El derecho al aborto no será una deuda más de la democracia

Consultada sobre la posibilidad de tratamiento del proyecto impulsado por la Campaña Nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, la referente en Argentina de Católicas por el Derecho a Decidir, Marta Alanís, expresó que si bien no se conoce la fecha exacta de tratamiento en el Congreso, la voluntad de l@s cientos de ciudadan@s que trabajan por hacer extensibles los derechos de las mujeres, no permitirán que la despenalización y legalización del aborto se mantenga como una deuda más de la democracia en este año electoral.

Alanís se mostró optimista a que durante 2011 se produzca la discusión parlamentaria, ya que según ella misma recuerda, el 30 de noviembre de 2010 cuando se hizo la primera audiencia pública para abordar este tema en el Congreso, «el Dr. Juan Carlos Vega se comprometió como presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados a impulsar este debate».

«Con las complicaciones propias del ambiente legislativo en un año electoral, puede que no sea el primer tema a tratar, pero nuestro compromiso es mantener viva la campaña en ambas Cámaras, con acciones permanentes para que no se olviden del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo firmado por 50 diputad@s y elaborado en ese mismo marco», destacó.

«Pienso que las condiciones están dadas, tanto antes como después de las elecciones porque hay un gran interés de los diputad@s en estar informad@s y nuestra sorpresa es que much@s están de acuerdo», afirmó.

La máxima representante de Católicas manifestó, que las acciones se van a llevar adelante durante todo el año con audiencias públicas para abordar este tema y que la próxima actividad contará con la presencia de l@s referentes de los Consejos universitarios nacionales que adhirieron al proyecto de la Campaña.

Destacó además, que hay legisladoras/es que antes veían las violaciones de derechos humanos ligadas sólo a las dictaduras, mientras hoy, se dan cuenta que hay que incluir los derechos de las humanas, y por eso se ha sumado el apoyo de much@s de ell@s y de distintos organismos.

El acceso al aborto como una cuestión de justicia social

Alanís explicó, que el acceso al aborto legal, seguro y gratuito es una cuestión de justicia social, en cuanto, tod@s sabemos que las mujeres de clase media baja para arriba, tienen la posibilidad de un aborto seguro, aún cuando sea clandestino, mientras que las que no tienen recursos, «las más pobres, las más vulnerables, las que no accedieron a la instrucción formal, las que no cuentan con la cobertura del sistema de salud adecuadamente son las que corren los riesgos».

En este sentido, la integrante de la Campaña, destacó que de las 100 muertes que se registran desde hace 20 años por consecuencias del aborto, estas vidas corresponden «a mujeres pobres que no llegaron a tiempo al hospital, que recurrieron a métodos caseros o servicios muy precarios, que tuvieron complicaciones y que dudaron ante síntomas evidentes de recurrir al hospital público por el temor de ser judicializadas».

Alanís explicó, que este miedo a la judicialización y la penalización, es la que lleva a que las mujeres no lleguen a tiempo al hospital, señalando que esto «no debería ser así», porque ante un embarazo no deseado e inesperado, «deberían poder recurrir al hospital sabiendo que las van atender adecuadamente».

Judicialización de los abortos no punibles

Sobre los casos que aún siendo contemplados en el Código Penal como abortos no punibles, son judicializados, Alanís recordó que hay cinco médicos imputados del Hospital Iturraspe de Santa Fe, a causa de la muerte de Ana María Acevedo, «una joven que ya tenía tres hijos y que ante un cáncer de mandíbula, no fue tratada correctamente por salvar al feto», ya que quedó embarazada casi al mismo tiempo de conocer su cuadro.

Alanís citó, que Ana María Acevedo murió y también murió su hijo, a pesar de que le hicieron una cesárea pre-mortem, remarcando que los cinco médicos imputados no cumplieron con la ley que ampara a la mujer, cuya salud está en riesgo.

En este mismo sentido, refirió que en casos de violación, como en los casos de peligro para la vida de la mujer gestante, la legislación es clara y que incluso existe un protocolo que si bien «no cubre todas las demandas e incluso no abarca todas las decisiones de la mujer cuando no tiene una causal determinada», se hace mucho más amplia, si la entendemos conforme ha sido planteada por la Organización Mundial de la Salud, que entiende que la salud implica no solamente el aspecto físico, sino también el psíquico y el social.

Remarcó también, que hay jurisprudencia adonde esta mirada amplia podría aplicarse y que así existen además antecedentes restrictivos, y que es esa la razón por la cual las organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres reclaman que el Estado «regule la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación, porque en los países en los que la ley conmtempla esto, las muertes maternas han disminuído, junto a la implementación de políticas de educación sexual para decidir y anticonceptivos para que las mujeres no lleguen al aborto».

Subrayó también, que en los casos contemplados por la ley que aún hoy se niegan, «hay responsabilidades individuales», sin dejar de recordar que paralelamente a esto se desarrolla una política para atender los abortos no punibles por parte del Ministerio de Salud de la Nación para que la práctica se garantice, lo que ha dado como resultado que menos casos se expongan públicamente en los últimos tiempos.

Para finalizar, Alanís mencionó que todavía «falta mucho, pero aún cuando logremos una ley por la despenalización y legalización del aborto vamos a tener que seguir trabajando incansablemente, porque siempre los derechos de las mujeres son algo que puede revertirse, por lo tanto tenemos que estar siempre atentas, difundiendo, trabajando y haciendo conciencia, en esto que es un proceso muy largo, tan largo como la construcción del patriarcado y hay que deconstruirlo y en eso estamos».

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