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“Sabemos que esto tiene que ver con un juego de poderes y con presiones para que las multinacionales puedan avanzar sobre los bosques”

Al finalizar la tercera jornada del Juicio  oral y público contra  la dirigenta campesina Lucia Ruiz , Antonio Guerra, Carlos Guerra, y Omar Cruz por el delito de "robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real", el Dr. Anastasio Vázquez Sgardelis  de la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal, absolvió a todxs ls imputadxs, por el beneficio de la duda.

Hoy, 31 de mayo, tendrá lugar la tercera audiencia en el Juicio oral y público que sigue la Sala II del Tribunal de Juicio de Tartagal a cargo del Dr. Anastasio Vázquez Sgardelis en el que se encuentran imputados la dirigenta campesina Lucía Ruiz , Antonio Guerra, Carlos Guerra, y Omar Cruz. Los pequeños productores de la ruta 81 están acusados por el delito de “robo en despoblado y en banda, coacción con arma, abuso de armas y daños en concurso real”, a raíz de una denuncia presentada en el marco de una disputa territorial.

Ezequiel Álvarez, Coordinador de la Región NOA de la Dirección Nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia (DNPFAJ, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación), presentó un escrito ante el juez Anastasio Vázquez Sgardelis, solicitando tenga a consideración el Acuerdo de Escazú y la legislación ambiental vigente en la causa en la que se busca criminalizar a Lucía Ruiz y otros por defender tierras campesinas y de comunidades del Chaco Salteño del desmonte llevado a cabo por un grupo empresario.

Eduardo Villagra del pueblo wichi, proviene de una comunidad del Pilcomayo, pero se instaló a pocos kilómetros de la ciudad de Tartagal, para socorrer a sus hermanxs que permanecen internadxs por enfermedades de la pobreza, en el hospital Juan Domingo Perón de esa localidad.

María Córdoba es parte de una familia propietaria de tierras en el departamento Anta e integrante de una asociación que lucha por la propiedad de las tierras y contra los desmontes en la zona. Según señaló, pese a las denuncias que llevan adelante contra funcionarios y dirigentes salteños que buscan apropiarse de estos territorios, solo lograron la imputación del apoderado de Alfredo Olmedo, Héctor Luis Santander. Además, alertó sobre la grave situación de abandono que se vive en el interior y denunció los lazos entre el poder político y el poder judicial