Desde el martes 5 y hasta el 15 de octubre en la ciudad de Salta, sin que se siente al sistema íntegro en el banquillo de los acusados, se lleva adelante el juicio por el asesinato de Julieta Mónica Arias. La primera audiencia, después de más de dos años de ocurridos los hechos, abrió con el reconocimiento de la autoría material de Ariel Sixto Delgado del asesinato de su esposa.
El juicio que se lleva adelante ante la Cámara II del Crimen, que preside Angel Longarte y cuyos vocales son Bernardo Ruiz y Carlos Pucheta, tuvo la confesión en la primera jornada de Ariel Sixto Delgado, ex esposo de la joven, quien reconoció haberla matado, al tiempo que expresó no recordar con exactitud lo acontecido, aduciendo haber sufrido una especie de laguna mental.
Delgado expresó ante el Tribunal, que el 30 de julio de 2008, Arias y él estuvieron en la casa de barrio Siglo XXI, adonde antes había habitado la pareja. Según su relato, allí se produjo una discusión, que después derivó en un forcejeo. A partir de eso, mencionó encontrar el cuerpo frío de su ex esposa a su lado y enterrarla en el fondo de esa misma propiedad por temor a perder a sus hijas.
También debe citarse, que la autopsia posterior al hallazgo del cuerpo, en septiembre de 2008, determinó que la mujer fue asfixiada por ahorcamiento.
Debe señalarse, que sobre Delgado pesa la acusación de homicidio agravado por el vínculo y retención indebida (artículos 80 y 173 del Código Penal).
Asimismo, debe decirse, que en el patio de la vivienda, adonde finalmente el cuerpo fue encontrado después de dos inspecciones realizadas en tiempos diferentes, Delgado había enterrado dos perros, que explicó habían muerto tiempo atrás, intentando despejar cualquier premeditación al respecto para justificar la remoción de la tierra o el probable olor de descomposición del cadáver.
El sistema no se juzga
Pese a que el autor material del asesinato de Arias, fue identificado y privado de su libertad desde el hallazgo de su cuerpo, y que probablemente y más allá de las estrategias defensivas, reciba una condena severa, existe un abanico de complicidades que no recaerán en éste, ni en otros juzgados.
Para entender esto, debemos recordar que los mecanismos judiciales fueron insuficientes para preservar la vida de Julieta Mónica Arias, y también para hallar su cadáver.
La joven de 32 años, que fue ahorcada por su marido y enterrada en el patio de la casa en la que convivieron hasta abril de 2008 meses antes de su asesinato, había denunciado en reiteradas ocasiones, desde 2003, maltrato físico y verbal.
Se conoció más adelante, que desde 2007, las denuncias radicadas en la Comisaría Décima de la capital salteña fueron cruzadas, es decir que tanto Julieta como su homicida manifestaron haber sido agredidos por el otro.
Con la exclusión del hogar de Ariel Delgado, pero sin que la violencia cesara, Arias abandonó el hogar meses antes de su asesinato, dejando a las niñas al cuidado de su padre.
Pero la desprotección de Arias por el sistema, se habría mantenido aún después de su muerte, según lo expresó Berta Bautista, madre de la joven en numerosos medios de comunicación, señalando que desde el 3 de agosto de 2008, la policía no había mostrado verdadera voluntad por encontrar a la joven. Prueba de ello, es que en una ocasión, antes del hallazgo, personal policial de la Comisaría Décima, ingresó al patio de la vivienda en cuestión, sin percatarse de que allí había una serie de indicios que hacían suponer que podía hallarse el cadáver de Arias.
Bautista contó además, que el expediente sobre la desaparición de su hija que fue denunciada por su ex esposo Francisco Arias, progenitor de la víctima, y más tarde por ella, reposaba en la Ciudad Judicial, cuando solicitaron a la Brigada de Investigaciones que efectúe la búsqueda.
Después de treinta y tres días desde su desaparición, el cuerpo de la mujer fue encontrado en el mismo lugar ya revisado, por personal de la Brigada de Investigaciones.
Visto así, es inevitable preguntarse: ¿hasta dónde el sistema es cómplice de cada feminicidio? y ¿por qué no se lo juzga? .
Como en el crimen de Roxana Alderete, el Estado, siempre ausente, en verdaderas políticas de contención de las víctimas y criminalización de la violencia sexista, vuelve a evadir el banquillo de los acusados.