La Otra Voz Digital Directora Marta César
En el marco de una reunión con organizaciones de la sociedad civil y organismos de control, el Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires presenta hoy ante la Relatora de Violencia contra las Mujeres de la ONU un informe donde manifiesta su preocupación frente al contexto de violencia contra las mujeres en la provincia de Buenos Aires.
“A pesar de que el ejecutivo provincial anunció este año un “Plan de Género”, este Plan ha concentrado los recursos presupuestarios y profesionales en la creación de dispositivos institucionales que atienden la emergencia, pero no contemplan políticas integrales de prevención y atención de las mujeres víctimas de violencia; es decir, aquellas que prioricen el acceso al empleo formal a programas de construcción y/o créditos, planes de acceso al suelo urbano, servicios y la regularización de la vivienda”, señala el Informe.
El OVG expresa su preocupación frente a la persistencia de procedimientos administrativos y judiciales en la provincia de Buenos Aires inadecuados a la legislación nacional de violencia contra las mujeres. Ejemplo de ello es la utilización de la mediación penal en casos de delitos relacionados con la violencia contra las mujeres o la vigencia de ordenanzas municipales que habilitan lugares de explotación sexual a pesar de su prohibición establecida por la legislación nacional.
Resultan preocupante además, las dificultades del Estado provincial para dar una respuesta efectiva a las personas que denuncian violencia obstétrica. Por ejemplo, el OVG recibió más de 70 quejas por esta modalidad de violencia. En el momento del parto las mujeres encarceladas permanecen con grilletes en los hospitales públicos, incluso en el momento del amamantamiento. Sin embargo, no ha sido sancionado ningún profesional médico por haber ejercido violencia obstétrica.
El acceso a la justicia es materia de gran preocupación en la provincia de Buenos Aires debido a la dispersión de procedimientos judiciales que deben enfrentar las mujeres víctimas de violencia, las actuaciones y prácticas judiciales y la falta de patrocinio jurídico gratuito.
Cabe destacar que en la provincia de Bs. As. en lo que va del año 2016, las denuncias por Violencia Familiar recibidas en las Comisarias de la Mujer y la Familia ascienden a un promedio de 615 denuncias por día, la mayoría de ellas por lesiones y amenazas. Desde el año 2010 el número de causas iniciadas en el Fuero de Familia por violencia familiar se ha duplicado. Este aumento en la cantidad de procesos judiciales, no ha sido acompañado de una reestructuración institucional del fuero. Tampoco han sido elaborados directrices ni protocolos que adecuen los procedimientos y prácticas judiciales a los estándares internacionales y nacionales en materia de violencia contra las mujeres. En este sentido, el OVG promueve la creación de áreas especializadas en violencia contra las mujeres tanto en la Suprema Corte como en el Ministerio Público.
La falta de acceso al patrocinio jurídico gratuito es una de las mayores dificultades que encuentran las mujeres que tramitan sus causas judiciales. Más del 75 % de las causas que se inician por lesiones y amenazas en contextos de violencia son archivadas por la justicia provincial. Para este OVG es necesario crear de un Cuerpo de Abogadxs dependientes del Ministerio Público para representar judicialmente y en forma gratuita a las mujeres víctimas de violencia y a los familiares de aquellas mujeres que han sido asesinadas en contextos de violencia de género.
Por otro parte, el Observatorio señala las dificultades que aún persisten en la definición del estado provincial de un sistema de registros unificados entre el poder judicial y el poder ejecutivo, tanto para la tramitación de las causas como para el efectivo cumplimento de las medidas de protección y el acceso a políticas de atención integral. Muestra de ello es la gran cantidad de femicidios ocurridos en la provincia aún con una medida de protección dictada por la justicia e intervenciones de otros organismos estatales previamente.
Respecto a los femicidios, el OVG señala la disparidad de criterios que se utilizan para producir información oficial y la resistencia de los operadores judiciales de caratular de esta manera los asesinatos de mujeres en contexto de violencia de género.
Por último, queremos destacar el aumento de mujeres pobres y migrantes encarceladas a partir de una política criminal abocada a la persecución del narcomenudeo en la provincia de Bs. As y los efectos que esto produce en sus hijos: “La mayoría de las mujeres presas son madres y jefas de hogar, su encarcelamiento y la ausencia de políticas sociales afectan principalmente a sus hijos, promoviendo procesos de institucionalización o adopción”, señala el Informe presentado por el OVG frente a Relatora de Naciones Unidas en Violencia contra las mujeres.
