Pablo Cardozo, abogado del padre de una de las niñas supuestamente abusada, que generara el repudio de la opinión pública ante un polémico informe del Cuerpo de Investigadores Fiscales, destacó que se encuentra vigente la Acordada 9827 que es la que indica que tratándose de menores y más en los casos de abuso o de maltrato tiene que hacerse en la Cámara Gesell no solamente para la víctima sino para cualquier testigo menor de edad, con lo cual el informe «debería ser nulo y anulado así de oficio por el mismo Juzgado».
El abogado relató que hay mucha reserva, incluso para quienes son parte en el caracter de víctima, restringiéndose el acceso al expediente.
El letrado confirmó además que no había una psicóloga. «Ninguno de los tres firmantes son psicólogos. De hecho no tienen ninguna cualificación técnica. La doctora Buabse es abogada y los otros dos son investigadores», aseguró.
Cardozo manifestó que al momento de ser entrevistadas sin la presencia de especialistas, tampoco se permitió el ingreso del padre de una de las niñas.
El abogado contó que el informe «favorece y exculpa al presunto abusador porque provee al juez de elementos de convicción para que termine decidiendo y a través de esa frase desafortunada y ambivalente se puede llegar a exculpar a una persona».
«La primera parte del informe está compuesta de las entrevistas a las víctimas y otros testigos y al final el CIF emite una suerte de opinión», comentó.
Cardozo consideró que el CIF se tendría que haber limitado a hacer constar las diligencias probatorias además de llevarlas adelante en una Cámara Gesell.
También manifestó que en estos momentos, el Juzgado da por precluída o cerrada la posibilidad de que las partes accedan a hacer valer su derecho sin defecto de que sean informadas.
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