La Otra Voz Digital Directora Marta César
El tema fue planteado en sesión por la salteña Sonia Escudero. Fue respaldado por el radicalismo, la Coalición Cívica y otros sectores de la oposición.
El kirchnerismo volvió a frenar en el Senado la discusión por la derogación del polémico decreto 2067, que significó incrementos en las tarifas de gas de los usuarios residenciales que llegaron a porcentajes cercanos al 400%. Fue la salteña Sonia Escudero (bloque justicialista 8 de octubre) quien planteó el tema en el recinto. En rigor, es el segundo intento de la legisladora por habilitar el tratamiento sobre tablas de su proyecto, ya que también lo había solicitado en la última sesión del cuerpo antes del receso.
?Este cargo tarifario no solamente es inconstitucional sino que afecta en forma discriminatoria a las provincias del Norte argentino. Así, para los usuarios residenciales de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero el umbral de consumo fijado es muy inferior a los establecidos en las provincias centrales, y mucho más aún que los asignados para la tan subsidiada Patagonia argentina?, señaló Escudero.
?Estamos de acuerdo en que los grandes consumidores deben pagar más, pero no queremos que se castigue a las provincias del NOA, que son las que justamente tienen cifras de pobreza que rondan el 21%, mientras que en la ciudad de Buenos Aires es del 5%. No es justo que el norte pobre, con tantas desventajas ?pero que, además, es productor de gas- tenga que estar subsidiando a la ciudad más rica de la Argentina?, agregó.
Con respecto a la inconstitucionalidad de la norma, la senadora salteña sostuvo que ?El Poder Ejecutivo carece de facultades para crear cargos tarifarios y para crear fondos fiduciarios, que se usan con absoluta arbitrariedad y que carecen de control. Aquí se crea con el nombre de fantasía de ?cargo tributario?, un nuevo impuesto sin cumplir con la legalidad que establece la Constitución Nacional?. Por último, advirtió: ?Es tal el avasallamiento que llegamos al extremo de que un funcionario de menor jerarquía termine decidiendo las cargas tributarias del Pueblo argentino?.
Por su parte, su comprovinciano el senador Juan Carlos Romero dijo que ?el decreto 2067 es la síntesis del fracaso de la política energética desde el 2001 en adelante?. Asimismo, recordó que ?mientras pagamos a Bolivia u$s 7 el millón de BTU, y a u$s 16 el que se trae en barco desde Venezuela, la provincia de Salta recibe ahora regalías por tan solo 1 dólar?.
?Luego de tener las tarifas congeladas, ahora se dan cuenta que había que sincerarlas y deciden hacerlo de golpe, en lugar de proponer aumentos escalonados y a largo plazo?, agregó el ex gobernador. Asimismo, advirtió con respecto a la injusta aplicación del cuestionado decreto que ?los carenciados ?aquellos que no pueden pagar estos aumentos- no se encuentran segmentados por zonas, ya que también hay pobres en la Ciudad de Buenos Aires. Hay que dar el debate de fondo en forma urgente, el Congreso tiene que dar una respuesta?, reclamó.
Por su parte, el renovador Juan Agustín Pérez Alsina, al igual que sus pares, reclamó un pronunciamiento urgente del Poder Legislativo para dar una respuesta ante la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentran usuarios residenciales y también para gran cantidad de empresas, que hoy enfrentan costos mayores en sus facturas de gas que en su planilla de sueldos.
Después de que, esta mañana, el secretario de Energía, Daniel Cameron, y otros funcionarios del área defendieran el aumento ante la Comisión de Energía de la Cámara alta, prácticamente todo el arco opositor pidió que se votara sobre tablas la derogación de la suba, que no tiene dictamen de comisión. Sin embargo, por 32 votos contra 28 se rechazó el tratamiento sobre tablas.
«No vamos a habilitar el tratamiento sobre tablas de este tema, que es muy complejo y necesita muchos más elementos de análisis», había anticipado Miguel Ángel Pichetto en nombre del bloque kirchnerista.
Los Proyectos
La senadora Escudero tiene, hasta el momento, dos proyectos presentados en la Cámara alta.
El primero de ellos, (1079/09), del 23 de abril, propone:
Derogar el Decreto 2067/08 (cargo tarifario para la importación de gas).
Derogar el Decreto 246/09 (aumento tarifario a partir de la renegociación de contrato entre la UNIREN y GASNOR).
Modifica la segmentación de las categorías de usuarios residenciales de las provincias de Salta, Jujuy, Tucumán y Santiago del Estero y la equipara con la vigente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el conurbano bonaerense, y las provincias de Santa Fe, Córdoba, Catamarca y La Rioja.
Encomienda al PEN a que en el plazo de 90 días presente al Congreso Nacional un régimen integral de inversiones, abastecimiento y esquema tarifario en materia de gas natural.
Suspende todo aumento tarifario hasta tanto se implemente el nuevo régimen. Esto incluye la suspensión de la renegociación de contratos (artículo 9° Ley 25.561).
El segundo (1968/09), en tanto:
Es un ?sub-proyecto? del S-1079/09, modificando la segmentación de las categorías de usuarios residenciales.
Entra en vigencia en forma retroactiva a partir del 1° de noviembre de 2008.
