance estatal con perspectiva de género, en las que se fortalezca la promoción de la prevención de la violencia de género y feminicida; haciendo alusión a la transformación de patrones culturales, al ciclo de la violencia, a los derechos humanos de las mujeres, a los tipos y modalidades de la violencia y a las conductas comprendidas en ellos. Asimismo, es necesario que dichas campañas muestren a la mujer como sujeta de derechos.
Finalmente, se propone asignar los recursos suficientes para la realización de las campañas antes descritas y para la evaluación de su impacto.
DÉCIMA SEGUNDA
Asumir la responsabilidad tanto en el ámbito estatal como en los 46 municipios frente al problema de la violencia contra las mujeres. Reforzar todas las medidas necesarias para mandar el mensaje de cero tolerancia a la violencia perpetrada contra las mujeres, estableciendo un conjunto de acciones para que todas las autoridades estatales y municipales sean portadoras de dicho mensaje.
Difundir las sentencias con perspectiva de género dictadas por el Poder Judicial del Estado de Guanajuato, a efecto de promover el respeto a los derechos humanos de las mujeres y hacer públicas las sanciones a quienes los trasgreden.
DÉCIMA TERCERA
El grupo de trabajo considera necesario: i) realizar el cambio de denominación del delito de violencia intrafamiliar a violencia familiar, así como la denominación del delito de abusos eróticos sexuales al de abuso sexual; ii) revisar y, en su caso, adecuar las penalidades para los delitos sexuales y el de violencia intrafamiliar; iii) revisar y discutir si los delitos relacionados con violencia sexual y violencia intrafamiliar contra las mujeres por su impacto, deben ser perseguidos de oficio; iv) revisar la tipificación de delito de estupro; iv) establecer, con perspectiva de género, la reparación integral del daño en el tipo penal de feminicidio y demás delitos contra las mujeres; v) elevar la edad en el agravante del delito de violación establecida en el artículo 181 y, vi) derogar el artículo 219 de dicho ordenamiento.
