1 de noviembre de 2016A través de: Observatorio de Violencia de Género del la Defensoría del Pueblo de Buenos Aires/ Amnistía Internacional Argentina1,203 lecturas
La ONU señala al Estado argentino la necesidad de no aplicar políticas regresivas en materia de derechos humanos de las mujeres, de implementar medidas concretas en materia de violencia y de armonizar las leyes provinciales con las leyes nacionales para el cumplimento de los estándares internacionales en materia de violencia y discriminación contra las mujeres.
Imagen : Amnistía Internacional
El Observatorio de Violencia de Genero, junto a otras organizaciones como el CELS, Amnistia Internacional, CLADEM, OTRANS y Plurales estuvieron presentes en la evaluación del Comité de la CEDAW al Estado argentino. Compartimos algunas de ls principales intervenciones.
VIOLENCIA DE GÉNERO. El Comité resaltó las movilización y el reciente paro de mujeres en Argentina. Señaló al Estado que no obstante el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres significaba una importante medida, era necesario que el Estado que implemente medidas urgentes para coordinar políticas públicas contra la violencia de género entre la Nación, las provincias y los municipios para evitar la discriminación y violencia contra las mujeres.
ABORTO. El Comité de expertas le pregunto al Estado sobre las dificultades para hacer cumplir el Protocolo de Aborto de No punibles vigente en el ámbito de la Nación El Estado respondió que “reconocemos que es un desafío hacer cumplir el Protocolo en todas las provincias”. En este sentido, el Comité señaló que su preocupación frente a la medida del gobierno de la provincia de Buenos Aires de no adherir al Protocolo de Nación, sin embargo el Estado no respondió sobre esta consideración.
Aunque el Estado reconocen que los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en Argentina, no brindo información sobre datos estadísticos ni acciones concretas en la materia.
MUJERES ENCARCELADAS. Respecto a las mujeres encarceladas, el Estado reconoció que en Argentina no se cumplen con las Reglas de Mandela. Preocupa a este OVG este reconocimiento del incumplimiento del Estado nacional de sus compromisos internacionales. El Estado no respondió acerca de los cuestionamientos del Comité de expertas sobre los obstáculos para acceder a las medidas alternativas a la prisión y sobre la institucionalización de niños y niñas mientras sus madres permanecen encarceladas.
CRIMENES DE ODIO. El Comité de la Cedaw le pregunto al Estado acerca de las medidas adoptadas para contar un registro sobre travesticidios y crímenes de odio, las condiciones en las que se encuentras las mujeres trans y travestis y las acciones para incluirlas en trabajos formales. Frente a estas preguntas el Estado solo respondió que se incluía a las personas trans en el Programa Ellas Hacen a partir de una reciente resolución ministerial.
El Comité preciso que es llamativo que la mayoría de las mujeres trans y travestis privadas de libertad son migrantes. Preguntaron además sobre la existencia de programas para personas travestis y trans en la cárcel. Sobre este punto el Estado no dio precisiones concretas ni tampoco informó sobre las condiciones de detención en las provincias.
ACCESO A LA JUSTICIA. El Comité señalo su preocupación sobre las dificultades de las mujeres para acceder a la justicia. El Estado dio cuenta de los proyectos de la creación de un fuero unificado y de la implementación solo en el departamento judicial de La Plata del patrocinio jurídico gratuito. Sin embargo, no informó al Comité sobre medidas concretas para superar las dificultades en el acceso a la justicia de las mujeres víctimas de violencia doméstica y de otras modalidades de violencias de género.
PARTICIPACION POLITICA DE LAS MUJERES. Las expertas del Comité preguntaron a la delegación del Estado argentino sobre la implementación de proyectos de paridad a nivel nacional y las medidas efectivas para garantizar las participación de las mujeres en el diseño y la ejecución de políticas públicas en todos los niveles del Estado. El Comité hizo un espacial énfasis en garantizar la participación de las mujeres en los sindicatos.
AGENDA DE CUIDADO. Especial énfasis hizo la Cedaw en la definiciones s de políticas estatales que concilien las tareas de cuidado que llevan a cabo las mujeres con el trabajo remunerado.
Amnistía Internacional Argentina presente en la evaluación del Comité CEDAW sobre derechos de las mujeres
Las expertas independientes que integran el Comité preguntaron a las representantes del Estado las cuestiones incluidas en los informes presentados por Amnistía Internacional y un gran número de organizaciones de la sociedad civil argentina. El Estado tuvo oportunidad de responder las preocupaciones planteadas por el Comité.
borto legal: A pesar de las preguntas, el Estado no respondió sobre las medidas que está adoptando para garantizar el acceso al aborto legal en todo el país. Aunque el Gobierno reconoció que los abortos clandestinos son la principal causa de mortalidad materna en Argentina, no dio datos oficiales ni información sobre acciones concretas.
Las expertas del Comité expresaron preocupación respecto a la negativa de la Provincia de Buenos Aires de adherir al protocolo de Nación, tras la marcha atrás en esa decisión tomada por la gobernadora María Eugenia Vidal. Si bien el Protocolo no crea derechos, su aplicación es necesaria para garantizar la efectiva implementación del fallo “F.A.L».Finalmente, sobre este tema el Comité CEDAW llamó a Argentina a “legislar para no penalizar a las mujeres que abortan», reiterando su posición respecto del impacto negativo sobre los derechos de las mujeres que tiene la criminalización del aborto.
“El Gobierno reconoció que no cuenta con información sobre la cantidad de abortos punibles y no punibles practicados en Argentina. La falta de un diagnóstico sobre el estado de situación de los derechos reproductivos de las mujeres impide trabajar en políticas públicas integrales para evitar más muertes de mujeres y niñas”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
Milagro Sala: el Comité se hizo eco de la reciente decisión adoptada por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias en el caso de Milagro Sala y consultó respecto de las medidas que el Estado está adoptando para cumplir con esta decisión. Argentina respondió que se le había comunicado al Superior Tribunal de Jujuy para que éste tomara una determinación.
Violencia de Género: el Comité resaltó la trascendencia del reciente paro y movilización de mujeres bajo el lema #NiUnaMenos. Pese a que el Estado argentino compartió el Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, las expertas pidieron al Estado que implemente medidas urgentes para coordinar políticas públicas contra la violencia de género entre la Nación, las provincias y los municipios. Los derechos de las mujeres deben ser parte de la agenda prioritaria del Estado, por lo que el Comité consideró que el Consejo Nacional de la Mujeres debería tener «rango ministerial».
Participación de las mujeresen los distintos poderes del Estado: el Comité celebró los proyectos de ley que promueven la inclusión de la paridad en el Poder Legislativo para que las mujeres integren el 50% de las listas electorales legislativas y consultó sobre el estado parlamentario de proyectos similares para el Poder Ejecutivo y el Judicial. A su vez, resaltó la importancia de la inclusión de las mujeres en el diseño e implementación de las políticas públicas.
“Es necesario invertir en política de Estado para que se garantice el cumplimiento de los derechos de las mujeres y niñas. Medidas regresivas como la adoptada por la Provincia de Buenos Aires imponen una revisión sobre el rol del Estado como garante de los derecho humanos. Los derechos de las mujeres no pueden seguir siendo postergados”, agregó Belski.El 21 de noviembre se conocerán las observaciones finales del Comité CEDAW.