Por crímenes de guerra

EL FISCAL DE LA CORTE PENAL INTERNACIONAL PIDE EMITIR UNA ORDEN DE ARRESTO CONTRA NETANYAHU POR CRÍMENES DE GUERRA

También reclama aplicar la misma medida sobre su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios líderes de Hamás.

Imagen : Axios

El Tribunal Penal Internacional (TPI) ha pedido este lunes la emisión de órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su ministro de Defensa, Yoav Gallant, y varios altos cargos de Hamás por crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques del 7 de octubre y la posterior ofensiva militar en Gaza.

Asimismo, ha detallado que las órdenes de arresto afectan igualmente al jefe de Hamás en Gaza, Yahya Sinwar; el jefe del ala militar del grupo, Mohamed Diab al Masri, conocido como Abú Deif; y el jefe del brazo político de la formación, Ismail Haniye, por «responsabilidad penal por crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos en Israel y el Estado de Palestina».

El fiscal jefe del TPI, Karim Khan, ha afirmado en un comunicado que las órdenes de arresto contra Netanyahu y Gallant derivan de los «motivos razonables» para creer que «tienen responsabilidad penal» en crímenes de guerra y contra la humanidad «cometidos en el territorio del Estado de Palestina, en la Franja de Gaza, al menos desde el 8 de octubre». Además, entre las cuestiones de las que responsabiliza a los funcionarios israelíes está el uso del hambre como «método de guerra» contra los civiles y el «asesinato intencionado».

«Mi Oficina sostiene que las pruebas que hemos recopilado, incluidas entrevistas con sobrevivientes y testigos, material de video, foto y audio autenticado, imágenes satelitales y declaraciones del grupo de presuntos perpetradores, muestran que Israel ha privado intencional y sistemáticamente a la población civil en todas las partes de Gaza de objetos indispensables para la supervivencia humana», argumenta Khan.

El fiscal subraya que las solicitudes presentadas a los jueces son «resultado de una investigación independiente e imparcial» de su oficina. «Guiados por nuestra obligación de investigar pruebas incriminatorias y exculpatorias por igual, mi Oficina ha trabajado meticulosamente para separar afirmaciones de hechos y presentar sobrias conclusiones basadas en pruebas a la Sala de Cuestiones Preliminares», ha explicado.

El Gobierno aprobó una contribución voluntaria la Corte Penal Internacional para financiar este tipo de investigaciones

De hecho, el Gobierno aprobó a finales del mes de enero en el Consejo de Ministros una contribución voluntaria de 500.000 euros al Fondo Fiduciario de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) con vistas a apoyar las investigaciones sobre violaciones masivas de derechos humanos entre las que se incluye la presente.