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En el marco de la reciente ola de amenazas registradas en establecimientos de nivel medio de la Provincia, el juez en lo Penal Juvenil y de Garantías 3, Hugo Alejandro Fernández Esteban, dictó una serie de medidas socioeducativas para uno de los jóvenes implicados en el envío de mensajes de intimidación pública.

La intervención de la Fiscalía inició tras la denuncia de una mujer contra su pareja por distintos hechos de violencia de género. Relató diversos episodios en los que fue obligada a mantener relaciones sexuales, uno de ellos mientras el hombre le apuntaba con un arma de fuego en la cabeza.

Una madre ya cansada de la situación denunció a su hijo de 30 años porque, bajo los efectos de las drogas y el alcohol que había consumido, se presentaba en al domicilio para causar desorden y amenazar a la familia. Por estas situaciones ya tenía medidas de restricción. 

Se encuentran acusados de incinerar vivo a un perro, causándole una muerte agónica, de amenazar a los vecinos y realizar exhibiciones obscenas. Se trata de dos hombres que fueron señalados como conflictivos en la zona donde habitan.

El mensaje contenía una amenaza de muerte hacia a la funcionaria nacional y fue remitido el 19 de diciembre de 2024 por el Messenger de la red Facebook. La fiscalía identificó a un vecino de Orán como el supuesto autor del acto intimidatorio, realizado en un contexto de reclamo por la muerte de un trabajador de frontera en Aguas Blancas.

En una audiencia flexible y multipropósito se resolvió un caso que involucró hechos de amenazas y desobediencia judicial, con una sentencia de prisión efectiva para un joven de 23 años.

El juez Francisco José Oyarzú condenó a un hombre de 27 años por ser autor del delito de coacción agravada por el uso de arma.

Un hombre de 28 años fue condenado a seis meses de prisión efectiva por desobedecer órdenes judiciales y amenazar a su madre.

El video de la cámara de seguridad del edificio captó gran parte de la secuencia. La víctima tiene dos costillas rotas y se presentó en la Justicia. Qué dijo la Embajada de Panamá.

Según consta en la denuncia, el hecho ocurrió esta madrugada, en un domicilio particular de la localidad de La Merced, donde reside una funcionaria que se desempeña como concejal de dicha localidad.