La Otra Voz Digital Directora Marta César
Los datos brindados por el Programa de Servicio Doméstico de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dan cuenta de que el 87,5% de las trabajadoras y trabajadores que se desempeñan en el área se encuentran en negro, es decir que sus empleadores no realizan los aportes previsionales correspondientes por ley.
La informalidad en el sector parece una situación común, detectada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia a partir de diversos operativos ejecutados en Capital y el interior provincial desde 2007 hasta la fecha que se enmarcan dentro del «Programa Nacional de Lucha Contra el Trabajo Mal Registrado». De este relevamiento, se destaca además que dentro de la ciudad de Salta un 80% del empleo doméstico se realiza en negro y que en el interior la cifra asciende a un 95%.
En este sentido, desde el organismo oficial remarcan la importancia de los operativos que dan cuenta de la informalidad e irregularidad en la que se trabaja pero que además pretende hacer conocer a las numerosas empleadas y empleados sus derechos y obligaciones. También resaltan, que de registrarse este tipo de incumplimientos las multas pueden alcanzar los $5000 para el empleador y que el hecho de no poseer la libreta de trabajo de empleados del servicio doméstico, que es considerada una falta leve puede derivar en el pago de hasta $1000.
Siguiendo esta temática, Griselda Evelina Ríos, jefa del programa mencionado, asegura que los relevamientos y las multas han servido para la regularización de muchas de las personas que se desempeñan brindando este tipo de servicios, destacando que la legislación vigente en todo el país, data de de 1956, por lo cual se hace imperioso generar nuevos proyectos que apunten a contemplar iguales derechos de los que gozan el resto de los trabajadores, a saber: indemnización en un 100%, licencia por maternidad, cobertura de ART, aporte del salario familiar a cargo del Estado, y la posibilidad de acceder a la obra social provincial, ítems que a posteriori apuntan a conformar un proyecto de ley nacional. Dentro de esta ilación, Ríos considera que dado el retraso del sector en cuanto a legislación, se han visto postergados los derechos y la concientización de las miles de personas que realizan este tipo de tareas, sin que por ello a diario se recepcionen entre 20 y 30 denuncias de distinta índole dentro del ministerio competente.
Sobre esto, la actual jefa del programa de empleo doméstico relata también que en su mayoría, las denuncias que recepta la Secretaría, provienen a raíz de la solicitud de las empleadas para que se las registre laboralmente o por la falta de cumplimiento de la escala salarial vigente que contempla cinco categorías y montos que oscilan entre los $1021 hasta $830. También refiere que muchas veces no se abonan las horas extra cuyo costo es de $6,90 y que los descansos de dos mediodías o bien de una jornada completa para el personal que permanece cama adentro generalmente es pasado por alto, al igual que las horas de culto.
Griselda Ríos, una lucha desde adentro
Griselda Ríos, quien desde hace siete años lucha por el sector en el cual se desempeñó desde los ocho hasta los quince años, dice conocer desde adentro la situación, recordando las humillaciones y maltratos sufridos en ese lapso de tiempo, hasta el punto de emocionarse.
La mujer, expresa que el trabajo doméstico no es sencillo, en cuanto la arbitrariedad del empleador suele desplegarse con mayor fuerza, destacando con angustia, las cuantiosas veces en las que fue tratada con poca contemplación, cuando debió dejar de lado sus horas de escuela porque sus ?patrones? la obligaban a faltar para desarrollar las tareas domésticas o las ocasiones que debió comer en algún rincón de aquella casa las sobras que le dejaban. Desde esta experiencia, Ríos, rescata la necesidad de luchar por los derechos de quienes hoy realizan esa tarea, mujeres en su mayoría, que con treinta años de servicio no poseen aportes y que quizás han sufrido el mismo trato indigno al que fue sometida en su niñez.
