La discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Educación Nº 7546 de la provincia de Salta, que declara obligatoria la religión católica en las escuelas públicas, llegó a la Corte Suprema de Justicia después …
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Desde hoy la Corte de Justicia de la Nación escuchará los distintos argumentos sobre la Educación Religiosa en los establecimientos de gestión pública.
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Durante cuatro jornadas se presentarán posturas a favor y en contra en la causa abierta contra la obligatoriedad de la enseñanza religiosa que rige en las escuelas públicas primarias de la provincia de Salta.
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De acuerdo a registros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la provincia que gobierna Gerardo Morales sufre un promedio de 2,68 víctimas de femicidio cada 100.000 mujeres que la habitan. Es el registro más alto en todo el país.
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En el 75 por ciento de los casos, los femicidas fueron parejas, ex parejas o familiares de las víctimas. Por esos crímenes, al menos 244 niñas y niños quedaron sin madre; sólo en el 25 por ciento de los casos hubo denuncias previas.
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A partir de un convenio firmado entre Garavano y Lorenzetti, el máximo tribunal tendrá acceso a bases de datos personales del Gobierno, de la Inspección General de Justicia, el Registro de Propiedad Inmueble y Automotor, entre otras. El argumento oficial es que se busca acelerar las investigaciones.
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El primer represor en buscar el beneficio del 2×1 es un apropiador de bebés. El excapitán del Ejército Víctor Gallo fue el primero en pedir ante el Poder Judicial acogerse al beneficio otorgado por la Corte Suprema para los condenados por delitos de Lesa Humanidad.
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En diálogo con Marcha Noticias, el abogado de la megacausa ESMA, Rodolfo Yansón, denunció una “amnistía encubierta” del Poder Ejecutivo para liberar a los represores y adelantó que ya podrían empezar las excarcelaciones.
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La Corte Suprema de Justicia decidió otorgarle a un a un condenado por delitos de lesa humanidad el beneficio de 2×1 donde a un preso se le computa como doble el tiempo que estuvo en la cárcel con prisión preventiva. Notas entrevistó a Elizabeth Gómez Alcorta, abogada penalista, especialista en derechos humanos y docente de la UBA, sobre las implicancias del fallo.
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El fallo de la Corte divide el interés patrimonial de la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad.
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La Otra Voz Digital Directora Marta César