El poder judicial de encarcelar al disidente

La actividad judicial juega hoy un papel fundamental en la región. Pero también desnuda su contracara: cuanto mayor es su incidencia en el escenario político, mayor es su descrédito.

El poder judicial es contra-mayoritario. O debiera: al menos esa era la concepción original. Un poder no elegido en las urnas ni sometido a la mayoría gobernante; una garantía, en definitiva, para los disidentes y las minorías.

Aunque es obvio que no siempre funciona. Preguntar sino en Brasil o en Argentina. A menudo los minoritarios son también los privilegiados, la casta poderosa. Y el dilema entonces se duplica: no sólo es preocupante que los jueces se sometan a las mayorías para perseguir a los disidentes, sino también que se subordinen a los poderes fácticos para entorpecer la democracia.

Latinoamérica, estupefacta, presencia así la aparición de un nuevo sujeto político. Los jueces no son una garantía para nadie, sino todo lo contrario. Una causa de escaso rigor técnico puede frenar la candidatura del principal opositor brasileño, encarcelar sin juicio a una diputada argentina del Parlasur y hasta desbancar a un vicepresidente ecuatoriano.

Y al mismo tiempo, aunque sin comparaciones, puede liberar a un expresidente condenado en tres instancias y sobreseer a todos los investigados de un gobierno con millones en paraísos fiscales.

En Argentina, el fuero penal federal es un caso para estudio. No se tornó con los años más activo ni más complaciente, sino más imprevisible. Sobre todo, los juzgados de primera instancia, que actúan con la libertad de quien escribe en borrador. Por las dudas, procesan; y que sea el tribunal de alzada el que revoque. Ejemplo destacado por su mérito, Claudio Bonadio.

Desde hace una semana, tras la liberación del empresario Cristóbal López, los diputados oficialistas Elisa Carrió y Pablo Tonelli abrieron el juego para investigar el patrimonio de los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballesteros. Ninguno oficia de santo, pero el silogismo es claro: si un tribunal dicta un fallo contrario a los intereses de un gobierno o de los poderes de facto, es porque recibió una coima del interesado. No hay margen para discutir sobre derechos.

En Brasil la lógica no es muy distinta. Tácitamente todos los actores aceptan que si Lula llega a la presidencia, tarde o temprano caerán las causas en su contra. Impedir, por tanto, que gane las elecciones implica también facilitar su condena en las dos instancias pendientes.

Porque, como si fuera poco, la confusión actual entre justicia y política ni siquiera dejó a salvo a los dos pilares básicos del sistema: la presunción de inocencia y la libertad ambulatoria. Dos ejemplos: Milagro Sala, que hace años espera su condena condenada de hecho, y el propio líder del Partido de los Trabajadores, a quien ni el máximo tribunal le concede un habeas corpus que lo salve de la prisión sin sentencia firme.

Las cuestiones procesales por tanto sí importan, pero su uso antojadizo las torna herramientas de extorsión. Apurar una indagatoria, acelerar un procesamiento, conceder un recurso, demorar un allanamiento, negar una excarcelación. Todo, claro, ante un imputado que por regla se presume inocente.

Mientras el juez Sérgio Moro cercena la libertad de Lula, nadie le pide explicaciones a Michel Temer por el soborno para Eduardo Cunha. Mientras el Tribunal Oral Federal Nº 1 se dispone a juzgar a Cristina Kirchner por la causa «dólar futuro», los oficialistas que lucraron con la operatoria celebran la impunidad. Así, en extenso, con otros nombres y episodios, algo similar sucede con Luis Caputo y sus cuentas off-shore, o respecto al Grupo Macri y la autoamnistía en la causa del correo. Ningún poderoso teme el embate judicial mientras ejerza ese poder.

La sensación generalizada entonces es que los jueces dictan sentencias con el objetivo deliberado de influir en el escenario público. No es ya un cuestionamiento a la corriente filosófica del magistrado, ni a su valoración de los hechos o la prueba. Es el descrédito ante una faceta particular de la intermediación judicial: su incidencia parcial, injusta y arbitraria cada vez que deben resolver una causa de naturaleza política.

El dilema, por tanto, lleva a preguntarse si es posible consolidar un sistema de convivencia basado en la primacía jurídica del más fuerte. El derecho del trabajo diría que no: basta suponer qué pasaría si, de un día para el otro, todos los conflictos y respectivos juicios se resolvieran a favor de la patronal. Para empezar, se incrementarían sin dudas las medidas de acción directa. Y todo lo demás también.

Si el servicio de justicia sirve para que los ciudadanos no resuelvan sus conflictos por la fuerza, su mal funcionamiento es un llamado a la confrontación total. Nadie, en ese escenario, tendría por qué consentir la decisión sospechosa e infundada de un juez cualquiera. Y eso sería un quiebre profundo para el sistema.