La fiscal penal 2, Mónica Poma, inició el sábado 26 una investigación preliminar para determinar si existió comisión de delito en la decisión y comunicación de una empresa, de facturar por las transfusiones de plasma a pacientes afectados por la Covid-19. Las actuaciones serán remitidas a la Fiscalía de Delitos Económicos Complejos, para continuar la tramitación en atención a la temática.
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