El caso de Belén será tratado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputadxs

En el marco del pedido de justicia y libertad por Belén, la joven tucumana condenada por homicidio luego de sufrir un aborto espontáneo, la diputada nacional Victoria Donda, anticipó que el caso de Belén será presentado al relator de la ONU, Juan Méndez, el 18 de mayo.

La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la Nación recibirá al relator de Naciones Unidas este miércoles 18 de mayo, de 15 a 17 horas, en la Sala 2, segundo piso, Anexo Cámara de Diputados. Así lo anunció Victoria Donda, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Donda recordó que el relator Juan Méndez “hace muy poco ha emitido varias opiniones acerca de que el poder recurrir a una interrupción voluntaria de un embarazo es ni más ni menos que garantizar un derecho humano de las mujeres y que los países que no tienen estos mecanismos están violando los derechos humanos”.

También estará presente Fernanda Doz Costa, investigadora de Amnistía Internacional quien presentará el Informe regional que reúne casos paradigmáticos sobre la manera en que los Estados, a través de sus políticas y prácticas, son generadores de violencia contra las mujeres y las niñas. Y Soledad Deza, por su parte, relatará la manera en que se inscribe el caso de Belén dentro de esta problemática en la que el Estado reproduce conductas de maltrato y humillación en entornos institucionales. “Entre todos vamos a evaluar la posibilidad de llevar a esta provincia a responder a instancias de cortes internacionales por las violaciones cometidas en este caso” sostuvo.

Cabe recordar que el pasado viernes 6, la diputada nacional Victoria Donda llegó a Tucumán para expresarse en contra del fallo de la justicia que condenó a Belén, la joven tucumana condenada por homicidio luego de sufrir un aborto espontáneo.

En el salón Maximiliano del Hotel Carlos V, la legisladora brindó una conferencia de prensa junto a la abogada que representa a Belén, Soledad Deza, el diputado tucumano por Libres del Sur, Federico Masso, y Raquel Vivanco, coordinadora nacional de Mumalá.

Donda se mostró indignada ante la condena de 8 años de prisión que deberá cumplir Belén. “(Belén) está privada de su libertad, está secuestrada por el Estado por algo que no pudo probar, como una forma de mostrarle a las mujeres que tenemos que agachar la cabeza y en todo caso, morimos en silencio si somos pobres”, señaló, y agregó: “Acá parece que los derechos son mercancías que se compran y se venden”.

Por otro lado, cuestionó el accionar de los profesionales médicos que atendieron a Belén en el Hospital Avellaneda en marzo de 2014, cuando llegó con dolores de estómago y salió presa 5 días después, luego de sufrir un aborto espontáneo. “Hay que denunciar a quiénes han sido los profesionales, las enfermeras, los médicos y las fuerzas de seguridad que intervinieron en este caso” sostuvo, y aclaró que acompañará las acciones judiciales que la abogada de Belén, Soledad Deza, decida emprender.

Por otra parte, Masso manifestó que en Tucumán, el caso de Belén no es el único de estas características. “Creemos que hay muchas Belén que vienen padeciendo estos fallos de la justicia por ser pobres, vulnerables, por no tener recursos para pagar un abogado”.

Masso recordó su tiempo como funcionario en la provincia entre 2005 y 2009, y contó que en ese tiempo “había toda una preocupación con los fetos, porque para tapar los verdaderos índices de mortalidad infantil se les hacía un tratamiento especial, parece que se han olvidado de eso los profesionales del hospital Avellaneda por lo que vemos en la causa”. Además, añadió: “Que Tucumán no esté adherido a la Ley de Salud Sexual y Procreación Responsable es una verdadera vergüenza. Debemos desenmascarar lo que ocurre en la salud pública, porque lo que nos importa es la vida de muchísimas mujeres que por su condición de vulnerabilidad social hoy están expuestas a perder su vida porque el Estado mira hacia otro lado”.

Pedido de juicio político

En este sentido, anunció que presentará un pedido de juicio político contra Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas, los jueces que condenaron a Belén. “Esperemos que de los 48 legisladores, aparezcan los que en campaña se llenan la boca de derechos humanos y de derechos de la mujer. Queremos ver cuantos nos acompañan en este pedido de juicio político, porque yo dudo que lo hagan”.

A su vez, Raquel Vivanco, Coordinadora Nacional de Mumalá y representante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, que nuclea a más de 300 organizaciones en la Argentina, acompañó las palabras de Soledad, convencida de la injusticia que se comete con Belén, quien por ser mujer y pobre hoy esta privada de su libertad. “No hay pruebas suficientes para que ella esté presa hoy, incluso lo está desde hace 2 años, aun sin tener condena y sentencia firme”, expresó.

La vara con la que castigaron a Belén el día que llegó al Hospital Avellaneda es la misma que la condenó a 8 años de prisión. La violencia institucional la empuña, y con ella, trata de aleccionar a las mujeres, y más aún si son pobres. Como explica Vivanco: “Entendemos que lo que hubo fue una reiterada violación de sus derechos humanos y es un caso clave de violencia institucional compartido por distintas instituciones estatales: a nivel de los servicios de salud, que deben velar por la confidencialidad médico paciente que no se respetó y donde se inicia esta cadena de violaciones; luego la judicialización de este caso, pasando por una serie de torturas y vejámenes que ella sufre estando en esta situación tan terrible mientras se encontraba internada, y luego con una condena que lo que hace es reafirmar que en nuestro país, las mujeres seguimos siendo ciudadanas de segunda en relación a que no se respetan nuestros derechos humanos”.

Imagen : aparensa