La Otra Voz Digital Directora Marta César
La diputada provincial del PO por Salta, Gabriela Jorge, señaló que hay que relativizar los anuncios del gobierno nacional en materia de violencia de género.
“Lo de Macri tiende a mostrar la construcción de hogares refugios, un sistema de identificación de los violentos, el combate contra los patrones socioculturales que establecen el patriarcado pero tenemos que establecer en qué punto se dan estas medidas que se toman”, consideró.
La legisladora manifestó que ni Mauricio Macri ni Fabiana Túñez, actual responsable del Consejo Nacional de la Mujer, tienen “o no quieren tener en cuenta que el avance hacia condiciones precarias de vida, la desocupación, la miseria social a la que nos arrojan con los tarifazos son el caldo de cultivo de la violencia hacia la mujer”.
Al mismo tiempo, puntualizó que nuestro país “en lugar de ir implementando una educación no sexista tiene una educación religiosa en contraposisicón de la educación sexual” que debería brindarse en las escuelas, como ocurre en la provincia de Salta.
Jorge denunció además: “Macri tiene una vinculación con Raúl Martins, ex Servicio de Inteligencia, relacionado a la trata de personas en México y en Argentina. Nos hace pensar si con el criterio de ser amigo de tratantes efectivamente va a llevar adelante un plan de erradicación de la violencia hacia la mujer”.
La legisladora avanzó en su escepticismo manifestando que desde Cambiemos se vació en la ciudad de Buenos Aires el único centro de atención a las víctimas de violencia. “De 560 mujeres que trabajaban en un plan de contención a la violencia machista se redujo con el ajuste macrista a 270, en condiciones precarias, con contratos basura”.
De igual manera consideró que la responsabilidad de la vulneración de las mujeres en todos los planos está en el régimen social en el que vivimos.
“El Ni una menos cuestionó 12 años de avance contra la violencia hacia las mujeres. No se pudo disminuir la cantidad de femicidios”, puntualizó, al tiempo que remarcó que en Salta la emergencia en violencia de género no sirvió, considerando que la salida está en la organización de las mujeres de manera independiente.
“Hay un feminismo estatal que ha sido cooptado por el gobierno a través de distintos organismos”, remarcó.
“Con Juana, la niña wichi, se demostró que las mujeres que están en situación de marginalidad no tienen acceso a la salud, ni a la justicia, ni a nada”.
Por otro lado, apuntó a la falta de criterio en la actuación de los distintos poderes al resaltar que si bien dentro de la Cámara Baja Provincial se estableció ayer el cambio de legislación en materia de violencia de género, se debe repensar quién está detrás de la Justicia, con jueces y fiscales como Astigueta, Cazón, Soria y Flores Larsen, como muestra de “una camarilla judicial enquistada que legitima la violencia hacia la mujer y que termina encubriendo casos como el de las turistas francesas en donde se fabricaron pruebas y culpables”.
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