La Otra Voz Digital Directora Marta César
Según el estudio «El costo de la Coacción» que retoma parte de los datos obtenidos del último «Informe global sobre trabajo forzoso», desarrollado por la Organización Internacional del Trabajo, «el 56 por ciento de todas las personas sometidas a trabajo forzoso son mujeres
y niñas». Debe destacarse asimismo que este alto porcentaje está ligado a las enormes ganacias que el negocio de la trata de personas implica para los tratantes y prostituyentes, ya que sólo en EE.UU. este delito que esclaviza a millones de mujeres dejaba en 2005 una ganancia anual que como mínimo alcanzaba los 32.000 millones de dólares.
Según el mismo estudio además del género como condicionante, también se encuentran expuestos dada su mayor desprotección: los jóvenes, los pueblos indígenas y los trabajadores migrantes. Cabe recordar que el término trabajo forzoso se emplea en contraposición a lo que se conoce como trabajo decente. La OIT define trabajo forzoso a «como todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente». Marca la diferencia además con las situaciones de precarización laboral y de la «pura necesidad económica», para localizarlo dentro de las prácticas que atentan contra los derechos
humanos y una restricción de la libertad de la persona».
El informe refiere también que a nivel mundial existen «12,3 millones
de personas víctimas de alguna forma de trabajo
forzoso o de servidumbre». Del total mencionado, «9,8 millones son
explotadas por agentes privados, y de estas últimas
más de 2,4 millones están sometidas al trabajo forzoso
como consecuencia de la trata de personas».
Otro dato importante es que la población más afectada se encuentra en Asia con unos 9,4 millones de personas afectadas, 1,3 millones se ubica en América Latina y el Caribe, y unos 360.000 en los países industrializados.
Ya en el año 2001 se había advertido como la globalización había derivado en «la trata de migrantes vulnerables con fines de
explotación laboral».
En el 2005 a las situaciones de trabajo forzoso analizadas con anterioridad se sumaron nuevas tendencias que potenciaron esta problemática como «la mayor oferta de trabajadores migrantes y una liberalización de los mercados de trabajo que ha llegado incluso a difuminar la frontera entre la economía formal y la informal».
Estos documentos aclaran también que el trabajo forzoso se encuentra ligado a la «violencia física o restricción de la libertad o, incluso, la amenaza de muerte dirigida a la víctima o a sus familiares», mientras que el amedrentamiento psicológico y la denuncia policial, son otras herramientas de control y sometimiento.
El informe, titulado «El Costo de la Coacción» describe también «el creciente número de prácticas inescrupulosas, fraudulentas y criminales que pueden llevar a las personas a situaciones de trabajo forzoso, y hace un llamado para aumentar los esfuerzos para erradicar estas prácticas», calculando «que el ?costo de oportunidad? de la coacción para los trabajadores afectados por estas prácticas abusivas, en términos de pérdida de ganancias, supera en la actualidad los U$S 20.000 millones al año».
Dentro del aporte desarrollado por los sindicatos argentinos a esta investigación se encuentra la apremiante realidad que desnuda «casos de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual». El informe argentino destaca además que esto afecta a hombres bolivianos, junto con sus familias, «para explotarlos como trabajadores en fábricas de ropa en muchas provincias de la Argentina. Los mecanismos de coacción utilizados han sido, entre otros, la incautación de los documentos de identidad y el encierro de los trabajadores».
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