La iglesia de Salta, se ha visto sacudida en los últimos tiempos, por varias denuncias sobre abusos eclesiásticos contra menores.Mientras el Obispado se niega a colaborar con la justicia, son muchas las organizaciones sociales y políticas que se pronunciaron al respecto.En esta oportunidad, es el Partido Obrero Salta, quien publicó un duro y pormenorizado documento acerca de lo que ocurre dentro de la iglesia.
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Los salteños estamos conmocionados. Los casos se acumulan. El cura Néstor Aramayo abusó de una joven de 14 años mientras estaba al frente de la iglesia del B° El Tribuno; el ex – cura Emilio Lamas, acusado de violar a monaguillos menores de edad mientras estuvo como vicario en la Iglesia de Rosario de Lerma; el cura Balbi está denunciado por múltiples abusos de menores en Joaquín V. González y una de las jóvenes dio a luz un hijo suyo pero nunca reconoció su paternidad.
Se suman el caso del cura Alessandro De Rossi, que cometió abusos contra niños carenciados entre el 2008 y 2013 y fue enviado por la Iglesia a Roma; el del cura Rosa Torino, quien espera en su casa el juicio, con 25 denuncias por abuso sexual, corrupción y enriquecimiento ilícito; Nicolás Parma, su cómplice, fue enviado por la autoridad eclesiástica a Roma y luego a Tucumán. Todos estos casos revelan la complicidad, el encubrimiento y la responsabilidad de toda la cúpula de la Iglesia, incluido el Vaticano, que tuvieron pleno conocimiento de los hechos, por boca de las víctimas y nunca denunciaron a estos violadores ante la Justicia argentina. En todos los casos, las víctimas y los testigos declaran haber recurrido al vicario Dante Bernacki, a Monseñor Cargnello e, incluso, por medio de carta, al Papa Francisco. Nunca obtuvieron una respuesta.
Todas las denuncias muestran que el tribunal eclesiástico, que encabeza el cura Loyola Pinto, es un verdadero sistema para proteger al violador e intimidar a las víctimas. Les hacen jurar que guardarán el secreto y les ofrecen una compensación económica por ese silencio. De esta manera, la víctima queda en espera de una justicia, que nunca llega.
Loyola Pinto, como fiscal del tribunal eclesiástico, jamás denuncia a la justicia ordinaria los casos que tiene en su poder. Al contrario, buscan culpables afuera como “el diablo, la prensa, la sociedad”. El cura Alejandro Pezet, párroco de la Iglesia Santa Rita en Rosario de Lerma, denunciado por encubrimiento y por ofrecer coimas a cambio de silencio, dijo en la homilía hace un par de domingos: “(…) el Partido Obrero y grupos abortistas han utilizado estas circunstancias para atacar a la Iglesia, llevar agua a su molino y decir graves mentiras que confunden a la gente (…)”.
Renglón seguido, volvió a reivindicar a Emilio Lamas, como ya lo hizo Loyola en sus declaraciones, planteando que más allá de que sea un violador “su trabajo espiritual dio muchos frutos y los sacramentos que celebró son válidos y reconocidos por la iglesia”.
LA CRISIS DE LA IGLESIA Y SU ROL EN LA APLICACIÓN DEL AJUSTE
Las familias trabajadoras estamos sufriendo una fuerte crisis social y un ajuste sin precedentes, provocado por el gobierno de Macri y el FMI, con el acuerdo de los gobernadores, como Urtubey que avanzan con todo en la suba dolarizada de las tarifas, la inflación y la devaluación, que liquidan nuestro salario.
Mientras los fieles acuden en masa a las iglesias -pidiendo justicia, trabajo, un techo para sus hijos-, el mensaje de la Iglesia ante el ajuste es la resignación. Este rol de desmoralización y desaliento tiene una retribución del gobierno de la oligarquía salteña: le permite a la cúpula de la Iglesia gozar de enormes beneficios económicos, tales como la entrega -en los últimos 30 años- de más de 200 inmuebles del Estado (con los que hacen negocios), la eximición millonaria de impuestos para todos sus bienes y la impunidad ante las crecientes denuncias de abusos y violaciones de niños y jóvenes, quienes son confiados por sus padres para su cuidado.
ABAJO LA IMPUNIDAD QUE LES OTORGA EL ESTADO
La Iglesia tiene sus propias normas y sus propios tribunales, que funcionan por fuera de la legislación y la Justicia argentina. Cuando un cura o monja comete un delito no es sometido al ordenamiento jurídico público al que estamos sometidos todos los ciudadanos argentinos. Esto es posible porque el Estado Argentino, a través de la firma de concordatos con la iglesia, permite que funcione como un “Estado dentro del Estado”. Por ejemplo, cuando el arzobispado recibe una denuncia contra alguno de sus miembros, no está obligado a llevarlos ante la Justicia ordinaria. La Iglesia es hoy la única institución con fuero propio, incluso las FFAA que gozaban de su propio Código de Justicia Militar hasta 2008, fueron derogados por el Senado y, a partir de ese momento, los efectivos militares son juzgados por la Justicia Federal Argentina.
NO ES SÓLO EN SALTA
El mismo Benedicto XVI tuvo que renunciar al papado antes de que las denuncias de más de 500 víctimas de un coro de una iglesia alemana salpicaran a su propio hermano. La ministra de Justicia de ese país denuncia que la Iglesia no colaboró con la investigación, sino que fue un verdadero obstáculo para ella. En Chile, este año tuvieron que aceptar la renuncia de 23 obispos involucrados en graves casos de pedofilia. Un caso emblemático es el de Fernando Karadima, un cura que el Vaticano sostuvo a pesar de todo el cuestionamiento de un país, durante más de 30 años. Recién este año resolvió su expulsión. En Irlanda, una comisión investigadora denuncio más de 14.000 casos de abusos infantiles de los sacerdotes que administraban los orfanatos y colegios confesionales durante 50 años. La comisión reconoció que las autoridades eclesiásticas sabían “pero fueron tratados con mecanismos disciplinarios internos”.
Ante semejante descomposición de una institución, que tiene una enorme injerencia en la educación de nuestros niños y jóvenes, y que pretende el control sobre los contenidos de Educación Sexual, de la justicia salteña y por su rol nefasto ante el ajuste, llamamos a los fieles a repudiar este accionar de la cúpula eclesiástica. No aceptamos que nos dividan por asuntos religiosos, que son asuntos privados de cada persona. Ahora menos que nunca porque necesitamos unirnos para luchar juntos contra el plan de guerra que nos quieren imponer Macri, el FMI y los gobernadores.